Por: Paulina Gutiérrez e Isabel García del Área de Acceso a la Información de ARTÍCULO 19
En Noviembre de 2010, la diputada María Yolanda Valencia, Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, anunció la asignación presupuestaria de 55 millones de pesos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR. Por lo tanto, ARTÍCULO 19 decidió monitorear la utilización de dichos recursos. Compartimos con ustedes nuestros hallazgos:
Primero: Incongruencia en la información de la PGR y de la Cámara de Diputados respecto a los recursos asignados a la FEADLE. En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la PGR informó que el total de los recursos asignados en el 2011 a la FEADLE es únicamente de $636 mil 740 pesos.
Segundo: Inexistencia de transparencia en la asignación y ejercicio presupuestal de los recursos para la protección a Periodistas: La FEADLE es una instancia adscrita directamente a la Oficina del Procurador General de la República, y por lo tanto, es imposible saber con cuántos recursos cuenta y la utilización de los mismos a través del PEF y sus informes periódicos de asignación y ejecución.
Otro obstáculo para la transparencia de estos recursos son las serias contradicciones en la información proporcionada por la PGR: La estructura orgánica disponible en Portal de Obligaciones de Transparencia no coincide, ni en número, ni en adscripción, con la información entregada a través de solicitudes de acceso.
Tercero: Inconsistencias de la información. Consideramos que esta cantidad no incluye los recursos destinados a salarios. De acuerdo a la información proporcionada por el Portal de Obligaciones de Transparencia de la PGR, el Fiscal tiene una Remuneración Mensual Total Neta de $114,932.09 pesos. Si además consideramos que la estructura orgánica de la FEADLE contempla a un Fiscal Especial, dos direcciones de área, 3 subdirecciones y 5 jefaturas de departamento, tenemos que el presupuesto total para la Fiscalía no puede ser menor a los $4,563,407.24 pesos aproximadamente.
Cuarto: Disminución de la asignación de recursos para el combate de delitos a periodistas. Con información proporcionada por la PGR, podemos constatar que la asignación de recursos para el combate de delitos contra periodistas (antes FEADP, ahora la FEADLE) ha ido disminuyendo año con año:
Quinto: No existe una adecuada previsión para la utilización de los recursos. Sólo en el año de 2008 el ejercicio del presupuesto asignado se alcanzó en un 96.97%. Destaca que los recursos ejercidos provienen, en su mayoría, de partidas destinadas a “viáticos” y “viajes”, y no es posible identificar asignaciones para medidas cautelares, u otras, que tengan que ver más directamente con la protección.
Después de diversas intentos para tratar de ubicar a los 55 millones, a través de una información electrónica, un colaborador de la Dip. Valencia informó a ARTÍCULO 19 que los recursos asignados a la FEADLE fueron 30 millones a través de la Coordinación General de Delegaciones, distribuidos de la siguiente manera:
También se informó que los 25 millones faltantes para completar la cantidad de 55 millones, fueron asignados al Mecanismo de Protección a Periodistas de la SEGOB, vía la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Esta información es congruente con la proporcionada por la SEGOB: La Secretaría cuenta con 25 millones de pesos para el mecanismo de protección a periodistas (Medidas Cautelares) y, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 aparece como sigue:
Sin embargo, no deja de ser confusa la información, proporcionada por SEGOB, que asevera que el presupuesto total autorizado para la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es de 17.5 millones de pesos, de los cuales el 51.42% (9 millones) se asignó para “servicios de informática” y 14.28% (2.5 millones) a “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”.
Por lo tanto, sabemos que existen los 25 millones de pesos para medidas cautelares del Mecanismo de protección a periodistas, pero no sabemos en dónde se encuentran ubicados, y por ende, no pueden ser fiscalizarlos.
Como conclusión, existen 55 millones de pesos destinados a la protección a periodistas (30 para la PGR y 25 para SEGOB) sin embargo, la falta de transparencia y claridad en la información alrededor de estos recursos impide la rendición de cuentas y el control ciudadano en aras de una asignación suficiente de recursos y su ejercicio eficiente y eficaz para hacer frente a las agresiones contra los periodistas. Solicitamos a todas las instancias correspondientes (Ejecutivo y Legislativo) hacer más transparentes estos recursos y con ello contribuir a que la información se convierta en una herramienta clave para la protección de los derechos de los periodistas.
