Foto: ARTICLE 19

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2026. – Lydia Cacho, ARTICLE 19 México y Centroamérica, así como las organizaciones, periodistas y medios abajo firmantes, alertamos que mañana 20 de octubre se celebrará en Quintana Roo una audiencia de vista en el proceso penal iniciado contra Mario Marín por la probable comisión del delito de tortura. Esta audiencia dará paso a la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria respecto de uno de los autores intelectuales de los crímenes cometidos contra la periodista.

Esta audiencia es clave para la sociedad civil, la prensa y la comunidad internacional, pues lo que se resuelva determinará si en México quienes ejercen el poder político y privado pueden seguir violentando y torturando a periodistas sin consecuencias. Llamamos a que esta resolución se sustente en los más altos estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y de prensa, y se traduzca en una sanción apropiada y proporcional a la gravedad de los hechos.

El caso: más de dos décadas de retrocesos e impunidad

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente en Cancún y trasladada por tierra a Puebla en un trayecto de más de 20 horas. Durante el traslado sufrió amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual, así como tortura física y psicológica. Todo ello como represalia por su libro Los demonios del Edén, en el que expuso redes de explotación sexual infantil vinculadas a empresarios y autoridades mexicanas. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano violó sus derechos y exigió la reparación del daño y la sanción a los responsables.

Pese a que el Estado ofreció una disculpa pública en 2019, la justicia para Lydia ha llegado a cuentagotas y en medio de múltiples violencias. Ese mismo año, sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus mascotas y robaron material periodístico sensible. Estos hechos forzaron a la periodista al exilio, una situación que continúa vulnerándola cada día. Desde el exilio, Lydia ha seguido recibiendo amenazas en línea, sin garantías para ejercer su labor ni para retornar en condiciones dignas.

Cada año transcurrido sin justicia integral reitera el mensaje de que quienes agreden a periodistas pueden seguir haciéndolo sin consecuencias. Las penas impuestas hasta ahora a los mandos operativos han sido insuficientes frente a la gravedad del delito, mientras que diversas resoluciones han supuesto nuevas vulneraciones institucionales contra Lydia:

• El 27 de julio de 2021, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún concedió un amparo a Kamel Nacif Borge y lo liberó de responsabilidad por tortura. La resolución dio lugar a denuncias de presunta corrupción en dicho tribunal.
• En julio de 2025, el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, cuya pena había sido elevada en apelación a 7 años y 6 meses de prisión. La resolución constituyó un grave retroceso y reforzó un patrón de impunidad.
• En agosto de 2024, Hugo Karam Beltrán, actualmente procesado por la probable comisión del delito de tortura, salió de prisión por un cambio de medidas cautelares derivado de un amparo, pese a los riesgos para la víctima y los testigos acreditados en audiencia. Su liberación no constituyó una absolución y su proceso sigue pendiente.
• El 14 de octubre de 2026, el excomandante Alejandro Rocha Laureano fue puesto en libertad tras una condena de cinco años y seis meses, que se consideró compurgada en exceso por el tiempo que pasó en prisión desde su detención en 2018. Su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia, pero demuestra que la justicia no solo ha sido lenta, sino que ha impuesto penas reducidas pese a la gravedad de los delitos cometidos contra Lydia.

A más de veinte años de la violencia sufrida por la periodista, la justicia no puede detenerse en los ejecutores materiales. Quienes ordenaron, protegieron o encubrieron estos hechos también deben responder, y su responsabilidad debe ser valorada como mayor. Este no es un caso del pasado: es una prueba para el sistema de justicia de hoy.

Convocamos a la sociedad, a los medios y a los organismos internacionales a dar seguimiento público a la audiencia. Ante este escenario, exigimos:

• Una audiencia independiente e imparcial, conducida con estricto apego al debido proceso, a la protección de las víctimas y a los estándares internacionales de libertad de expresión y protección a periodistas. En el caso de Lydia Cacho, el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó investigar de forma “imparcial, pronta y exhaustiva”, así como procesar, juzgar y sancionar apropiadamente a los culpables y prevenir la repetición de estos crímenes.
• Una sentencia apropiada y proporcional a la gravedad de los hechos, que reconozca la agresión contra la libertad de prensa y no reproduzca penas insuficientes. Recordamos que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual México es parte, establece que “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.
• Medidas efectivas de seguridad, garantías de no repetición y condiciones para el retorno digno de Lydia Cacho. La periodista y su familia aún cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 10 de agosto de 2009, por lo que el Estado mexicano debe cumplir con su obligación de protegerlas.

Para más información, favor de contactar a comunicacion@article19.org