En el marco de la firma de la alerta por agresiones a periodistas a Veracruz, autoridades agreden a un periodista y liberan agresor de Moises Sánchez
El día 3 de noviembre de 2015 se firmó en Veracruz un convenio entre autoridades del más alto nivel del estado y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a SEGOB, esto con el objetivo de generar un sistema de alerta temprana para prevenir agresiones contra periodistas y permitir la libertad de expresión. Días antes de la celebración del evento, el Gobernador del estado se jactó de la firma de esta alerta; sin embargo, lo que destacó del evento público, es el intento de bloqueo de la entrada a Roger López Martínez, del medio Imagen, para después intentar detenerlo por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión, al manifestarse con una pancarta durante el evento.
El sistema de alerta temprana diseñado por SEGOB se emitió con base en el artículo 43 de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Esta acción se impulsó a raíz del contexto de graves violaciones a derechos humanos contra quienes ejercen la libertad de expresión, por lo que esta alerta se debe asumir como el fracaso de las acciones locales para hacer frente a esta crisis, y como un cambio de actuar frente a la libre manifestación de ideas. Sin embargo, el hostigamiento del periodista López visibiliza que la voluntad política sólo quedará en papel.
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El hecho sucedido ayer, la firma de un convenio por autoridades y el libre ejercicio a la libertad de expresión por parte de la ciudadanía, es un claro ejemplo de la situación por la que atraviesa el estado de Veracruz: Mientras se pregonan acciones de avanzada para fortalecer el ejercicio periodístico por medio del andamiaje más grande del país para proteger periodistas, funcionarios locales agreden, frente a las autoridades federales, a un periodista por manifestar de manera pacífica libremente sus ideas.
La manifestación del periodista derivaba del manejo público que se le estaba dando al evento, dado que esta alerta se presentaba como un plan de políticas públicas en favor del periodismo y no como una acción para hacer frente a una crisis con la que no han podido lidiar las autoridades estatales.
En entrevista con ARTICLE19, el periodista López Martínez manifestó que al intentar ingresar al evento una persona de logística intentó bloquear su ingreso al enterarse del medio para el que laboraba, el periodista pudo ingresar gracias al apoyo de sus colegas quienes lo empujaron al interior de este evento público y de interés público, en el interior el periodista sacó una pancarta y fue cuando dos funcionarios lo agarraron, “me torcieron un brazo y me metían las manos al pantalón para, supongo, buscar mi celular” sus colegas al ver esta situación empezaron a quejarse por lo que se detuvo de manera el evento para poder dejar manifestar al periodista de manera pacífica.
López Martínez manifestó para ARTICLE19 que a raíz de que participaron en el impulso de la alerta, varios periodistas han sido hostigados por los medios donde laboran y temen ahora que los despidan, esto a pesar de que el documento que se emitió ayer busca la “Dignificación de las condiciones laborales de las y los periodistas” al generar un espacio de diálogo entre “autoridades y propietarios de los medios de comunicación en Veracruz, para mejorar sus condiciones laborales y de seguridad”, sin embargo, el resultado, a un día de la emisión de la alerta, ha sido el contrario.
Al terminar el evento varios periodistas que se encontraban al interior del recinto público se percataron que diversos funcionarios les tomaban fotografías a hurtadillas y cuando ellos volteaban, éstos se metían al edificio. Resulta contradictorio que desempeñen estas funciones cuando las primeras propuestas del documento firmado señalan que es un deber “Condenar públicamente cualquier acto de agresión a periodistas” como “{…] la prohibición para los elementos de la dependencia (SSPE) de: fotografiar a comunicadores, borrar imágenes, audio o video, o requisar herramientas de trabajo y, en general, obstruir el ejercicio de la profesión periodística”.
Por otra parte, para ARTICLE19 este documento es insuficiente al señalar “es una medida de prevención enfocada al diseño de Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Contingencia, traducidos en un Programa de Políticas Públicas que tiene como objetivo evitar potenciales agresiones a las y los Periodistas”, dada la intención de disfrazar como una política pública, un sistema de alerta que se emite por la crisis que atraviesa Veracruz, esta acción podría permitir el juego perverso de crear instituciones para la defensa de los derechos humanos y restringir, limitar y menoscabar éstos de manera directa.
El propio documento federal establece que Veracruz es la entidad donde se han asesinado más periodistas desde 2000, junto con Chihuahua; sin embargo, si se cuenta a partir del 2010 resulta la entidad más letal para ejercer el periodismo. Asimismo, resulta alarmante que las propias autoridades federales señalen que de las agresiones documentadas contra periodistas un 37.5% son perpetradas por parte de la policía municipal, 25% por autoridades municipales, 6.2% elementos del Ejército y 6.2% por elementos de la marina, por lo que es una falacia no puedan detener estas agresiones. De seguir en impunidad estos hechos y no investigarse lo sucedido el día de ayer y con el resto de los casos de agresiones a periodistas en el estado, demuestra que la alerta sólo es un discurso sin resultados.
Es necesario que las autoridades federales, así como la CNDH investigar estos hechos. Lo sucedido durante la firma de la alerta ejemplifica el valor que se le está dando al contenido del documento, por lo que más allá de abundar en su contenido, es necesario se fijen las medidas pertinentes ante el fracaso del mismo.
En el marco del convenio la liberación de implicado en caso Moisés Sánchez es una muestra de justicia simulada
En la firma del Convenio participó la Fiscalía General del Estado de Veracruz para fortalecer las acciones de búsqueda de justicia en los casos de periodistas que sufren violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, la realidad se impuso al discurso oficial. El día de hoy fue liberado el Subdirector de Policía Municipal de Medellín de Bravo, acusado de ordenar –a petición del ex alcalde Omar Cruz Reyes- la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo.
Tal como lo señalamos anteriormente, el 06 de mayo pasado el funcionario procesado en prisión preventiva obtuvo el amparo de la justicia federal por parte del Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruz. Dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía veracruzana. No obstante, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río confirmó la primera sentencia el día 3 de noviembre, notificando hoy la liberación del también ex escolta del presidente municipal. Los razonamientos torales apuntan a la falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Veracruz.
Ello abre la puerta para que una vez más prevalezca la impunidad en el caso de un periodista asesinado y exhibe las graves falencias de la institución encargada de procuración de justicia cuando se trata de delitos contra la libertad de expresión. Por otro lado, la negativa de atraer el caso por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abona más a la incertidumbre y la falta de acceso a la justicia para la familia del periodista.
Para ARTICLE 19 resulta fundamental un replanteamiento de la investigación en el caso de Moisés Sánchez, por lo que exige la atracción de la investigación a la FEADLE. En este mismo sentido, es urgente que fortalezcan las medidas de seguridad para la familia del periodista ante eventuales represalias por su permanente exigencia de justicia.
Nota para prensa
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