Ciudad de México, a 6 de abril de 2021.- Desde octubre de 2020 -y hasta la fecha- al menos ocho videos del canal La Voz de Julio, de Julio C. Roa, han sido eliminados o restringidos temporalmente de la red social YouTube. Las reglas o normas comunitarias de la plataforma, en el marco de mecanismos de censura instaurados en la más reciente reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor han resultado en la eliminación indiscriminada de contenidos del medio que abarcan noticias sobre financiamiento a periodistas y medios por parte de figuras públicas de previas administraciones.
A lo largo de los últimos seis meses, los siguientes videos fueron eliminados o restringidos:
- Patricia Olamendi, fiadora de LatinUs – En el video se presentan investigaciones que supuestamente vinculan fondos de Silvano Aureoles, actual gobernador de Michoacán y a Patricia Olamendi, activista política y ex-funcionaria del sexenio de Vicente Fox, como fiadora del medio Roa recibió una notificación de queja por “violación a normas de privacidad”, lo que generó un bloqueo por 24 horas en donde se pedía al comunicador tomar acción, ya sea editando el contenido o eliminándolo. El segundo en cuestión que recibió la queja fue aquel donde el comunicador presentó el contrato de Olamendi. Roa se vio forzado a retirarlo para evitar alguna futura sanción de YouTube.
- “El Buki” la conexión entre el gobierno de Aureoles y LatinUs[1] – Este video trataba dos temas: la conexión del gobierno de Silvano Aureoles con el Buki, así como información sobre el comunicador Campechaneando en Youtube. En este caso, se le notificó al comunicador que alguien que se identificó como ContenTV emitió una queja de su video por utilizar un fragmento de la canción The Seekers – I’ll Never Find Another You en la introducción del mismo. No obstante, según las investigaciones de ARTICLE 19 los derechos discográficos de dicha canción pertenecen a EMI Records, W&G RecordsCapitol, RecordsWorld, Record Club Columbia Gramophone Company, y los derechos de distribución a Capitol Records (Universal Studios). Hasta el momento se desconoce el rol de ContenTV y cómo pudo entablar una queja de derechos de autor sin ser la entidad propietaria de esta canción.
- Por lo anterior, el comunicador volvió a subir el video, aunque esta vez sin la música de introducción y sólo enfocándose en el segundo tema (Campechaneando), por lo que lo tituló: @Edd_Campe(Campechaneando) traiciona a la 4T y engaña al presidente. Sin embargo, una vez más recibió una queja por ContenTV en la cual se reportó 16 minutos de contenido periodístico como “violaciones a derechos de autor”. En dicho tiempo sólo se escucha al comunicador discutir las temáticas planteadas, sin ningún audio o música agregados, por lo que es imposible que pudiera existir una vulneración a dicho derecho. Después de emitir una apelación ante la plataforma el video fue desbloqueado.
- Los mil millones de López Dóriga – En este video Roa presenta una investigación sobre contratos de sexenios anteriores con periodistas y medios de comunicación que sobrepasaron los 500 millones de pesos en 18 años. Una vez más el video fue limitado temporalmente. Roa tuvo que enviar una disculpa a ContenTV para que el video fuera desbloqueado.
- ¡Les falló! Aquí la evidencia de los negocios del gobierno de Aureoles con su exsecretario – El video presenta una investigación sobre fondos del gobierno de Aureoles y algunos funcionarios de su gabinete. En esta ocasión el comunicador recibió una queja de supuestas violaciones a las normas de privacidad por presentar un perfil de LinkedIn donde se identifica a una persona que ostenta dos trabajos al mismo tiempo: uno en LatinUs y otro en Valuad, empresa responsable de las campañas de promoción del estado Somos Michoacán del gobierno de Aureoles. Después de emitir una apelación ante la plataforma la queja fue improcedente.
- En Vivo: Olamendi, “La Fiadora” de Latinus – En este video Roa presentó mayores aportaciones a la investigación que vincula a Patricia Olamendi como fiadora del medio El video reporta quejas de privacidad en al menos cinco instancias en donde el comunicador muestra algunos documentos de su investigación. El video fue restringido.
El comunicador también relató a ARTICLE 19 que al menos otros dos de sus videos recibieron limitaciones temporales a la monetización[2] en este mismo periodo, sin que YouTube explicara la razón. Dichos videos contienen información noticiosa sobre supuestos fondos y transacciones entre García Luna y Chertorivski Woldenberg y sobre una investigación de una presunta mansión de Gerardo Sosa Castelan, ex-rector del patronato de la Universidad de Hidalgo.
Para Roa, han sido muy específicas las restricciones: Yo subo videos casi a diario, ya sea editados o en livestream. Sin embargo, solo los que están vinculados a figuras públicas y sus financiamientos están siendo limitados o eliminados. Un ejemplo de esto es que la canción con quejas por derechos de autor sólo ha sido reportada en los videos antes mencionados.
En este mismo sentido, el financiamiento por parte de autoridades o figuras de presencia pública es un tema de interés público dado que transparenta no sólo el funcionamiento y operatividad de los medios de comunicación a través de los cuales la ciudadanía obtiene su información, sino también el potencial uso de recursos públicos en los medios. Esto con el fin de empujar hacia una mejor comprensión del panorama mediático de cara a las audiencias en un ámbito de democratización y pluralización de información.
Cabe resaltar que a la par de estas limitaciones en YouTube, Silvano Aureoles amenazó de acciones legales el 24 de junio 2020 en Twitter al comunicador debido a estas investigaciones. Asimismo, el 14 de marzo Patricia Olamendi estigmatizó a Julio C. Roa e instó a que denunciaran la cuenta de Julio al declarar ayúdenme a denunciar a los cobardes que se escudan en el periodismo.
Por su parte, el medio LatinUs en un comunicado aseguró que ni Roberto Madrazo, ni Silvano Aureoles, ni el Gobierno de Michoacán, ni Patricia Olamendi tienen nada que ver con el medio.
Para ARTICLE 19 los hechos aquí reflejados representan un obstáculo a la libertad de expresión e información, provocada por el uso arbitrario de las normas comunitarias de derechos de autor y de privacidad implementadas por la red social YouTube. En vez de brindar una auténtica protección a los derechos humanos o patrimoniales, estos operan como un mecanismo de censura que tiene el potencial de reducir el flujo periodístico e informativo.
Esto también ejemplifica potenciales repercusiones de las decisiones de la actual legislatura federal, principalmente, las reformas inconstitucionales a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal y la importación del mecanismo de notificación y retirada[3].
Las reformas permiten que cualquier persona pueda activar el mecanismo de notificación y retirada sin que siquiera deba seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor, por lo que se generan procesos de censura en línea. Lo cual viola el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su momento, ARTICLE 19 alertó sobre las potenciales consecuencias de la censura en redes sociales, ya que las reformas no otorgan los suficientes candados para garantizar que este mecanismo no sea abusado por parte de personas que, por ejemplo, participaron en hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos, y busquen incesantemente eliminar contenidos inconvenientes o incómodos sobre ellos en Internet y en portales de medios digitales.
La legalización de la censura se materializó en un momento en el cual la libertad de expresión y en particular la labor periodística, se encuentra bajo ataque. Desde ARTICLE 19 hemos documentado cómo en México se han bajado páginas enteras con información periodística de interés público bajo una supuesta vulneración a los derechos de autor y cómo el mecanismo de notificación y retirada ha sido abusado por parte de diversos actores.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19:
- Urge al poder legislativo federal eliminar los mecanismos de censura contemplados en la más reciente reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, dado que violan la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. El poder legislativo tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión e información, resguardándolo de procedimientos ilegítimos de restricción y eliminación de contenidos en Internet.
- Pide a YouTube aclarar la situación de los videos restringidos a Julio C. Roa, con el fin de que el comunicador pueda seguir publicando información de relevancia pública.
- Llama también a la plataforma a configurar sus normas comunitarias acorde a los estándares internacionales del derecho humano a la libertad de expresión y a contar con mecanismos de apelación efectivos y de transparencia respecto de la aplicación de sus políticas, de sus canales de comunicación y de los procedimientos de restricción y eliminación de contenidos.
[1] Video eliminado, no se cuenta con el vínculo original.
[2] Proceso por el cual YouTube da beneficios económicos a videos en su canal.
[3] Mecanismo de remoción de contenido que faculta a quien se identifique como titular de un contenido publicado en línea para solicitar su remoción inmediata de Internet, sin recurrir a un proceso legal.
Nota para prensa
Para más información o agendar una entrevista, favor de contactar a Juan Vázquez, Oficial de Comunicación, al teléfono 5545881166 o al correo jvazquez@article19.org
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión
