• Los nuevos datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas documentaron 651 fosas clandestinas a partir de información de fiscalías estatales, 32 fosas en los registros de la Fiscalía General de la República y 433 fosas identificadas en notas periodísticas durante el año 2025. 
• Discrepancias entre los registros oficiales de fosas evidencian desafíos en el acceso a la información.

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Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La Plataforma Ciudadana de Fosas presentó la actualización de sus registros correspondientes a 2025, un ejercicio que reúne y analiza información oficial y de medios de comunicación sobre el hallazgo de fosas clandestinas en México. Los datos muestran diferencias importantes entre las fuentes y evidencian los desafíos que persisten para contar con información pública completa, accesible y comparable sobre el hallazgo de fosas clandestinas.

La Plataforma Ciudadana de Fosas es un esfuerzo de la sociedad civil coordinado por ARTICLE 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que busca documentar y visibilizar los hallazgos de fosas clandestinas a partir de la información pública, así como contribuir al análisis de las desapariciones ante la falta de registros oficiales sobre este tipo de hallazgos. 

Tres fuentes, cifras distintas

De acuerdo con la actualización, las fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades durante 2025. Sonora concentró 204; Chihuahua, 85; Baja California Sur y Jalisco, 71 cada uno.

En contraste, los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) consignaron 32 fosas en solo seis entidades: Tamaulipas (15); Jalisco (6); Guerrero (5); Coahuila (3); Michoacán (2), e Hidalgo (1).

Por su parte, el monitoreo de notas periodísticas identificó 433 fosas durante el mismo año. Las siete entidades con más registros concentraron 265 de las 433 fosas documentadas por la prensa durante 2025, lo que representa el 61.2 % del total, concentradas en los estados de Sonora (68), Chihuahua (60) y Baja California Sur (44), seguidas de Jalisco (25) y Sinaloa (25), Baja California con 23 y Guanajuato con 20.

Las discrepancias entre las cifras oficiales y los registros de prensa evidencian la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis forense y de desaparición, y evaluar la respuesta del Estado. Mientras las instituciones ofrecen conteos distintos, persiste una pregunta fundamental: ¿qué ocurre después de que se localiza una fosa? Sin datos públicos homologados y actualizados sobre las investigaciones, la identificación de los restos y el acceso a la justicia, resulta imposible conocer el alcance de los avances institucionales y medir la efectividad de las acciones gubernamentales. 

El Estado no solo tiene la obligación de localizar las fosas, sino de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia a sus familias. Sin información verificable sobre estos resultados, la rendición de cuentas queda incompleta y las familias y la sociedad entera seguimos sin respuestas.

Cuerpos y restos humanos localizados

La actualización también documentó 833 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en 15 entidades, según fiscalías estatales. Jalisco registró (257); Sonora (239); Chihuahua(119); y Baja California Sur (96). De los 833 cuerpos registrados, el 58.5 % (487) correspondió a hombres y el 7.1 % (59) a mujeres. En el 34.5 % de los casos (287), los registros no contaban con información sobre el sexo de las personas.

Además, la Plataforma contabilizó los restos reportados por las fiscalías estatales, cuyos reportes son de un total de 226 restos humanos recuperados de fosas clandestinas en diez entidades. Michoacán encabeza la lista con 99 restos, San Luis Potosí con 37, Sonora con 30 y Guerrero con 28 que en conjunto representaron el 73.5 % del total reportado. Además, en el 85.8 % de los restos (194) no se registró información sobre el sexo, lo que evidencia importantes vacíos en la documentación. Estas cifras no equivalen al número de víctimas, pues varios restos pueden corresponder a una misma persona.

Un conversatorio sobre los datos, las búsquedas y la transparencia

La actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas 2025 estuvo acompañada de un conversatorio en el que participaron personas buscadoras, investigadoras y defensoras de derechos humanos, quienes compartieron experiencias, hallazgos y retos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas y la documentación de fosas clandestinas en México.

“Como familias necesitamos una base nacional de fosas. De nada sirve encontrar a nuestros desaparecidos si van a ser víctimas de una segunda desaparición en las fosas comunes”, exigió Cecilia Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, quien compartió la experiencia de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas en ese estado. En enero de 2025, el colectivo encontró 45 fosas y más de 65 cuerpos cerca de Hermosillo, en uno de los hallazgos más grandes de la zona. En 2025, el colectivo registró  en esa entidad alrededor de 70 fosas y 102 cuerpos.

Jorge Ruiz, del Violence and Transitional Justice Lab de la Universidad de Notre Dame, abordó el contexto sociopolítico de Jalisco a partir del caso de Teuchitlán. También presentó los avances de una investigación que combina imágenes satelitales y bases de datos. “Teuchitlán no es un caso aleatorio. Jalisco encabeza la lista de hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos exhumados”, señaló.

Por su parte, Penny Ramírez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, presentó los hallazgos de fosas clandestinas documentados en fuentes abiertas e incorporados en esta actualización y destacó el papel fundamental de las familias y los colectivos en la localización de estas fosas. “Quienes nos hacen falta en casa no son una cifra. El Estado debe seguir ampliando las tareas de búsqueda e identificación. El paradero de las personas desaparecidas se desentierra junto con las familias”.

Finalmente, Pamela Benítez, de Data Cívica, explicó los retos que plantean las discrepancias entre los datos de las fiscalías locales y los de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la opacidad en el acceso a la información. “Esta actualización permite conocer cientos de hallazgos, pero también muestra lo frágil que sigue siendo el acceso a esa información. Por eso, nuestra pregunta no termina en cuántas fosas se reportaron. Necesitamos saber dónde están, qué se recuperó de ellas, cuántas personas han sido identificadas y cuántas han vuelto con sus familias”, concluyó.

Con la moderación y participación de Jessica Alcázar, de ARTICLE 19 México y Centroamérica, que resaltó la importancia de estos ejercicios ciudadanos y la necesidad de dialogar sobre la documentación de las fosas clandestinas, los desafíos para acceder a información pública y la importancia de contar con registros que permitan comprender la magnitud de los hallazgos entre la academia, colectivos de familiares en búsqueda y organizaciones de la sociedad civil.

La Plataforma subraya que las cifras disponibles no representan necesariamente el universo completo de fosas clandestinas en el país. Las discrepancias entre registros y los vacíos de información evidencian la falta de datos públicos suficientes para dimensionar la magnitud de estos hallazgos y evaluar la respuesta de las autoridades.

Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que garanticen registros completos, homologados, públicos y actualizados sobre las fosas clandestinas, los cuerpos y restos humanos recuperados, las investigaciones y los avances en su identificación. Las autoridades deben asumir su responsabilidad, rendir cuentas y garantizar resultados concretos en la búsqueda, la identificación de las personas desaparecidas y el acceso a la justicia. Las familias tienen derecho a la verdad y a respuestas; el Estado tiene la obligación de garantizarlas.