Ciudad de México, a 9 de junio de 2016.- Estrella Pedroza, reportera de El Regional del Sur y corresponsal de La Silla Rota, fue agredida físicamente por policías del Mando Único de Cuernavaca, cuando documentaba su actuación, el miércoles 8 de junio.
Alrededor de las 9:00 horas, Pedroza videograbó con su teléfono que policías de esta agrupación agredieron verbalmente al conductor de un taxi, en Av. Universidad de la capital morelense.
Uno de los elementos se acercó para cuestionarle por qué estaba documentando, la reportera le dijo que era prensa y el policía le pidió que mostrara una acreditación. Inmediatamente le arrebató el celular y lo tiró al piso. Cuando Pedroza intentó levantarlo, el uniformado lo pateo hacia abajo del taxi.
Al manifestar su derecho constitucional a documentar –sin importar que ella fuera reportera o no– uno de los policías le dio un manotazo en la cara. En ese momento, dos transeúntes intervinieron para mediar la situación.
Horas después de los hechos, la autoridad comunicaría que se trataba de la detención de dos tripulantes que viajaban en el taxi “porque agredieron verbalmente a los policías”.
Una vez que se retiraron del lugar los elementos de seguridad pública, el taxista llevó a la reportera a interponer una queja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Asuntos Internos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Al llegar al lugar, personal de la dependencia impidió el acceso de la reportera a las instalaciones, exigiéndole que contara los hechos al personal que estaba ahí afuera.
Cuando le permitieron ingresar fue cuestionada en reiteradas ocasiones y de manera intimidatoria por el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Marco Antonio Lara Olmos, sobre que grabara lo sucedido y que “defendiera a esos tipos de personas”. Tales cuestionamientos constituyen un claro acto de obstaculización de acceso a la justicia.
La periodista y también integrante de la Comisión de Periodistas del Mecanismo de Protección a Periodistas de Morelos, dijo a ARTICLE 19 que el conductor del taxi y su hermano fueron detenidos momentos después de haberla llevado a las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, a pesar de que ellos acudieron a dicha institución para llevar a la reportera y para presentar una queja.
Un día después, el 9 de junio, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) envió desde su cuenta de correo oficial un comunicado donde cuestionan la identidad como reportera de Pedroza, niegan que el celular fuera tirado al piso por uno de los elementos, e incluso asegura que ella fue la que amenazó a los policías.
En el citado comunicado, la CESP señala:
“Al momento de entrevistar a los sujetos, una persona del sexo femenino, quien se dijo reportera, sacó su teléfono celular y comenzó a grabar el hecho. En ese momento, los hombres se pusieron agresivos y al empujar a los policías, también lo hicieron con la persona mencionada, lo que ocasionó que se le resbalara el teléfono, cayendo al piso.
Ante esto, la persona ya referida amenazó a los policías, según la versión que dan los mismos sobre estos hechos.”
En el caso se presentan tres situaciones preocupantes que deben ser investigadas y revertidas de inmediato:
1) Se bloqueó con violencia física el ejercicio de libertad de expresión, específicamente el derecho a recabar información de interés público (actuación de funcionarios) en el espacio público.
2) Se obstaculizó el acceso a la justicia a una persona agredida por elementos de seguridad pública en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y públicamente se pretendió estigmatizarla y criminalizarla.
3) Todo lo anterior se derivó de la intención de elementos policiacos de detener a dos tripulantes de un taxi por “ofender a la autoridad”.
Es necesario recordar a las autoridades de seguridad pública del estado de Morelos, que la ciudadanía en general –y los periodistas en particular– tienen derecho a documentar hechos de interés público. En efecto, los hechos de interés público se consideran discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión. En este caso, el interés público de la información radica en la recopilación de información sobre actividades que despliegan servidores públicos, máxime cuando presuntamente están actuando de manera arbitraria.
Por otro lado, es vital para una democracia que las autoridades del Estado, cualquiera que sea su nivel, se abstengan de estigmatizar y criminalizar públicamente a ciudadanos y periodistas debido a su ejercicio crítico de la libertad de expresión. En este sentido, las autoridades son garantes de este derecho, por lo que deben tener mayor cautela al momento de emitir pronunciamientos que pongan en riesgo y mayor grado de vulnerabilidad a quienes se expresan libremente. Esta situación se agrava ante el contexto actual de agresiones sistemáticas a la prensa en el país.
Por último, resulta cuestionable que las autoridades pretendan detener y procesar personas que supuestamente profieren insultos a los servidores públicos. Como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades tienen el deber de soportar con mayor grado críticas y comentarios que puedan ser mordaces, inćomodos, e incluso considerarse ofensivos.
ARTICLE 19 exige a las Procuraduría del estado investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el 8 de junio en Cuernavaca. Además exige a la autoridades policiales del estado que sanciones a los elementos que agredieron a la periodista y a quienes obstaculizaron la presentación de su queja. Por último, es importante que el Poder Legislativo y las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, revise a la luz de los estándares internacionales la normatividad que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión al considerar faltas administrativas o delitos las “ofensas a la autoridad”.
Nota para prensa
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