Omisiones del Estado Mexicano para encarcelar a funcionarios públicos y criminales que compran, venden y explotan sexualmente a infancias permiten el fortalecimiento de redes de macrocriminalidad que atacan periodistas
Ciudad de México 18 de julio de 2023.- Dieciocho años después de secuestrar y torturar a la periodista Lydia Cacho, el pasado 13 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo al Ex Director de la Policía Judicial del Estado de Puebla Adolfo Karam. Esta aprehensión puede significar un paso importante hacia la rendición de cuentas y combate a la impunidad, sólo si se cumple con la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2018, que exige a las instituciones mexicanas la reparación del daño integral a Lydia Cacho; reconoce que fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano, temas que continúan sin ser atendidos en su totalidad.
Ante los hechos, Lydia Cacho, compartió en sus redes sociales un videomensaje: “hay que encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños… fui torturada por ello e intentaron eliminarme, y creyeron que desde el exilio no iba a seguir adelante. Y seguimos adelante”.
La red de macrocriminalidad investigada por Lydia Cacho, misma que opera para la trata de niñas, pornografía infantil y lavado de dinero involucra la complicidad de por lo menos diecinueve servidores públicos. Entre quienes están tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge. Lamentablemente, este último fue exonerado hace dos años pese a encabezar la red criminal que atacó a Lydia
Recordamos que en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación: “se quedaba corta frente una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”. A pesar de las trabas orquestadas por los implicados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, se logró que Jean Succar Kuri, líder de la red de pornografía infantil, recibiera 112 años de prisión.
Además, se logró que el comandante José Montaño fuera sentenciado por tortura policíaca y esté purgando una pena de siete años en prisión. Al día de hoy se han sentenciado a dos ex policías más, cuyas condenas están bajo revisión judicial de un Tribunal Colegiado de Circuito. También se encuentran sujetos a proceso el ex gobernador Mario Marín y otro policía. En unas horas más vence el plazo para determinar la sujeción a proceso de Karam Beltrán. No hay duda que los avances son resultado de la acción decidida de Lydia y las organizaciones de la sociedad civil que la acompañan.
Exigimos al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General y a los gobiernos de Puebla y Quintana Roo, actuar conforme a lo que corresponde: la reparación del daño integral conforme los más altos estándares internacionales, como garantía de no repetición y protección a periodistas.
Desde ARTICLE 19 y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, mantenemos la exigencia de #JusticiaParaLydiaCacho y para todas las víctimas de explotación sexual infantil. Es momento de poner fin a las omisiones y complicidades que siguen protegiendo a las redes de macrocriminalidad relacionadas con la explotación sexual de niñas y niños en México.
La justicia y la protección de los derechos humanos de la infancia deben ser prioritarias y por tanto no pueden ser postergadas.
Nota para prensa
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