Foto: El universal Oaxaca

Ciudad de México 18 de febrero de 2025.- El 13 de febrero 2025, un grupo armado emboscó y balaceó a una camioneta a la altura de Río del Sol, Santo Domingo, Petapa, Oaxaca, en la cuál viajaron Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y habitantes de la comunidad ayuujk El Platanillo, Santo Domingo Petepa. Los tres campesinos fueron asesinados en este ataque. Las comunidades de la región, la UCIZONI y otras organizaciones han pedido medidas inmediatas ante el clima de violencia a las instancias de gobierno, sin obtener respuestas. La comunidad de El Platanillo sigue bajo grave amenaza y requiere medidas de protección.

Estas recientes agresiones, se suma a un panorama preocupante e inaceptable de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio en la región. Las agresiones ya habían sido denunciadas por la Misión Civil de Observación, que llevamos a cabo del 25 al 27 de julio 2023, y en donde 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y 11 representantes de prensa visitamos a personas y comunidades defensoras del territorio afectadas por el megaproyecto Corredor Interoceánico de la zona norte en Mogoñé Viejo, de Santa María Mixtequilla, de Santa Cruz Tagolaba y de Puente Madera, Oaxaca.

En su informe^[1], las organizaciones destacaron que las personas, colectivos y comunidades indígenas que defienden la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas y que se oponen al proyecto en su conjunto o que han planteado cuestionamientos específicos sobre el Corredor Interoceánico, han reportado un contexto de agresiones continuas debido a su legítima labor en los últimos tres años. Entre mayo de 2021 a mayo 2024, organizaciones han registrado al menos 72 ataques con, al menos, 226 agresiones, entre ellas hostigamiento, agresiones físicas, probables desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados, detenciones arbitrarias, criminalización y homicidios. Entre quienes cometieron estás agresiones destacan el Estado mexicano, empresas o personas que tienen intereses en la construcción del megaproyecto.

Actualmente, siguen vigentes tres carpetas de investigación con denuncias penales en contra de 24 personas indígenas que han llevado una resistencia pacífica frente a la imposición del Corredor Interoceánico, de los cuales varios son integrantes de la UCIZONI. Resulta alarmante la criminalización con el abuso del poder punitivo del Estado mexicano a través de la apertura de diversas carpetas de investigación; en el periodo señalado han sido en contra de un total de 55 personas defensoras del territorio en la región del Ismto, de los cuales algunas ya fueron judicializadas. A pesar de que las comunidades y organizaciones han buscado el diálogo con las autoridades estatales, no han sido atendidos.

Las organizaciones nacionales e internacionales expresamos nuestra fuerte preocupación ante la violencia sistemática contra las comunidades del Istmo y, específicamente, a las personas defensoras de derechos humanos que forman parte de UCIZONI; también recordamos el deber del Estado mexicano de protección reforzada a comunidades y personas defensoras de derechos humanos y colectivos para prevenir dichas agresiones. El contexto de violencia prevaleciente en la región del Istmo de Tehuantepec vulnera los derechos de las personas a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio.

En vista de la gravedad de las agresiones, las organizaciones nacionales e internacionales que conformaron la Misión de Observación hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para:

• Implementar medidas de protección urgentes de forma inmediata para resguardar la integridad de los integrantes de la UCIZONI, la comunidad de El Platanillo y otras comunidades en riesgo. Es indispensable establecer medidas cautelares para la comunidad de El Platanillo que sigue en situación de riesgo.
• Detener toda forma de amenaza, criminalización y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, así como emprender acciones necesarias y efectivas para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
• Investigar, detener y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos y todas las agresiones ejercidas en contra de personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio.
• Atender el llamado de la UCIZONI de establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y las autoridades competentes para atender las situaciones de criminalización señaladas.

Organizaciones firmantes

Territorios Diversos para la Vida A.C. (TerraVida), Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Corriente del Pueblo Sol Rojo, Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Front Line Defenders, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM), Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, ARTICLE 19 –  Oficina para México y Centroamérica, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta, Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín,  Pro Juárez, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM), Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en Mexico, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT, y Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC), Brigadas Internacionales de Paz México (PBI), Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, y Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)^[2].

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^[1] Informe Misión civil de observación en el marco de las agresiones a pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Junio 2024) disponible en: https://www.terravidamx.org/informe-misión-observación-istmo

^[2] Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.c. (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.