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Ciudad de México, 6 de mayo de 2021.- Las organizaciones y colectivos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas condenamos la falta de acciones eficaces por parte de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia, protección y reparación del daño a las víctimas, durante la represión del 9 de noviembre del 2020 en Cancún, Quintana Roo, entre quienes resultaron heridas de bala dos periodistas y 11 manifestantes presentaron lesiones.

 

9N: Abuso de las fuerzas de seguridad pública 

El 9 de noviembre (9N), la Policía Municipal de Benito Juárez, adscrita al Mando Único Policial de Quintana Roo, dispersó a balazos una manifestación en el marco de las movilizaciones #JusticiaporAlexis, frente al palacio municipal, en la que se exigía justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Martínez. Las fuerzas de seguridad pública usaron  fuerza a través de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y tratos denigrantes en contra de las personas presentes.

Las y los representantes de medios de comunicación que documentaron la protesta fueron sujetas de actos que violentaron su derecho humano a la libertad de expresión e integridad personal, con el bloqueo de información, despojo de material de trabajo, intimidación y amenazas a la integridad realizados a través de la violencia física, patrimonial y psicológica por parte de los elementos policíacos. 

Una reportera recibió un impacto de bala en la pierna, otro reportero resultó herido de bala en un brazo y otros recibieron golpes con objetos como macanas y daño a sus celulares.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), que fungió como entidad observadora en la manifestación, emitió el 30 de noviembre la Recomendación 20/2020, en la cual determinó que existieron violaciones al derecho a la reunión o libre manifestación y libre expresión; a la libertad y seguridad personal; a la integridad personal, en su modalidad de trato cruel o degradante y violación al derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a la información.

El 13 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que ejerció acción penal en contra de 11 elementos adscritos a la Policía Municipal, tanto mandos superiores como personal uniformado, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y abuso de autoridad en contra de dos periodistas y nueve manifestantes. 

El titular de la Fiscalía, Óscar Montes de Oca Rosales, expuso en su momento que tras el análisis de la evidencia se concluyó que nueve mandos de la Policía Municipal incumplieron con su deber, al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

 

Impunidad y falta de acción tras los hechos

El 28 de febrero de 2021 la juez de control vinculó a proceso a los 11 agentes de la Policía Municipal, determinando prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para 10 de ellos. Sin embargo, el pasado 29 de abril la autoridad judicial emitió un auto en el cual indicó que no ha sido posible ubicar a los elementos imputados, es decir, que se encuentran en calidad de prófugos, sin otros avances hasta la fecha.

La no localización de los policías, como probables responsables de la represión ocurrida contra periodistas y manifestantes, representa un riesgo para la integridad personal y la vida de las víctimas y testigos, además que afecta su derecho de acceso a la justicia. 

Asimismo CIMAC,  ARTICLE 19 y CPJ han documentado que al menos una de las víctimas de los hechos del 9N ha sufrido también amenazas, hostigamientos, intentos de ingreso a su domicilio, así como vigilancia y tomas de fotografías sin su consentimiento. Ante esto, la respuesta tanto de la Fiscalía del estado como del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos (Mecanismo) para proteger a las víctimas ha sido deficiente, lo que aumenta el nivel de riesgo de todas las personas, tanto manifestantes como periodistas.

Los hechos aquí descritos se dan en el marco de la impunidad ante agresiones contra la prensa en el estado. En el año 2020, ARTICLE 19 documentó al menos 60 agresiones contra la prensa, colocándola en el tercer estado con más ataques y agresiones contra periodistas y medios. Asimismo, del 2018 a la fecha ha habido al menos tres asesinatos de periodistas en la entidad en posible vínculo con la labor periodística.. Al respecto, las organizaciones reiteramos la urgencia de acción por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno. 

 

Exigencias y llamados:

En vista de lo anterior, las organizaciones abajo firmantes: 

  • Llamamos enérgicamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para cumplir  la orden de prisión preventiva dictada a los presuntos responsables. 
  • Conminamos a las autoridades municipales y estatales a dar cumplimiento cabal a la Recomendación 20/2020 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a fin de facilitar el acceso a la justicia, la reparación del daño y garantizar medidas de no repetición. 
  • Finalmente, en miras de fortalecer los  previos compromisos de las respectivas autoridades con las víctimas, exigimos la instalación de una mesa de trabajo con periodistas víctimas de los atentados del pasado 9 de noviembre, organizaciones defensoras del derecho a la libertad de expresión y colectivos de periodistas a Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo; Marco Antonio Toh Euán, titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado; Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría estatal de Seguridad Pública Estatal; Karla Patricia Rivero González, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo; Alfredo Cuéllar Labarthe, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa;a la Junta de Gobierno en pleno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Martha Delgado Peralta, titular Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Rosario Piedra Ibarra, titular Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del consejo consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. 
  • Este último con el fin de atender las obligaciones, compromisos y recomendaciones para asegurar que las víctimas de estos actos de violencia tengan un acceso adecuado a servicios integrales de apoyo y protección; asegurar que se lleven a cabo las investigaciones de manera diligente, de manera imparcial y efectiva orientadas a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de actos de violencia, focalizando las relacionadas contra mujeres periodistas y atentados en el ejercicio de su labor.

 

Firman: 

Red de Periodistas de Quintana Roo

ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer A.C.

Red Nacional de Periodistas

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)

Red Rompe el Miedo

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS)

 

 


Fecha de publicación en línea: 6 mayo, 2021.
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