Diputado Héctor Serrano Cortés amenaza a periodista en San Luis Potosí
Foto: Congreso de San Luis Potosí
Ciudad de México, a 11 de julio de 2026.– ARTICLE 19 México y Centroamérica externa su preocupación frente a las recientes amenazas legales ejercidas por el Diputado Héctor Serrano Cortés contra periodistas que han dado cobertura a la manifestación que se realizó en el Congreso del Estado en San Luis Potosí el pasado 23 de junio, por la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que tipifica como delito el uso de inteligencia artificial con fines considerados ilícitos.
Durante el desarrollo de la protesta, la periodista Margarita Zacarías, del medio CRM Noticias, entrevistó al diputado Serrano Cortés. Al ser cuestionado sobre la limitada y ambigua definición de quiénes son o pueden ser considerados periodistas, bajo los criterios de la reforma que adiciona el artículo 187 Ter al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, el legislador respondió que no estaba debatiendo, “que para ser periodista hay que estar acreditado (sic)”, cuestionando incluso si la periodista contaba con estudios formales para ejercer el periodismo. Descalificó su trabajo al afirmar que la consideraba una “activista política” y no una comunicadora.
Además de deslegitimar el trabajo de Margarita Zacarías, el diputado Serrano -de acuerdo con el testimonio de la periodista- sugirió que quienes lo critican están en riesgo constante de enfrentar amenazas legales en su contra. Si bien, posteriormente el legislador aclaró que “ya las demandas que están, están (sic)” y que no se trató de una amenaza dirigida a ella: “No se preocupe, no hay ninguna demanda para usted”, para ARTICLE 19 resulta particularmente grave la ligereza con la que un servidor público formula este tipo de advertencias veladas, en un contexto donde la criminalización y persecución de periodistas potosinos se ha recrudecido de forma alarmante.
Este episodio de hostigamiento se inscribe dentro de una serie de hechos que ARTICLE 19 ha documentado previamente: desde la entrada en vigor de la reforma, al menos tres personas fueron detenidas y al menos ocho personas más, enfrentan órdenes de aprehensión por los mismos supuestos delitos. Como se señaló en su momento, el uso de normas penales amplias y técnicamente imprecisas genera un riesgo elevado de persecución contra periodistas y comunicadores.
ARTICLE 19 reitera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado estándares sobre la definición de periodista: esta debe ser amplia y basada en la función social, no limitada a un estudio o identificacion. La libertad de expresión y el derecho a la información son condiciones mínimas y necesarias de cualquier estado democrático: sin periodistas que puedan preguntar, cuestionar y confrontar al poder sin temor a represalias, se erosiona la capacidad de la ciudadanía de exigir cuentas a sus autoridades. Los señalamientos y descalificaciones desde el poder público no son un asunto menor, generan un efecto amedrentador que puede disuadir a otras y otros periodistas de dar cobertura crítica a temas de interés público, particularmente en un estado donde ya existen procesos penales abiertos contra comunicadores por ejercer su labor.
Por lo anterior, ARTICLE 19 hace un llamado:
- Al diputado Héctor Serrano Cortés, a abstenerse de cualquier acto futuro de intimidación o descalificación contra la prensa. Recordamos que ningún servidor público debe utilizar su investidura para intimidar, amedrentar o deslegitimar a quienes ejercen el periodismo de manera crítica.
- Al Congreso del Estado de San Luis Potosí, a garantizar condiciones seguras y de respeto para el ejercicio periodístico dentro y fuera del recinto legislativo, y a atender acorde a su propia normativa la iniciativa ciudadana presentada para derogar la «Ley Serrano».
- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí a dar seguimiento puntual a la serie de agresiones que enfrentan las y los periodistas. Reconociendo los riesgos específicos que enfrenta la labor periodística en el estado.
- Al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a actuar de manera proactiva para prevenir que continúen los actos de criminalización y amenazas contra los periodistas en el estado, así como a implementar medidas de protección y prevención ante el patrón de agresiones que se ha documentado.
