Ciudad de México, a 26 de septiembre.- Las periodistas Gabriela Ixchíu, Andrea Ixchíu, Lucía Ixchiu, del colectivo Festivales Solidarios, así como Carlos Ernesto Cano de la Federación de Escuelas Radiofónicas, fueron golpeados el pasado 22 de septiembre por  taladores ilegales en el bosque comunal de el Alto Totonicapán, Guatemala, mientras tomaban fotografías y video del lugar.

Los comunicadores documentaban la tala ilegal en la zona cuando se encontraron con personal del Consejo Nacional De Áreas Protegidas (CONAP) y guardabosques municipales. Estos les expresaron que minutos antes habían perseguido a un grupo de taladores ilegales. El grupo continuó su camino hacia un punto del bosque donde permanecieron tomando video y fotografías durante aproximadamente 2 horas y media. Durante ese periodo de tiempo, constantemente escuchaban  sonidos de golpeo de hachas, por tanto, dieron aviso a los representantes de CONAP. Estos acudieron al punto donde se encontraba el grupo y fue cuando estos y el equipo de periodistas decidieron comenzar su salida del bosque.

Minutos después de comenzar a caminar, encontraron a 3 personas con mulas cargadas de madera, los guardabosques les marcaron el alto y las personas comenzaron a agredir a los comunicadores y a los guardabosques. En medio del incidente, uno de los agresores fue retenido mientras sus dos acompañantes huyeron.

El grupo continuó con su camino junto con el detenido, cuando minutos después dos camionetas pickup les salieron al paso y dos mujeres armadas con palos y machetes atacaron al personal de CONAP, guardabosques y al grupo de personas comunicadoras para liberar al talador que estaba por ser presentado ante las autoridades.

Luego de llegar a la ciudad de Totonicapán, los periodistas realizaron las denuncias correspondientes y acudieron a un hospital a valorar las lesiones recibidas durante los ataques en el bosque. El diagnóstico de Andrea y Lucía arrojó que debido a los golpes recibidos será necesario que mantengan un mes y medio de reposo, utilicen faja torácica y medicación contra el dolor.

A más de 72 horas del ataque en contra de Andrea, Lucía, Gabriela y Carlos aún no hay indicios de los responsables. Además, los periodistas tuvieron conocimiento de que personal de CONAP fue amenazado de muerte por este incidente.

La defensa ambiental y el ejercicio periodístico puede resultar una combinación letal para los comunicadores en Guatemala, debido a la participación en actos ilegales de funcionarios, servidores públicos, grupos criminales y particulares interesados en acallar la cobertura informativa de conflictos socio ambientales, lo cual propicia la impunidad persistente en las agresiones hacia quienes investigan estos temas. Con 12 asesinatos de defensores ambientales en 2018, Guatemala ocupó el cuarto lugar en la lista que registra los países más letales para dicho ejercicio, según el informe de la organización Global Witness.

En el caso específico del bosque de Totonicapán, la depredación de los recursos forestales se ha realizado en contubernio con autoridades civiles, quienes han permitido que los grupos de tala ilegal a baja y gran escala lleven a cabo esta actividad sin consecuencias. En entrevista con ARTICLE 19, Andrea Ixchíu expresó:

“Las problemáticas en la zona son diversas, pero la tala ilegal, pequeña y grande, es desde hace décadas algo muy grave en que ha habido corrupción y complicidad de autoridades a todo nivel, sumado el modelo industrial y extractivo que alienta estas prácticas. La reducción de la cobertura forestal es evidente. No sólo hay un impacto en el bosque sino que también en el tejido social. Hay escasez de agua en algunas partes del pueblo y actos violentos como de los que nos tocó vivir.”                                 

Sobre las agresiones a comunicadores en Guatemala, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión^[1] han recordado al Estado guatemalteco su obligación de promover e implementar medidas efectivas para prevenir ataques contra periodistas, así como investigar las agresiones realizadas en su contra a fin de llevar ante la justicia a los responsables. La CIDH registró en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala^[2] cómo el gremio periodístico ha señalado recurrentemente el incremento en las amenazas, estigmatización, agresiones por parte de funcionarios, servidores públicos y grupos criminales, sin que se registre una voluntad contundente de abatir la impunidad de estos delitos.

Por esta situación Artículo 35, Centro Cívitas, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y ARTICLE 19 consideramos fundamental que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas investigue de manera exhaustiva y diligente la agresión que sufrieron Andrea Ixchíu, Lucía Ixchíu, Gabriela Ixchíu y Carlos Ernesto Cano, con el fin de evitar la impunidad, la cual garantiza que se repitan hechos como los descritos en este pronunciamiento. 

Del mismo modo, desde las organizaciones que firman este comunicado hacemos un llamado al gobierno de Alejandro Giammattei para garantizar el ejercicio periodístico en Guatemala y emprender los pasos necesarios para construir un sistema de protección eficaz para las y los periodistas que cumpla con la obligación de los Estados de salvaguardar la integridad de quienes ejercen la labor informativa.

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^[1] CIDH, 2017 Situación de derechos humanos en Guatemala, párrafo 277, pág. 147 

^[2] Ibid, párr. 267, pág. 143

Nota para prensa

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