Declaraciones del Presidente sobre #GobiernoEspía ponen en duda la voluntad política de protección: Espacio OSC
Ciudad de México, a 30 de junio de 2017.- Las declaraciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del día 22 de junio en Lagos de Moreno, Jalisco, en respuesta a las denuncias sobre el espionaje gubernamental, que se hicieron públicas el día 19 de junio, se pueden interpretar como un acto de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que denunciaron haber sido víctimas de vigilancia ilegal y a las organizaciones que hicieron una labor de escrutinio y difusión pública de la misma. Dichas declaraciones ponen en riesgo principios democráticos y los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Además, contravienen el discurso de protección estatal hacia las personas defensoras y periodistas, entre otras, las “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”, anunciadas en la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por el mismo Jefe de Estado este 17 de mayo de 2017.
Como se señaló anteriormente, el condenar al fracaso las investigaciones, normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, así como restar importancia a las intervenciones – tal como lo hizo el primer mandatario – contradice la voluntad política expresada por las autoridades mexicanas de proteger verdaderamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Así mismo, consideramos las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto del pasado 22 de junio se pueden considerar una acción de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas al solicitar la aplicación de la ley en su contra al considerar, a priori a una debida investigación, dichos señalamientos como falsos.
Lo anterior demuestra que en lugar de investigar y juzgar a los responsables de los intentos de espionaje, el Presidente pide a las autoridades aplicar la ley en contra de las víctimas de tales actos, que en este caso son personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Reiteramos y nos sumamos al llamado en cuanto a la necesidad de proteger a quienes han denunciado y difundido los intentos de espionaje, tal como lo han señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Respaldamos el trabajo de las y los periodistas afectados, y de las y los defensores de derechos humanos, algunas/os integrantes del Espacio de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
Por otro lado, externamos nuestra preocupación por la existencia de indicios de intentos de espionaje hacia más personas defensoras integrantes del Espacio OSC – hechos que se investigan y se denunciarán ante las autoridades correspondientes.
Rechazamos enérgicamente la política de espionaje gubernamental a la que se están sometiendo personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, incluyendo a sus familiares mayores y menores de edad, así como el uso de recursos públicos para monitorear y restringir el campo de acción de estas poblaciones.
Por lo anterior, exhortamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a que, desde su Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis (Tercera Unidad), emprenda acciones inmediatas para generar elementos de diagnóstico y análisis que sirvan de base para implementar medidas de protección en contra de las amenazas en el ámbito digital incluyendo el monitoreo e intervención de comunicaciones fuera del marco de la ley.
Urgimos a las autoridades competentes a que se investigue y sancione a los funcionarios que han permitido, tolerado y usado el software de vigilancia en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas en México y a que se hagan públicos los contratos que constaten la compra de dicho software por dependencias públicas.
Instamos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a las otras instituciones competentes a dar seguimiento y garantizar la no repetición.
Por último, instamos al establecimiento de un panel de expertos independientes que haga escrutinio de la investigación y pueda dar mínima certeza de independencia, imparcialidad y conocimiento técnico en la investigación.
Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Para mayor información, favor de contactar a contacto@espacio.osc.mx.
