Ciudadanos en Baja California presentan 250 amparos contra el congreso estatal para que garantice la libertad de expresión.
El pasado 30 de octubre ciudadanos entregaron 250 amparos contra el Congreso del Estado de Baja California por su omisión a la regulación del Código Civil que impide la derogación de los delitos contra el honor establecidos Código Penal estatal, atentando una vez más contra la libertad de expresión.
Han pasado cuatro meses desde que el congreso estatal se comprometió en derogar los delitos penales de difamación y calumnia y con ello dar un avance importante en materia de derechos humanos. Sin embargo, simuló su voluntad al votar a favor de su derogación, el pasado 3 de julio, al establecer un artículo transitorio que señala que hasta no hacer las reformas correspondientes al Código Civil entrará en vigencia.
El Congreso estatal, una vez más inhibe la libertad de expresión, puesto que estos delitos siguen vigentes hasta que sean aprobadas y publicadas las disposiciones civiles en la materia. Por ello, al no existir fecha cierta ni iniciativas al respecto, la próxima semana la sociedad civil junto con ARTICLE 19, presentará a las y los diputados una iniciativa de ley en la materia junto con las 500 firmas requeridas para ser considerada por el poder legislativo de Baja California.
Para ARTICLE 19 los delitos contra el honor son inconstitucionales y se oponen a los tratados internacionales, así como los compromisos del Estado mexicano referente a la materia.
Para ARTICLE 19 no hay duda que la vigencia de esos delitos constituye un modo de censura indirecta para la prensa, por lo que una vez más, la inacción del congreso contribuye a coartar el derecho a la libre expresión. En este sentido, tan solo en Baja California, cinco periodistas han sido sujetos a procesos penales utilizando estos delitos para inhibir la publicación de irregularidades por parte de actores públicos.
ARTICLE 19 hace un llamado al Congreso del Estado para que la derogación de delitos contra el honor entre de vigor de forma inmediata y adoptar, lo antes posible, medidas legislativas de carácter civil compatibles con los más altos estándares internacionales para proteger la reputación y los derechos de terceros.
