• Organizaciones de la sociedad civil mexicana mostramos evidencias y fuertes indicios de que la falta de nombramientos son parte de un debilitamiento del INAI y otros organismos autónomos.
• Integrantes de esta Comisión Interamericana expresaron que es necesario que se hagan los nombramientos faltantes y se garantice que pueda operar con absoluta independencia y autonomía.
• Además, ofrecieron acompañamiento al Senado para estas designaciones y la elaboración de un Informe temático sobre la situación del derecho a la información en la región.

9 de noviembre de 2023. En el marco del 188° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Washington D.C., el día de hoy un conjunto de 15^[1] organizaciones de la sociedad civil presentamos evidencia sobre las consecuencias del incumplimiento del Estado Mexicano -concretamente del Senado de la República- con su obligación constitucional de designar a las tres personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vacantes desde hace 588 días dos de ellas y 223 días una tercera.

En la audiencia pública titulada “Órgano garante constitucional de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”, a la que acudimos las organizaciones peticionarias, el Representante Adjunto de la OACNUDH en México, el INAI y representantes del gobierno mexicano; enfatizamos que la omisión constitucional del Senado ha tenido repercusiones directas en los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pues por casi cinco meses, a partir de que el pleno del INAI quedó incompleto (1° de abril de este año), estuvieron suspendidos más de 8,000 recursos de revisión, vulnerando  con ello los derechos de ese número de personas en lo particular y de la sociedad en general.

A pesar de que el pleno del órgano garante de transparencia está operando por una medida provisional ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las organizaciones peticionarias mostramos los fuertes indicios y resistencias  del Senado para dar cumplimiento con la orden del máximo tribunal del país de designar a las personas comisionadas faltantes a más tardar el 15 de diciembre de este año.

En este sentido, las organizaciones solicitamos a la CIDH lo siguiente: 1) Que emita un pronunciamiento público sobre la situación planteada, principalmente sobre la omisión deliberada por parte del Estado mexicano; 2) Que inste al Estado mexicano a cesar los ataques y actos orientados al debilitamiento contra los órganos autónomos; 3) Que realice un informe temático sobre estándares interamericanos tendientes a fortalecer los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; 4) Que lleve a cabo acciones de monitoreo y emita un pronunciamiento sobre la situación de los órganos autónomos garantes del derecho a la información así como de  la situación actual de este derecho en la región.

La representación del gobierno se limitó a decir que el INAI estaba funcionando ya con 4 personas comisionadas, que la decisión del Senado es política y que se cumplirá con el plazo determinado por la SCJN para designar. Sin embargo, no presentó evidencia de que se están tomando todas las medidas pertinentes y adecuadas para tal cumplimiento. Por el contrario, las organizaciones expusimos, mediante un video, la serie de declaraciones del gobierno y la mayoría parlamentaria que denotan la intención de socavar el funcionamiento del órgano garante.

Esta audiencia inédita representa un precedente fundamental en términos de las omisiones reiteradas y persistentes que se registran en el país en materia de designaciones de altas responsabilidades públicas, lo cual fue coincidente con la posición del Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, y de Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada Presidenta y relatora para México, quienes expresaron que es necesario que se hagan los nombramientos y se garanticen las condiciones para que esta institución pueda operar con absoluta independencia y autonomía.

Por su parte, Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, resaltó que durante los últimos dos años, ha habido aplazamientos y obstáculos, que, una institucionalidad tan sofisticada y sólida como la mexicana, no debería de estar atravesando; también que una cosa es que la decisión para designar sea en sí compleja y otra que se esté aplazando deliberadamente. 

En este marco, el propio Relator solicitó al Estado mexicano la oportunidad de que la CIDH brinde un acompañamiento técnico puntual al Senado mexicano para garantizar que las designaciones faltantes sean realizadas antes del 15 de diciembre. A dicha petición, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, no dio respuesta alguna. Por su parte, las organizaciones peticionarias también expresaron la necesidad de que la CIDH emita un informe temático sobre la situación del derecho a la información en la región

Las organizaciones peticionarias de esta audiencia buscamos que con el resolutivo de la CIDH se revierta la tendencia del Estado mexicano de debilitamiento institucional y en su lugar se fortalezca la  operatividad de los órganos autónomos, cuya tarea es primordial para la protección de los derechos humanos de todas y todos. Los derechos humanos no pueden estar a merced de la voluntad de los gobiernos en turno, sino que deben garantizarse por todas las autoridades del Estado. Reiteramos nuevamente el llamado al Senado a cumplir con sus obligaciones de designar. 

#LoQueDejamosDeSaber

#SinCuotasNiCuates

Organizaciones peticionarias de la audiencia temática:

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^[1] Organizaciones peticionarias: Data Cívica; Elementa DDHH; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Iniciativa Sinaloa A.C.; Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (integrado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Causa Natura A.C., EQUIS Justicia para las Mujeres, GESOC, Agencia para el desarrollo A.C., México Evalúa, Observatorio Ciudadano de seguridad, justicia y legalidad A.C., ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, SocialTic A.C. y Transparencia Mexicana); y el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP).

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