Derecho a la verdad instrumento clave para acceso a la justicia en Caso Tlatlaya
México D.F. a 16 de enero de 2015.- ARTICLE 19 reconoce la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya al reclasificar los expedientes como una investigación de violaciones graves a derechos humanos y esperando que esta decisión abone al acceso a la justicia, la efectiva reparación del daño para las víctimas y al esclarecimiento de los hechos.
En la recomendación 51/2014 de la CNDH del 21 de octubre del 2014, acredita hechos violatorios que consistieron en tortura, tratos inhumanos, privación arbitraria de la vida, y uso arbitrario de la fuerza por parte de militares contra 22 civiles, supuestamente asociados con el crimen organizado.
ARTICLE 19 exige que se respete el acceso a la justicia y se garantice el derecho a la verdad. Este derecho de la sociedad, incluye la apertura de la información durante el proceso para conocer la actuación de las autoridades en temas de tan delicada naturaleza, evitar la repetición de los hechos y proponer posibles vías para la reparación del daño.
La información sobre las violaciones graves a derechos humanos es de interés público y señala con puntualidad la obligación de los Estados de proporcionar información a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general, sobre las circunstancias en que se cometieron tales hechos.
La CNDH es ahora responsable de informar a la sociedad cuidadosamente sobre los hechos que dieron lugar a estos asesinatos, debe garantizar el conocimiento de las acciones subsecuentes por parte de las responsables para solventar la recomendación y debe propiciar la reparación del daño. Es responsabilidad de esta Comisión fomentar la memoria de la sociedad para que no vuelvan a repetirse hechos como los que ocurrieron en Tlatlaya.
La PGR, la SEDENA y la Procuraduría del Estado de México también son responsables de la verdad, el reconocimiento de las acciones u omisiones en casos de violaciones graves permiten la reconciliación con las y los ciudadanos.
Es necesario que estas instancias informen de manera inmediata sobre los actores involucrados y las penas a las que serán acreedores, así como sobre el curso de las investigaciones.
El derecho a la verdad es un derecho histórico y de reconstrucción social, evitar el acceso a la información en este tipo de acontecimientos, genera opacidad y dudas innecesarias para reintegrar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones de justicia. El caso Tlatlaya debe exponerse ante la vitrina de la opinión pública.
Nota para prensa
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