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“Siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad, para ocultar sus faltas en las tinieblas.”

– Benito Juárez

Ciudad de México 1 de febrero de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes 5 de febrero enviaría un paquete de reformas constitucionales, con el que, ha adelantado, pretende desaparecer los organismos autónomos, en particular el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ambos organismos son fundamentales para la protección de nuestros derechos a la información, transparencia y protección de datos personales, enmarcados en los artículos 6º y 16 constitucional, y en lo dispuesto en el artículo 28 constitucional sobre el desarrollo eficiente de la radiodifusión y telecomunicaciones.

En el contexto de la filtración de datos personales de periodistas registrados en la base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, revelada el pasado 26 de enero de 2024, el INAI ha instado a la Presidencia de la República a cumplir con sus obligaciones como sujeto obligado por Ley y a las y los periodistas afectados a presentar denuncias, comprometiéndose con velar por el respeto al derecho humano a la protección de los datos personales.

Ejercer el periodismo sin el asedio de la autoridad o del crimen organizado es una condición para la vida democrática. Según el Índice de Progreso Social 2024, México ocupa la posición 118 de 170 países en libertad de prensa y la 86 en usuarios de internet. En ambos rubros, está muy por debajo de otras economías con niveles similares de desarrollo.

En México se han registrado 2,941 agresiones contra periodistas entre diciembre 2018 y junio 2023, lo cual se traduce en una agresión cada 16 horas, según Artículo 19. Ante estas estadísticas y las causas de estas agresiones^[1], se vuelve evidente que la protección de periodistas, comunicadoras y comunicadores en México es ineficaz, y la filtración de sus datos personales incrementa su vulnerabilidad.

En virtud de ello, el Estado mexicano debe fortalecer  los organismos autónomos en lugar de considerar su eliminación, pues son garantes de los derechos de las y los ciudadanos, desempeñándose como contrapeso al ejercicio del poder ejecutivo para preservar los derechos de la población consagrados en la Constitución.

La eliminación de estos organismos no representaría un recorte significativo en el gasto público. Por ejemplo, los recursos públicos destinados a organismos autónomos como el INAI y el IFT no alcanzarían para financiar mejoras en el bienestar de las y los pensionados^[2], justificación que ha mencionado el presidente López Obrador. Mejor resultaría incrementar la cobertura de servicios de salud, siendo que hasta 2022 se registraban 50 millones de personas en México sin acceso a esos servicios. Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, este año, el INAI y el IFT tendrán recursos por 2,777 millones de pesos. Esta cifra representa apenas 2% de los recursos asignados este año al Tren Maya y tan solo 0.14% del presupuesto contemplado para pensiones^[3], de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024.

Asimismo, estos organismos han sido debilitados presupuestalmente durante esta administración. En 2023 el INAI ejerció 1,042 mdp, un recorte de 28% frente al cierre del sexenio pasado, mientras que el IFT gastó 2,070 mdp, 21% menos. De hecho, todos los órganos autónomos han sufrido recortes presupuestales frente a 2018, mientras que los Ramos Administrativos acumulan un incremento del 31%.

De esta forma, la desaparición de los órganos autónomos mermaría el bienestar y el correcto funcionamiento de nuestra democracia de manera cotidiana, cancelando el esfuerzo de más de dos décadas de la sociedad civil organizada por contar con instituciones que garanticen la rendición de cuentas y sean un contrapeso al poder público.

Datos de contacto

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^[1] Según Artículo 19, en la primera mitad de 2023, 51.5% de las agresiones contra periodistas son perpetradas por autoridades y 75% son por cubrir hechos de violencia, inseguridad, justicia y corrupción.

^[2] El crecimiento del gasto en pensiones contributivas es mayor en promedio al crecimiento económico, lo que indica que el gobierno tendrá que endeudarse para poder cubrir este pasivo en los próximos años. (CIEP, 2023)

^[3] El presupuesto destinado a pensiones en 2024 tiene enormes retos de asignación, pues perpetúa desigualdades entre distintos grupos de personas que las reciben. De esa manera, no basta con incrementar el presupuesto, sino que debe garantizar que el gasto en pensiones sea “más igualitario y con perspectiva de género, así como encontrar fuentes de financiamiento sostenibles” (CIEP, 2023), lo cual no ocurriría si desaparecen órganos autónomos.