Pliego petitorio de las organizaciones de la sociedad civil hondureñas e internacionales
Martes 30 de agosto del 2022.- En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras a realizarse entre el 30 de agosto al 2 de septiembre del 2022, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos esta comunicación, reconocemos la voluntad de la Comisión de conocer de primera mano la situación de los derechos humanos en el país y procurar el seguimiento a las recomendaciones estructurales que han realizado al Estado hondureño.
Honduras vive un momento histórico de lucha y transformación política y social. La deuda pendiente en materia de derechos humanos es amplia y desde las organizaciones de la sociedad civil reafirmamos el compromiso en aportar a la consolidación de un Estado democrático y de derecho que atienda un mejoramiento estructural de las condiciones en las que se ejercen los derechos humanos en el país.
En ese sentido, en el marco de la visita, solicitamos a la Comisión Interamericana inste al Estado hondureño a:
Primero: Adoptar las medidas tendientes a garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de la actividad y debida diligencia de las empresas en territorio hondureño; asegurando la participación de las comunidades afectadas, el consentimiento y la consulta previa, libre e informada, el acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso de análisis y otorgamiento de concesiones, así como durante el desarrollo de proyectos.
Segundo: Cumplir con lo ordenado en sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), particularmente aquellas que solicitan la restitución de los derechos a la tierra y el territorio de comunidades sometidas a violencia y despojo por parte de empresas y otros particulares, como lo son Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
Tercero: Asegurar medidas contundentes para la defensa de los derechos humanos a través de la pronta adhesión, ratificación y aseguramiento de recursos para la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo Escazú) para asegurar el derecho al acceso a la información pública, la protección de las personas defensoras y la justicia medio-ambiental.
Cuarto: Adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, o el perfeccionamiento de las existentes, así como el apego al estándar internacional en materia de derechos humanos que garanticen la libre realización de las actividades de las personas defensoras, comunidades indígenas y garífunas, periodistas independientes, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Quinto: Diseñar e implementar un sistema de protección integral, que incluya el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección para personas defensoras, quienes ejercen el periodismo independiente, comunidades indígenas y garífunas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Esta protección debe ser integral, con enfoque de género e interseccional para responder a las realidades y necesidades de las personas y colectividades en defensa de los derechos humanos.
Sexto: Avanzar en la creación, aprobación e implementación del Protocolo Escaleras, así expuesto en la sentencia de la CoIDH en el Caso Escaleras Mejía y otros vs Honduras, para poner fin a la impunidad histórica que ha existido en los delitos contra personas defensoras de derechos humanos y garantizar la investigación inmediata, seria y eficaz de ataques que pongan o hayan puesto en peligro la vida o la integridad por motivos de su trabajo.
Séptimo: Solicitar la revisión y derogación del marco normativo vigente que atenta y restringe la libertad de expresión, asociación y el ejercicio de la protesta social, en especial las figuras de los denominados delitos contra el honor o la usurpación y las reformas contempladas en el Decreto 93/21 utilizadas para criminalizar personas defensoras de derechos humanos, así como para la persecución de periodistas y comunicadores sociales.
Octavo: Solicitar al Estado hondureño el debido respeto y garantía de la labor de las personas defensoras, periodistas, comunicadores y quienes se manifiesta o protestan restringiendo y previniendo el uso indebido de las tecnologías de vigilancia, tales como la censura, ciberpatrullaje, interceptación de las comunicaciones, retención de datos/metadatos, televigilancia, reconocimiento facial, grabación de sonido e imágenes, geolocalización contra activistas, disidentes y personas defensoras de derechos humanos, con el fin de censurar sus acciones.
Noveno: Avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y en la adecuación de la normativa interna acorde a los estándares interamericanos de derechos humanos para superar cualquier obstáculo en el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas militares.
Décimo: Garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y personas menores de edad en conflicto con la ley, asegurando condiciones dignas al interior de las cárceles en Honduras, favoreciendo el proceso de rehabilitación y reinserción social, así como el cumplimiento de las salvaguardas y una correcta investigación de las muertes en custodia suscitadas en los últimos años dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional y en el Centro de Internamiento Renaciendo.
Undécimo: Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándose a los estándares internacionales, a fin de prevenir situaciones críticas, reducir la sobrepoblación y el hacinamiento.
Duodécimo: Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el proceso de la denuncia, investigación y judicialización de casos de forma efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos. Igualmente, es imperativo asegurar la captura, enjuiciamiento y sanción de los autores intelectuales de crímenes como el de Berta Cáceres y todas las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en Honduras.
Decimotercero: Fortalecer los mecanismos del sistema de justicia para que adopten protocolos especiales de investigación y administración de justicia con enfoque diferenciado para los casos de violencia y discriminación penal en perjuicio de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexual, intersexual y queer+ (género fluido, no binaries, disidentes sexuales).
Decimocuarto: Asegurar una política integral para la prevención, investigación, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, en respuesta a la endémica situación de emergencia que se vive en el país; esta política debe incluir mecanismos específicos de alerta y actuación ante casos de femicidios.
Decimoquinto: Adoptar medidas tendientes a asegurar el acceso a derechos sexuales y
reproductivos de la población hondureña. En particular, es fundamental que se adopten
medidas tendientes a despenalizar el aborto en los términos dispuestos en la guía publicada
por la OMS en 2022. Por lo tanto, el Estado debe revertir las modificaciones constitucionales que están dirigidas a imposibilitar el acceso a este servicio de salud. En sentido similar, el Estado hondureño debe adoptar medidas para derogar las regulaciones administrativas que impiden el acceso a la anticoncepción oral de emergencia, especialmente a víctimas de violencia sexual.
Decimosexto: Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de las personas migrantes retornadas, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad, discapacidad y/o con necesidades particulares de protección.
Decimoséptimo: Implementar medidas para la búsqueda e identificación de personas migrantes desaparecidas, así como procesos de repatriación accesibles, transparentes y en comunicación con las familias.
Decimoctavo: Avanzar en la aprobación y promulgación de la Ley a Personas Desplazadas
por la violencia, y su presupuesto, que desde el año 2019 fue presentada al Congreso
Nacional de la República.
Decimonoveno: Asegurar un proceso de elección de Cortes acorde con los estándares
interamericanos de transparencia y objetividad, ya que constituye un supuesto esencial para
garantizar la independencia de operadoras y operadores de justicia en Honduras.
Veinteavo: Avanzar en su proceso de institucionalidad democrática, garantizando una
auténtica separación de poderes y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Finalmente, reconocemos la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
la promoción de los derechos humanos en la región y en procurar el diálogo plural y cercano
con las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento permanente a la situación
de los derechos humanos en el país.
Honduras tiene una deuda pendiente en los territorios, las comunidades y el pueblo
hondureño en su conjunto. Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos
nacionales e internacionales que suscribimos este documento, apostamos por la
consolidación de un Estado de Derecho que responda diligentemente a los desafíos que
enfrenta el pueblo hondureño con el objetivo de que avance firmemente hacia la justicia socio
ambiental para todas las personas.
Organizaciones firmantes
- Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH)
- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
- Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
- Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG)
- Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI PARTICIPA)
- Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas /Afectadas por el VIH-SIDA
en Honduras (APUVIMEH) - Asociación por el desarrollo de la península de zacate grande (ADEPZA)
- Bufete Justicia para los Pueblos (BJP)
- Caritas de Honduras. Diócesis de San Pedro Sula
- Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
- Centro de Derechos Reproductivos (CRR)
- Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES)
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
- Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
- Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH
- Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT) - Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Coalición Ambientalista de Copán (CAC)
- Coalición Contra la Impunidad (CCI)
- Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
- Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
- Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes
y sus Derechos (COIPRODEN) - Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
- Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH)
- Diakonia en Honduras
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
- Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)
- Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria y Otros (FESTAGRO)
- FÍAN. Internacional, Honduras
- Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe FAU-AL
- Fundación Para la Justicia y El Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras)
- Mis Gestos Dejan Huellas
- Movimiento «Laudato Si”, Capítulo Honduras
- Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS,
- Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA)
- Movimiento de Mujeres por la paz Visitación Padilla
- Movimiento indígena Lenca de la Paz Honduras (MILPAH)
- Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán
- Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI)
- Protection International Mesoamérica
- Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos
- Red de Jóvenes Mis Gestos dejan Huellas
- Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Siguatepeque,
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
- Sustenta Honduras
- Tribu Tolupán Las Vegas de Tepemechín