Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2026.  – ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presentó esta semana una demanda de amparo indirecto^[1] contra los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias (Lineamientos) emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el pasado 28 de agosto de 2026. La organización argumentó de qué manera los Lineamientos resultan contrarios a estándares constitucionales y convencionales al facilitar la censura indirecta, afectar la independencia editorial en medios de comunicación y restringir el derecho de la sociedad a recibir información plural y diversa.

ARTICLE 19 está a favor de los derechos de las audiencias y de su protección. Precisamente por eso se presentó el amparo, ya que diversas disposiciones de los Lineamientos comprometen los mismos derechos que pretenden proteger, al restringir las condiciones necesarias para una deliberación democrática libre, plural y desinhibida.

En particular, hay tres grandes problemas que se plantearon en la demanda:

1. La CRT aprobó los Lineamientos sin respetar el procedimiento legal

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) obligaba a la CRT a realizar una consulta pública respecto a los Lineamientos, otorgando oportunidad a la ciudadanía de presentar una retroalimentación a la regulación antes de aprobarse. La LMTR exigía que este proceso de consulta concluyera en un análisis por parte de la CRT a las propuestas y observaciones recibidas, y en la publicación de un Informe de Consideraciones (Informe) que incluyera una explicación de las decisiones adoptadas (de modificar o no los Lineamientos conforme la ciudadanía sugirió) como consecuencia del procedimiento consultivo.

El 21 de agosto concluyó la Consulta Pública y, en menos de cinco días, el 26 de agosto, se aprobaron los Lineamientos. La irregularidad que señala ARTICLE 19 radica en la falta de publicación oportuna del Informe antes de que los Lineamientos fueran aprobados, siendo que el Informe se publicó dos días después de haber sido aprobada la regulación: el 28 de agosto. Esta situación constituye el incumplimiento de una condición procedimental expresa.

Las consultas públicas irregulares niegan la posibilidad de que este ejercicio sea un verdadero mecanismo de participación ciudadana y de rendición de cuentas de las autoridades. Por ejemplo, ante las observaciones técnicas a los Lineamientos que se presentaron por parte de ARTICLE 19, el Consejo Nacional Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., las cuales fueron respaldadas por más de 6700 personas y organizaciones, la CRT no ofreció en su Informe una justificación respecto de las decisiones que tomó a partir de las aportaciones que se hicieron. Por lo tanto, no existe manera de conocer las razones que tuvo la autoridad para rechazar objeciones constitucionales que se manifestaron por los efectos nocivos que tendrían los Lineamientos en la libertad de expresión.

A partir de lo anterior el escrutinio hacia las decisiones de la CRT y a su raciocinio fue negado.

2. Los Lineamientos abren la puerta a presiones indirectas sobre los medios de comunicación

Los Lineamientos contienen una serie de obligaciones para las concesionarias y programadoras, por ejemplo, de distinguir entre opinión e información. Ante esto, es preciso señalar que la distinción entre hechos y opiniones no siempre puede establecerse mediante categorías rígidas, como estiman los Lineamientos, puesto que la selección, contextualización y presentación de información constituyen por sí mismas decisiones editoriales. Asimismo, compartir una noticia no sólo requiere presentar los hechos, sino que puede también incluir, y a veces es incluso necesaria para su comprensión, la presentación de antecedentes, explicaciones e interpretaciones.

Por ello, la veracidad únicamente debe evaluarse considerando las fuentes de información disponibles y las medidas razonables de verificación que adoptó la persona periodista o medio de comunicación al momento de compartir cierta información. Contrario a ello, para buscar la diferenciación entre opinión e información, los Lineamientos avalan que las valoraciones administrativas externas -sobre si algo es hecho u opinión- se vinculen con recomendaciones de modificación de contenidos, supervisión de su cumplimiento y posibles procedimientos sancionadores.

Este tipo de intervención estatal genera incentivos para restringir preventivamente la difusión de información y opiniones. Es decir, la posibilidad de enfrentar sanciones por la manera de presentar, contextualizar o verificar una noticia influye anticipadamente en las decisiones de las concesionarias, especialmente cuando se trata de compartir información controvertida o relacionada con asuntos de interés público. De esta manera la autoridad introduce una presión sobre la libertad editorial que incentiva a los medios a evitar cierto tipo de contenidos, configurando una restricción indirecta a la libertad de expresión.

Así, los Lineamientos convierten estándares de protección de las audiencias en instrumentos de control sobre la información difundida.

3. Los Lineamientos incentivan la autocensura de los concesionarios y afectan los derechos de las propias audiencias

La censura no se concreta únicamente a partir de una prohibición expresa de “no decir” o “no publicar”. Para generarla, basta que el miedo a una sanción o intervención de la autoridad lleve a los concesionarios a evitar difundir información controversial, investigaciones sensibles, denuncias o crítica política.

Esto se conoce como efecto inhibidor, donde el temor a una sanción induce a las personas periodistas y a los medios de comunicación a restringir contenidos preventivamente, limitando la libertad editorial y empobreciendo el debate público. De tal manera, las propias audiencias, cuyos derechos se pretenden garantizar a partir de los Lineamientos, terminan perjudicadas al recibir una oferta informativa reducida.

Las audiencias necesitan que exista una prensa libre, crítica e independiente. En una democracia, es inadmisible que los medios de comunicación limiten o dejen de publicar por miedo a una intervención o sanción del Estado. Cuando una sociedad pierde el acceso a información diversa, pierde también la perspectiva necesaria para participar en el debate público y tomar decisiones informadas.

Por las razones expuestas, desde ARTICLE 19 se acudió a los juzgados para solicitar que se reparen las irregularidades del proceso de Consulta Pública. En particular, que se garantice el procedimiento establecido en la LMTR y se lleve a cabo un análisis adecuado y exhaustivo de las respuestas recibidas en el proceso consultivo. Además, pide a la justicia federal que interprete y determine los límites constitucionales de los Lineamientos, buscando la inaplicación de aquellos que deriven en censura indirecta, vulneren la libertad editorial o, en última instancia, afecten los derechos de las audiencias.

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^[1] Juicio de amparo indirecto 1883/2026 radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República