Imperva (empresa especializada en la seguridad de Base de Datos), señala que en los ataques RFI “los hackers aprovechan para ejecutar códigos maliciosos y proceder al robo de datos a través de los servidores web”. El ataque RFI contra el sitio web de Cambio, inició el miércoles 30 de julio, a las nueve de la mañana, y hasta el jueves 31 de julio, por la noche, “continuaba”, informó Arturo Rueda, Director Editorial del diario, que se edita en la ciudad de Puebla, Puebla, en el Centro de México.
Cambio es uno de los medios de comunicación en Puebla, cuya línea editorial más señalamientos críticos ha lanzado a la administración que encabeza el gobernador Rafael Moreno Valle. No sólo eso. En las últimas tres semanas, Cambio ha cuestionado fuertemente la utilización de balas de goma, por parte de la Policía Estatal, para reprimir la manifestación del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, que provocó la muerte del niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
No es la única agresión, en el presente año, contra Cambio o sus colaboradores. Producto de su línea editorial, han recibido amenazas e intimidaciones verbales de personajes cercanos a la administración pública estatal, donde les advierten que habrá represalias por su trabajo periodístico.
El ataque informático a la página web de Cambio, se da a poco más de 48 horas de que la casa del periodista Luis Enrique Sánchez Fernández, director del portal informativo Poblanerías, que se edita en Puebla, fuera objeto de un robo, donde los responsables se llevaron su computadora de trabajo y una televisión.
Una semana antes del robo, Sánchez Fernández cuestionó en una columna periodística (publicada en el medio que dirige), el exceso de fuerza utilizado por la Policía Estatal en los violentos acontecimientos de Chalchihuapan, pero también la falta de castigo para funcionarios y legisladores que aprobaron y pusieron en práctica una ley que permite el uso de balas de goma para reprimir protestas.
ARTICLE 19 ha documentado, de 2007 a la fecha, 52 agresiones a la prensa de Puebla, siendo los funcionarios públicos los responsables de 33 ataques.
En el informe del 16 de mayo de 2011, publicado por Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión), se advirtió del incremento de ataques informáticos “para silenciar voces críticas” y observó que aunque suele ser técnicamente difícil determinar el origen de estos ataques y la identidad del autor, los “Estados tienen la obligación a proteger a los particulares de injerencias por parte de terceros que menoscabe el goce del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta obligación positiva para proteger significa que Estados deben tomar las medidas adecuadas y eficaces para investigar las acciones llevadas a cabo por terceros, asegurar que los responsables rinden cuentas, y adoptar las medidas para prevenir la repetición en el futuro.”
De forma similar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, señaló en su informe del 2013 sobre «Libertad de Expresión e Internet» que, cuando un sitio de Internet es objeto de ataques informáticos a personas en particular o a medios de comunicación, se pueden considerar enormemente disruptivos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, razón por la cual el Estado está obligado a investigar estos ataques y repararlos adecuadamente.
Por ese motivo, ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades federales y de Puebla, para que sin contratiempos o excusas, cumplan con su responsabilidad de garantizar y proteger la libertad de expresión bajo su jurisdicción.
Nota para prensa
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