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Examen Periódico Universal: cambios institucionales insuficientes

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Published on: 23 octubre, 2013

La Organización de Naciones Unidas revisó por segunda ocasión la situación de los derechos humanos en México. Así el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en su 17ª sesión en Ginebra, realizó el Examen Periódico Universal (EPU)[1] de México y otros 13 países.

El EPU es un nuevo mecanismo de la ONU que inició en abril de 2008 con la finalidad de examinar la situación de los derechos humanos en el Mundo,[2] para ello toma como referencia los estándares establecidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cualquier otro instrumento de derechos humanos del que forme parte el Estado.  También tiene como punto de referencia los compromisos voluntarios asumidos por el Estado y las recomendaciones hechas por las personas expertas que integran el sistema universal de derechos humanos.

En febrero de 2009 el estado mexicano fue sometido a su primera revisión teniendo como resultado la elaboración de un informe[3] elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el EPU y aprobado por el CDH en octubre de 2009, donde se establecieron 83 recomendaciones.

En materia de libertad de expresión y acceso a la información conminaron al estado a erradicar la impunidad prevaleciente en los casos de agresiones cometidas contra periodistas; mejorar de las medidas de protección y prevención para  personas defensoras y periodistas; el fortalecimiento de los derechos de los periodistas y de la libertad de los medios de comunicación, en especial a nivel estatal y municipal; y las reformas a la legislación de radio y televisión. No hace falta mucha perspicacia para concluir que tales recomendaciones se cumplieron poco o nada.

En esta ocasión, dentro de lo reportado por el gobierno  México en su informe[4] de 36 páginas, los siete párrafos destinados a la garantía de la libertad de expresión traslucen una visión reduccionista de la violación sistemática y generalizada a este derecho. Una vez más, el estado mexicano presenta ante la comunidad internacional la creación de programas e instituciones para atender problemáticas pero no para resolverla como avances en derechos humanos.

La información pierde aún más valor cuando nos percatamos que la metodología se enfoca en las medidas tomadas por el gobierno federal, mas no por los estatales y municipales. Esto es importante, por ejemplo, en materia de agresiones contra la prensa donde según datos de ARTICLE 19 el 70% proviene de agentes públicos  pertenecientes a los ramos municipal y estatal.

En contraste con la información oficial, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron 40 informes alternativos.[5] En el documento allegado en marzo por ARTICLE 19[6], se evidenció el sostenimiento de la violencia contra la prensa desde 2009 hasta marzo de este año. Ello, por si solo, es muestra de la ineficacia institucional que el gobierno pretende velar ante el CDH.

En efecto, en los párrafos 92 a 98 del informe presentado por el gobierno mexicano destaca la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010. Lo que omite, es que más allá del cambio de nomenclatura de Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas (2006), la actual FEADLE no ha presentado avances significativos en la investigación y castigo de responsables de agresiones contra la prensa.

Con base en información solicitada a la FEADLE, de 2010 a 2012 fueron abiertas 294 averiguaciones previas, de las cuales se ejercitó acción penal en 35 casos y en 3 casos se determinó no consignarlas ante un juez. En suma tenemos una efectividad del 11.9% de los casos que tiene como correlato un 88% de “tasa de impunidad”.

En el mismo sentido, relata la modificación constitucional en junio de 2012 “para que autoridades federales conozcan de delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas”. Para que tales reformas comenzaran a operar, correspondía al Congreso de la Unión modificar las leyes secundarias, lo cual ocurrió hasta mayo de 2013. Aquí se evidencia una grave omisión que exhibe la poca atención al tema, pues los cambios a las leyes ordinarias (Código Penal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la PGR, etc.) no se mencionan en el informe presentado en el marco del EPU.

Sin embargo, a pesar de la claridad que existe la ley sobre los criterios para atraer casos, la Fiscalía no ha definido del todo sus criterios de actuación. En agosto, la fiscal Borbolla anunció que atraería el caso de Armando Rodríguez Carreón “el Choco”, periodista del Diario de Juárez asesinado en 2009. Sin embargo, el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz ultimada el 28 de abril de 2012,  no ha sido atraído pese a las múltiples irregularidades en la investigación realizada por la procuraduría local.

También presenta como un logro la publicación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la implementación del Mecanismo creado por dicha norma. Su efectividad un año después de implementado se reduce a cifras alegres sobre “solicitudes de incorporación atendidas” (35  periodistas y 52 defensores) y el “número de ocasiones que ha sesionado” la Junta de Gobierno (12) desde noviembre de 2012 a junio de 2013.

Lo anterior es una afrenta a la inteligencia de cualquiera que lea los “avances” en materia de protección a la prensa. En principio, las cifras sobre solicitudes de incorporación y número de sesiones nada nos dicen sobre un estado de cosas que empeora cada día. Esos datos pretenden ocultar la realidad ominosa del Mecanismo: no responde en los tiempos marcados por la Ley; nulas capacidades técnicas, humanas y financieras para operar; la ausencia de respuesta en los estados del país pese a la firma de convenios de colaboración con 26 de ellos; la integración apresurada de Unidades administrativas hasta hace poco tiempo; la comisión de agresiones contra personas beneficiarias de sus medidas.

Pese a la pretensión de maquillar en 7 párrafos la situación de violencia contra la prensa, las agresiones contra periodistas han incrementado en un 50% respecto al año pasado. Sin importar sus instituciones y nuevas leyes, 2013 será uno de los años más violentos contra la prensa superando los dos anteriores. Y ello se debe a que la impunidad se mantiene intocada, los delitos contra el honor persisten en los Códigos Penales de 12 estados de la República, el Mecanismo de Protección carece de capacidad para operar y de la voluntad de los altos funcionarios encargados de su funcionamiento.

Las conclusiones de ARTICLE 19:

Conoce el informe completo de ARTICLE 19

Informe al EPU de ARTICLE 19 México by Antonio Martínez Velázquez