Aprueban protocolo para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión
- La aprobación del protocolo es un avance ante la falta de investigaciones de delitos cometidos contra periodistas, cuya cifra de impunidad asciende a 99.6%.
- Organizaciones de la sociedad civil demandamos su obligatoria y correcta implementación, que requiere de la depuración de las instituciones de justicia y la capacitación adecuada de funcionarios públicos que operarán este instrumento.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se llevó a cabo el 11 de Octubre en la Ciudad de Oaxaca, y que reunió a Procuradores y Fiscales de todo el país, aprobó el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; organizaciones de la sociedad civil consideramos que es un importante paso ante la falta de avances en las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas, cuya cifra de impunidad asciende a 99.6% y ubica a México en los primeros lugares de violencia contra periodistas y medios de comunicación a nivel mundial.[1]
Entre los aspectos más importantes del Protocolo destacan, a) la creación de planes de investigación eficaces que orienten los actos de investigación; b) la obligación de agotar todas las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística de la víctima, estableciendo una serie de preguntas orientadoras; c) el análisis de contexto, mismo que se integra a través de una metodología exhaustiva que prevé los antecedentes de publicaciones de la víctima y el contexto de agresiones, criminalidad y violaciones a derechos humanos en la región donde ocurre el delito ; d) actos de investigación dirigidos a identificar a todas las personas responsables de delitos (materiales e intelectuales); e) directrices de enfoque especializado de género e interculturalidad; y el f) desarrollo preciso y claro de los criterios de atracción de una investigación por parte de la FEADLE. Por ello las organizaciones de la sociedad civil que participamos en la discusión y elaboración del Protocolo, vemos la necesidad de su inmediata, correcta y obligatoria aplicación por parte de todos los Agentes del Ministerio Público y Fiscales a nivel federal y estatal.
Consideramos que la mejor forma de proteger a las personas periodistas es luchando contra la impunidad, a través de investigaciones creíbles, exhaustivas e imparciales, en donde los perpetradores sean sancionados y llamados a rendir cuentas. En el informe publicado el pasado 19 de junio con motivo de su visita a México, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, corroboraron los escasos avances en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos contra periodistas en el país, al no identificar a los responsables materiales e intelectuales de delitos, ni agotar todas las lineas de investigación relacionadas con su labor, existiendo una desconfianza hacia las instancias de procuración de justicia que incluso agravan los riesgos que ya enfrentan.
Las organizaciones firmantes reconocemos el avance generado a partir de las exigencias por parte de la sociedad civil, las y los periodistas y recomendaciones de organismos internacionales. Sin embargo es necesario recordar que este protocolo, si bien constituye una herramienta necesaria para la procuración de justicia y el combate a la impunidad en delitos cometidos contra la libertad de expresión, se requiere un modelo de procuración de justicia autónomo e independiente respecto al poder ejecutivo; depuración del personal de las instituciones ministeriales; capacitación idónea a funcionarios ministeriales; debida independencia de servicios periciales, y dotar de recursos humanos, financieros y materiales a la FEADLE y a las fiscalías o unidades locales que desplieguen estás investigaciones.
Por tanto, exhortamos a las Fiscalías y Procuradurías del país quienes deberán hacerse cargo de lo anterior, en aras de cumplir con lo que se establece en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de realizar investigaciones diligentes, imparciales y exhaustivas. La aprobación de esta importante herramienta es un primer paso hacia el objetivo principal que es erradicar la impunidad que impera en la violencia contra la prensa en el país.
ATENTAMENTE
Reporteros Sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas, CIC Propuesta Cívica, CIMAC, Article 19, Espacio_OSC.
Las organizaciones que conforman el Espacio_OSC son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC¬Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras SMR; Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
[1] CPJ, Global Impunity Index 2017, consulta: https://bit.ly/2lDuvQw
