Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- El medio de comunicación Revista Espejo, denunció la presunta filtración de datos personales de uno de sus periodistas tras investigar y solicitar información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa, relacionada con beneficios fiscales otorgados a empresas privadas.

La solicitud tenía por objeto obtener información sobre el otorgamiento de certificados de promoción fiscal (CEPROFIES) a empresas privadas. Posterior a dicha solicitud, el 8 de octubre de 2026 accionistas de la Revista Espejo recibieron una llamada telefónica de personas empresarias cuestionando por qué estaban investigando estos beneficios fiscales y qué uso se le quería dar a la información solicitada.

Las llamadas de terceros ajenos a la solicitud de información, revelan que personas externas al proceso tuvieron conocimiento de dicha solicitud de información. Ante esta situación, el medio señaló en sus redes sociales a la Secretaría de Economía de Sinaloa como presunta responsable de divulgar información relacionada con la solicitud, así como los datos personales del periodista que la presentó.

Por estos hechos, el 14 de octubre de 2026 Revista Espejo presentó quejas formales ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEIAP) y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado.

Esta filtración de datos sobre una investigación periodística es preocupante dado que:

• Autoridades incumplieron sus obligaciones de transparencia.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que toda persona tiene derecho a solicitar información pública sin justificar ni divulgar las razones por las que la solicita ni el uso que pretende darle.^[1] Ante ello, las obligaciones tanto de las autoridades estatales como de los organismos de transparencia son claras: deben garantizar el acceso efectivo de toda persona a la información en posesión de cualquier autoridad y suplir las deficiencias del procedimiento para favorecer el ejercicio del derecho.^[2]

• Autoridades no protegieron los datos personales del reportero

Tanto las autoridades a lo largo del proceso de transparencia como, en este caso, la Secretaría de Economía de Sinaloa debieron proteger todos los datos personales que tenían en su posesión. Por ley, una autoridad no puede entregar libremente datos personales a terceros sin justificar legalmente la transferencia.^[3] Cualquier transferencia se debe formalizar mediante cláusulas contractuales, convenios de colaboración u otro instrumento jurídico que permita acreditar el alcance del tratamiento de los datos, así como las obligaciones y las responsabilidades de las partes.^[4]

La divulgación de datos del solicitante resulta alarmante porque los cuestionamientos de las empresas reflejan la exposición y vulnerabilidad que tienen los medios, y cómo estos son exponenciados por las autoridades durante las investigaciones periodísticas. Los riesgos de seguridad incluso pueden ser más altos cuando las investigaciones tienen que ver con el crimen organizado o crímenes de lesa humanidad.

El incidente también representa un riesgo a la dimensión social e individual de la libertad de expresión. Indagar sobre el ejercicio de los recursos públicos y la administración pública es parte fundamental de la democracia. El periodismo juega un papel fundamental para que la sociedad pueda gozar de las dos dimensiones de la libertad de expresión: la individual, que se refiere al derecho de cualquier individuo a expresar ideas y opiniones por cualquier medio; y la dimensión social o colectiva, la cual tiene que ver con el principio básico de que cualquier sociedad necesita información veraz, equilibrada, oportuna.

Dado lo anterior, desde ARTICLE 19:

• Llama a la CEAIP y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa para que hagan las investigaciones pertinentes de manera diligente, exhaustiva y sin dilación, para esclarecer los hechos denunciados por la Revista Espejo.
• Exige que se apliquen las medidas de apremio y sanción administrativa por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, establecidas en el título noveno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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^[1] Artículos 4 y 14 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

^[2] Artículos 6, 10 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

^[3] Artículo 59 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

^[4] Artículo 60 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.