La iniciativa presidencial que pretende eliminar al INAI y otros órganos autónomos es regresiva: Llamamos al Congreso a rechazarla
Foto: ARTICLE 19
Ciudad de México, 7 de febrero de 2024. El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo Federal presentó un paquete de 18 reformas constitucionales y dos leyes secundarias, a tan solo cuatro meses de que ocurran las elecciones presidenciales. Algunas de estas iniciativas proponen cambios preocupantes, sobre todo las de materia político-electoral, las que buscan reformar al Poder Judicial o las que proponen la desaparición de distintos órganos, pues generan importantes regresiones en la garantía de los derechos humanos de las personas y al esquema de controles y contrapesos democráticos.
Las organizaciones de la sociedad civil que nos adherimos a este comunicado estamos particularmente preocupadas por la iniciativa que plantea la eliminación de cuatro órganos constitucionales autónomos y otros tres desconcentrados y descentralizados, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), bajo el argumento de “duplicación de funciones”. Dicha iniciativa busca trasladar las funciones que hoy hace el INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a las contralorías de los otros Poderes de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El hecho de que se proponga que la SFP asuma las funciones que actualmente realiza el INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato. A la SFP le corresponde verificar el correcto funcionamiento de la administración pública y de las personas servidoras públicas a nivel federal y se restringe al ámbito del Poder Ejecutivo. En este sentido, la desaparición del INAI implicaría la desaparición, en cadena, de los órganos garantes de transparencia de las distintas entidades federativas, poniendo en riesgo el sistema de transparencia del país y el derecho a saber de la sociedad en su conjunto.
Cabe señalar que esta no es la primera ocasión que el presidente manifiesta sus intenciones de desmantelar al órgano garante del acceso a la información. Desde el año 2022, durante una conferencia matutina, manifestó su interés por desaparecer estos entes de control y vigilancia democrática. Desde entonces ha impulsado distintas estrategias para debilitar estos mecanismos de contrapesos, que van desde las narrativas de desprestigio a través de las conferencias matutinas, pasando por la reducción de su presupuesto y la parálisis en sus designaciones. Pero hasta ahora, no había enviado al Legislativo una iniciativa para desaparecerlo y dejar sin herramientas a la ciudadanía para realizar un escrutinio sobre el quehacer gubernamental.
Con la desaparición de los organismos autónomos que propone el presidente de la República tampoco se garantizan ahorros significativos, pues tan sólo el presupuesto del INAI (1,168 millones de pesos asignados para 2024) apenas representa el 0.01% del gasto total del gobierno federal. Por ello, resulta sumamente preocupante que el discurso de austeridad se establezca por encima del fortalecimiento institucional y la garantía de los derechos humanos.
En la lucha ciudadana por la democracia y la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información se exigió poner fin a prácticas de opacidad y discrecionalidad de los entes del gobierno. La experiencia mostró que cuando no existen controles independientes y autónomos, las autoridades son renuentes a cumplir de motu proprio sus obligaciones constitucionales, por lo que el diseño institucional actual buscó ampliar la vigilancia del derecho a saber. Debido a la existencia de un órgano autónomo se ha logrado abrir información que las entidades públicas se han negado a divulgar, como lo son casos emblemáticos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Es indispensable que, más allá de promover la eliminación y desaparición de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren que dichos órganos cuenten con los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes. Asumir un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar los derechos humanos, para garantizar la transparencia y el combate a la corrupción busca robustecer y no atacar a las instituciones autónomas encargadas de su protección. Por estas razones llamamos al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa y poner en el centro del debate la progresividad de los derechos que tenemos todas las personas.
Atentamente:
(junto a 100 organizaciones y 856 periodistas, personas académicas y firmas individuales, ver anexo)
