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Ciudad de México a 26 de agosto de 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica condena la campaña de desprestigio y nueva amenaza que enfrenta el periodista Victor Eduardo Badiillo Guerrero, fundador del portal Sin Pelos MX. Estás acciones se inscriben dentro de un patrón de violencia sistemática que se ha documentado al menos desde 2017 en su contra, y que se ha agravado al recibir amenazas directas, poniendo en riesgo su integridad física y la de su familia. 

Campaña de desprestigio en línea

Desde el pasado 31 de julio de 2026, han circulado una serie de vídeos en redes sociales que estigmatizan al periodista, le caracterizan como un animal, e inclusive generando videos que buscan denostar a él y sus familiares. Parte de la campaña infiere que el  periodista ha recibido recursos por parte del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes. Sin embargo, y de acuerdo con el testimonio de Badillo, su trabajo se ha caracterizado por ser independiente y hacer una cobertura crítica en temas de corrupción, gestión de recursos públicos y política local de los municipios de Escobedo, Salinas Victoria y Apodaca. Particularmente, el presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, ha compartido contenido en sus redes sociales que contribuye a la estigmatización de la labor periodística de Badillo, a partir de una serie de reportajes que cuestionan la gestión pública del funcionario municipal.   

Amenaza directa

El pasado 21 de agosto, un individuo cuyo nombre se reserva por protección del periodista, con presuntos vínculos al empresario apodaquense Felizardo Elizondo, se acercó a él de forma directa y le amenazó con hacerle daño a su familia, en particular a sus hijas, si no “deja de publicar notas” referentes a este tema. Los hechos ocurren después de que Badillo documentara el conflicto entre el empresario apodaquense Felizardo Elizondo y el ex alcalde del municipio de Apodaca, César Garza Villarreal, derivado de una supuesta apropiación de al menos 148 hectáreas para la construcción de una obra pública.

Según el testimonio del periodista, estas agresiones tienen un vínculo: 

“[…] el ex funcionario Apodaquense Edgar Salvador Martínez Mercado, quien habría sido denunciado en la FEADLE, por ataques en contra de mi familia. Y quien hoy, reaparece a lado del empresario Apodaquense, ha orquestando una parte importante de la campaña de desprestigio en mi contra. Quiero señalar que, Martínez Mercado, fue cesado de su puesto, en la administración Pública, después de que un Juez Federal lo vinculara a proceso por los delitos cometidos en contra de mi familia.

Varios actores han confabulado en los últimos meses para lanzar spots, reportes periodísticos, y publicaciones manipuladas con Inteligencia artificial en donde su narrativa va encaminada a desacreditar a un servidor.”

La combinación de una narrativa de desprestigio que busca minar su credibilidad periodística, junto con agresiones directas que trascienden el espacio digital, constituye un patrón de riesgo escalado, pues no es la primera vez que la integridad de Victor Badillo está en riesgo por su labor periodística. 

En ese sentido, ARTICLE 19 hace una serie de llamados urgentes a las autoridades del Estado de Nuevo León y autoridades competentes del ámbito federal:

• Exige a las autoridades de los municipios de Escobedo, Apodaca y Salinas Victoria, abstenerse de cualquier acción de estigmatización, deslegitimación o represalia en contra de la labor periodística  de Victor Badillo, y evitar replicar  públicamente narrativas difundidas en su contra. 
• Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas urge a actualizar y reforzar las medidas con las que cuenta Victor Badillo y su familia dado el cambio de en la naturaleza de las agresiones y su vínculo con actores privados. 
• Conmina a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a investigar de manera diligente y exhaustiva, las amenazas directas contra el periodista y su familia. Considerando como principal línea de investigación el trabajo periodístico de Badillo, en acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión.