Foto: Agencia Cuartoscuro

• Es urgente que el Senado de la República cumpla con su obligación de designar a las tres personas comisionadas del INAI.
• El INAI es el órgano garante de nuestros derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, y su trabajo es clave para la co-creación de espacios de gobierno abierto.
• El gobierno federal debe detener el espionaje ilegal, además de regular y transparentar las intervenciones a comunicaciones privadas en las tareas de seguridad.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2023.- Las organizaciones miembro del Núcleo de la Sociedad Civil (NOSC) de la Alianza para el Gobierno Abierto en México (AGA) externamos nuestra preocupación por las afectaciones que están teniendo los principios básicos suscritos por México en dicha Alianza, que busca hacer a los gobiernos más abiertos, responsivos y con rendición de cuentas hacia su sociedad.

Pertenecer a esta Alianza presupone que existe en el país suficiente espacio político y cívico para demandar rendición de cuentas por los ciudadanos, y que las organizaciones civiles y los medios de comunicación pueden operar libremente. También implica un compromiso demostrado por la autoridad de avanzar la agenda de gobierno abierto.

Sin embargo, reconocemos que existe una tendencia de restringir más que abrir el gobierno a la sociedad. En particular, al obstaculizar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda ejercer sus facultades de organismo autónomo, garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Desde el 1 de abril de 2023, el pleno del INAI dejó de contar con el mínimo requerido de cinco personas comisionadas para poder sesionar, debido a la omisión injustificada del Senado de la República de designar a tres nuevos comisionados. Este hecho tiene afectaciones al derecho de acceso a la información de los ciudadanos, ya que el pleno del INAI no puede resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes de información que se inconforman por la respuesta de las autoridades. Asimismo, el INAI está impedido de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que limiten o afecten el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

En abril, también salieron a la luz nuevos casos de infección con el malware Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos detectados por el análisis de The Citizen Lab. Esta vez se identificó su uso hacia dos integrantes del Centro Prodh, organización reconocida a nivel nacional por su labor de defensa de derechos humanos. Ello fue realizado presumiblemente por la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que, de acuerdo con información de medios de comunicación, es la única institución que actualmente cuenta con dicha herramienta de espionaje.

La respuesta desde el gobierno federal, en particular del presidente de la república, ha sido negar los hechos y estigmatizar a las organizaciones de sociedad civil que los han denunciado con evidencia sólida. Cabe recordar que el NOSC había señalado anteriormente la importancia de regular la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia con el fin de evitar intervenciones a las comunicaciones privadas, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, conforme al marco jurídico y la normatividad internacional en materia de protección de derechos humanos. Por esta razón se suspendieron las actividades del NOSC en la AGA en la administración del presidente Peña Nieto y una de las condicionantes para llevar a cabo un 4to Plan de Acción en la presente administración fue atender este punto en un compromiso dentro del Plan.

La reiteración del uso del malware Pegasus de manera ilegal hacia defensores de derechos humanos y periodistas, ahora en la presente administración, dio lugar a la suspensión de trabajos por parte del NOSC para elaborar un 5to Plan de Acción de la AGA en México en colaboración con el gobierno federal.

Consideramos que ambos sucesos afectan las condiciones básicas en las que se basa el trabajo de la AGA, misma que parte del supuesto de que los gobiernos miembros estén dispuestos a avanzar el acceso a la información y la transparencia. Así también el de que procuren tener un espacio cívico seguro para que sociedad civil y medios puedan hacer su labor libremente.

Hacemos un llamado al Senado de la República para que cumpla con su obligación de designar a las personas comisionadas del INAI para que pueda cumplir sus facultades como órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Esto es fundamental para el funcionamiento de la AGA en México, siendo el INAI una de las instituciones coordinadoras de la Alianza en el país, junto con la Secretaría de la Función Pública y el NOSC.

Asimismo, exigimos que cese la intervención ilegal de comunicaciones privadas, y se transparente y regule su utilización, conforme al compromiso asumido previamente por el gobierno mexicano dentro del 4to Plan de Acción de México para AGA.

NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Causa Natura, A.C., EQUIS Justicia para las Mujeres, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, GESOC, Agencia para el Desarrollo A.C., Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México Evalúa, Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C., SocialTIC A.C., Transparencia Mexicana.

Nota para prensa

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