El pasado 8 de junio Alrededor de las 9:30 horas, Mariscal arribó al juzgado para identificarse como periodista y entregar su teléfono celular. También le fue requerida su credencial de elector. Horas más tarde, un par de policías estatales le indicaron que tenía que salir de la zona de juzgados para dejar su equipo con los guardias del penal a lo que Mariscal se negó y entregó su equipo ahí mismo advirtiendo que estaban impidiendo su labor periodística al llevarse sus instrumentos de trabajo. La reportera retiró la memoria de los equipos para resguardar su material y lo entregó.
Transcurrieron un par de horas para que comenzara la audiencia, mismas en las que no tuvo ningún percance con el personal del juzgado. Sin embargo, a pocos minutos de que comenzara la audiencia, personal del Instituto de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Chiapas que llegó con equipo de video al lugar, se percató de la presencia de la periodista y salieron a hacer unas llamadas, minutos después alrededor de una docena de policías le exigieron a Mariscal que abandonara el lugar por lo que la periodista advirtió que saldría hasta que le entregaran una orden por escrito y emitida por el juez.
La periodista comentó en entrevista para ARTICLE 19 y Cencos que la actitud de las autoridades y del personal del juzgado le causó extrañeza puesto que durante cuatro horas de su presencia en el lugar, no volvió a ser molestada. Al comenzar la audiencia, Mariscal colocó su grabadora de sonido, misma que el Secretario segundo del Juzgado intentó llevarse a lo que la periodista se negó y en respuesta el juez le indicó que la apagara o de otra manera la sacaría del lugar, por lo que se vio obligada la periodista a apagar el equipo. Durante el resto de la audiencia guardias de seguridad se mantuvieron a espaldas de la reportera.
Al terminar la comparecencia y con la intención de recuperar su equipo de trabajo Mariscal salió de los juzgados pero fue interceptada por dos elementos de seguridad del penal quienes le pidieron que entregara su grabadora de audio y también revisar todas
sus pertenencias. Una custodia la llevó hasta una cabina en donde le quitaron dos memorias USB, la grabadora de audio y la tarjeta de memoria de su cámara de video que no le devolvieron hasta media hora después durante ese tiempo la mantuvieron retenida cerca del interior del penal, finalmente al salir del penal le tomaron varias fotografías.
La reportera compartió a ARTICLE 19 y Cencos que este no es un hecho aislado, sino que pertenece a una serie de hostigamientos y amenazas que enfrentan algunos periodistas cuya labor es crítica al gobierno del estado. Por estos casos de hostigamiento las y los periodistas afectados han iniciado procesos ante diversas instancias de derechos humanos y una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, sin que esta instancia haya notificado avances en la investigación.
El principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dice que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. Asimismo estos actos violan los Artículos 12, 13, y 15 de la Ley de Derechos para el ejercicio del Periodismo en el estado de Chiapas en su Capítulo IV referente a “El Libre y Preferente Acceso de las Fuentes de Información”.
ARTICLE 19 y Cencos hacen un llamado al gobierno de Chiapas y en especial al Poder Judicial para que respeten el derecho a la libertad de expresión en el estado, en especial la labor periodística crítica y que cumpla con sus obligaciones de respetar y promover la libertad de expresión y respeto pleno al ejercicio periodístico.
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- Cencos fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México, iniciando está actividad a mediados de los años setenta. Busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.
