México D.F. a 20 de enero de 2014.- Siendo fundamentales las primeras horas después de la desaparición de una persona para obtener pruebas, testimonios o cualquier otro elemento que ayude al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la localización de la víctima con vida, las autoridades locales y federales permanecen omisas desde la privación ilegal de la libertad de Moisés Sánchez, periodista de Veracruz.
Han pasado más de dos semanas desde que un comando armado entró a la casa del comunicador del municipio de Medellín de Bravo y las autoridades se han caracterizado por su inacción y falta de proactividad en la investigación de los hechos, obligadas tanto por los compromisos internacionales en materia de desaparición de personas, como en los protocolos de actuación en casos de esta naturaleza.
Es decir, no existen reportes de las autoridades estales ni federales sobre los operativos y/o esquemas de búsqueda, tampoco sobre las áreas o zonas geográficas recorridas para identificar la ruta de escape u obtener información que pudiese llevar al paradero del periodista. Por el contrario, las acciones a nivel estatal se han enfocado en una investigación basada en declaraciones y no en inspecciones técnicas o periciales de la posible ruta de escape, identificación y localización de los automóviles en los que fue sustraído de su casa, entre otras diligencias básicas y fundamentales para la búsqueda del periodista desaparecido.
A nivel municipal, contrario a las declaraciones públicas del alcalde, la mayoría de los policías municipales no recibieron instrucciones u órdenes por parte de sus mandos para realizar labores de búsqueda. Actualmente están arraigados 11 policías municipales, principalmente, debido a la innacción de búsqueda inmediata.
De acuerdo con varios periodistas de Veracruz, Moisés recababa, recibía y difundía información sobre denuncias ciudadanas y cuestiones de inseguridad en la zona, Sánchez Cerezo es director y editor del periódico “La Unión” de Medellín de Bravo, medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio. El periódico era financiado con los recursos que el propio comunicador obtenía de trabajar en un taxi, en el cual también recorría las zonas y los mismos ciudadanos le informaban sobre problemáticas de la comunidad.
En las últimas semanas, antes de su privación de la libertad, Moisés informó de los sucesos de violencia en su región. La inseguridad desatada en su municipio, provocó que el periodista y un grupo de vecinos de su colonia, perteneciente a El Tejar, conformaran el miércoles 17 de diciembre, el “Comité de Autodefensas de la colonia Gutiérrez Rosas”. Lo anterior fue informado por el propio Sánchez Cerezo, un día antes, a través de su cuenta en Facebook.
El periodismo y activismo realizado por Sánchez Cerezo, según versiones de personas allegadas al comunicador, provocó el enojo del Alcalde de Medellín de Bravo, pues “tres días antes de la privación del periodista, Moisés se enteró a través de una fuente confiable que el alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.
Pese a tratarse de un delito grave en el cual posiblemente estén involucradas autoridades municipales y estatales, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a cargo de la PGR, no ha ejercido su facultad de atracción -establecida en el artículo 73 constitucional fracción XXI- argumentando que carecen de información necesaria para conocer el caso.
El hostigamiento, las amenazas, las desapariciones y la privación de la vida de personas que ejercen la libertad de expresión en Veracruz, fueron las manifestaciones de violencia ejercida contra la prensa en el estado en los últimos cinco años. Del 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 15 periodistas en Veracruz; con Moisés Sánchez Cerezo suman cinco los comunicadores desaparecidos en esa entidad. De 2007 a 2014, se tienen documentadas 86 agresiones físicas contra la prensa en el estado, así como 22 intimidaciones contra periodistas.
Durante el actual gobierno, a cargo del gobernador estatal Javier Duarte de Ochoa, se registraron diez de los 15 homicidios documentados por ARTICLE19. Además, dicho gobernador ha desacreditado públicamente la labor periodística de Moisés Sánchez al señalar que “[…] no es reportero, [es] conductor de taxi y activista vecinal […]”.
En virtud de lo anterior, y por la constante narrativa utilizada por las autoridades estatales para desvincular los ataques, las desapariciones y los asesinatos de las labores periodísticas de las víctimas, merece ser cuestionado el carácter imparcial e independiente de las acciones emprendidas por las autoridades estatales y municipales para dar con el paradero y la certera identidad del periodista.
Nota para prensa
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