Foto: Cortesía del periodista

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica alerta por los reiterados actos de estigmatización y descalificación contra Carlos Alberto Pérez Gómez, periodista del medio Todo en Contra, provenientes del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, así como por otros funcionarios del Ayuntamiento, en un contexto previo de agresiones relacionadas con el ejercicio de su labor periodística.

El episodio más reciente ocurrió el 9 de septiembre de 2026, durante la conferencia de prensa llamada La Toluqueña.  Pérez Gómez cuestionó a las autoridades municipales sobre problemáticas relacionadas con la extracción de agua y los hundimientos registrados en Toluca. Durante el intercambio, Ricardo Moreno y Gabriel Medina, director municipal de Planeación y Gestión Urbana, desacreditaron públicamente su trabajo al señalar que realiza “activismo”, que modifica el contenido de los mensajes de las autoridades y que su labor es “irresponsable” y “genera alarma entre la población”. Los señalamientos continuaron posteriormente en redes sociales por parte de funcionarios municipales.

De acuerdo con el testimonio^[1] del periodista otorgado a ARTICLE 19, el alcalde de Toluca ha recurrido anteriormente a expresiones similares para cuestionar el carácter periodístico del trabajo de Pérez Gómez. El 6 de agosto de 2025, durante La Toluqueña, lo señaló por primera vez como “activista” y cuestionó su labor; el señalamiento volvió a producirse el 21 de enero de 2026.

Para ARTICLE 19 resulta particularmente preocupante que desde el poder público se pretenda establecer una falsa contraposición entre “periodismo” y “activismo” como mecanismo para desacreditar una cobertura crítica. Una autoridad no puede determinar quién merece ser reconocido como periodista a partir de su línea editorial, sus opiniones, las causas sobre las que informa o el grado de incomodidad que sus investigaciones generen. Cuestionar al poder no despoja a una persona de su calidad de periodista. Investigar, contrastar y preguntar forman parte de la función social que el periodismo desempeña en una sociedad democrática.

Los estándares internacionales reconocen una definición amplia y funcional del periodismo, vinculada a observar, documentar, analizar y difundir hechos, opiniones y asuntos de interés público. Por ello, la protección de la libertad de expresión no depende de que una autoridad considere una cobertura “objetiva”, “neutral” o políticamente aséptica. El periodismo crítico y las voces que fiscalizan la actuación gubernamental cumplen una función indispensable en una sociedad democrática, particularmente porque las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor escrutinio respecto del ejercicio de sus funciones.

ARTICLE 19 recuerda que las autoridades pueden responder, ofrecer información y discutir públicamente una investigación periodística. Sin embargo, debido a su posición, sus pronunciamientos están sujetos a un deber reforzado de cuidado cuando se dirigen contra periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las autoridades deben evitar declaraciones que puedan incrementar la vulnerabilidad de quienes participan en el debate público o generar condiciones que eleven los riesgos en su contra.

Este deber adquiere especial relevancia frente a los antecedentes de agresión contra Pérez Gómez. En julio de 2024 fue detenido mientras realizaba una cobertura periodística y posteriormente incorporado al Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México. La denuncia penal iniciada entonces en su contra fue archivada definitivamente en abril de 2025 sin que se acreditara delito alguno. En octubre de 2025 recibió además una amenaza de muerte relacionada con una cobertura en Toluca, cuya investigación terminó en archivo temporal.

A este contexto se suma la falta de respuestas institucionales efectivas frente a las agresiones denunciadas. La investigación por el intento de sustracción de una cámara de videovigilancia instalada en su domicilio como medida de protección también fue archivada temporalmente; mientras que una queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por su detención en 2024 concluyó, después de casi dos años, sin reconocer violaciones a derechos humanos. La falta de investigaciones diligentes y respuestas efectivas frente a agresiones contra periodistas favorece condiciones de impunidad y repetición.

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• Al presidente municipal Ricardo Moreno Bastida y a las personas funcionarias del Ayuntamiento de Toluca, cesar los discursos estigmatizantes y las descalificaciones contra Carlos Alberto Pérez Gómez, y abstenerse de utilizar su posición institucional para desacreditar su calidad de periodista o la naturaleza crítica de sus coberturas.
• Al Ayuntamiento de Toluca, garantizar condiciones para que periodistas puedan preguntar, investigar y cubrir asuntos de interés público sin represalias ni estigmatización.
• Al Mecanismo de Protección del Estado de México, incorporar estos nuevos hechos al análisis de riesgo del periodista, considerando la reiteración de los señalamientos, su origen en autoridades públicas y sus antecedentes de agresión.
• A las autoridades competentes, garantizar investigaciones diligentes sobre las agresiones previamente denunciadas y combatir la impunidad que favorece su repetición.

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^[1] Entrevista realizada el 11 de septiembre de 2026