México, D.F., a 14 de septiembre de 2015.- A nueve meses de conocer la investigación sobre el asesinato de Moisés Sánchez, la Procuraduría General de la República (PGR) niega que éste sea periodista y lo califica como taxista para concluir que su homicidio no derivó de su actividad periodística. La postura da paso a que la impunidad en los homicidios de comunicadores permanezca, sin generar condiciones para que la prensa pueda ejercer libremente su labor.
La instancia resolvió con criterios restrictivos y contrarios a las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos. La PGR aplicó el acuerdo interno mediante el cual creó la FEADLE (A/145/10) sin tomar en cuenta los criterios nacionales e internacionales que protegen de manera especial las labores de quienes buscan, reciben y difunden información por cualquier medio.
Moisés Sánchez era director y editor del periódico “La Unión” de Medellín de Bravo, en Veracruz, medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas en el municipio.
El periodista fue privado de la libertad el 2 de enero. De acuerdo con testigos, un comando armado lo sacó con violencia de su domicilio. Además, los responsables se llevaron su computadora, cámara fotográfica y celular.
La actuación de la Procuraduría General de la República destaca por desechar testimonios, dictámenes periciales e informes policiales que acreditan la actividad periodística de Moisés Sánchez, además de ignorar los preceptos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios reiterados por la Corte Interamericana y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Esto permite afirmar que existe un claro desinterés de la PGR para combatir la impunidad de los delitos contra periodistas, asimismo representa una conducta regresiva que atenta contra la seguridad y protección de todas las personas que ejercen su libertad de expresión en México.
Esto demuestra una clara intención de la PGR de respaldar la decisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) relativa a no atraer la investigación que por ley le corresponde conocer. Peor aún, pasa por alto la reforma de 25 de junio de 2012 al artículo 73 fracción XXI de la Constitución y a diversas leyes secundarias –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013- que establecieron los criterios para atraer los caso de delitos cometidos en agravio de periodistas en razón de su labor.
Las determinaciones dictadas en dicho sentido y bajo tal fundamentación fomentan la impunidad de las agresiones contra periodistas; afectan de manera directa, particular y colectiva a un grupo de personas que, en la búsqueda de la verdad y la exigencia del escrutinio público, se encuentran en condiciones de riesgo y violencia generalizada.
La PGR emitió el 21 de agosto una resolución en cumplimiento del amparo concedido al hijo del periodista, Jorge Sánchez, dictado por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal. La jueza federal ordenó a la Procuraduría resolver nuevamente sobre la negativa a ejercer la facultad de atracción por la falta de una debida fundamentación y motivación en su primera resolución dictada en febrero, en la cual negaba atraer el caso.
Frente a tales conclusiones que resultan contrarias a las obligaciones constitucionales y legales de la PGR, y que permanecen pendientes por cumplir en atención a este y muchos casos graves de agresiones a periodistas, el pasado 10 de septiembre, se interpuso nuevamente un amparo contra la nueva resolución, el cual resolverá el mismo juzgado federal.
ARTICLE 19 hace un llamado al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal para que falle a favor de la familia del periodista Moisés Sánchez y se reconozca la obligación constitucional que tiene la Procuraduría General de la República de brindar justicia y reparación del daño por su asesinato.
Nota para prensa
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