Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 2 de marzo de 2025. Ante la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos/as y activistas reprobamos que su aprobación no haya incluido mecanismos de participación y se haya realizado de manera apresurada, por lo que hacemos un llamado a ambas cámaras del Congreso de la Unión para que establezcan un ejercicio efectivo de parlamento abierto que permita robustecer el proceso de deliberación legislativa a partir de los estándares más amplios de protección a los derechos humanos. 

Es importante recordar que esta iniciativa forma parte del proceso de armonización legislativa derivado de la reforma constitucional de simplificación orgánica aprobada en noviembre de 2024, por medio de la cual se elimina al órgano garante de transparencia y de protección de datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y se busca modificar el Sistema Nacional de Transparencia, andamiaje que había colocado a México como un referente en la región. 

Si bien es positivo que se recuperen principios que rigen al derecho a la información como el de máxima publicidad y se mantienen las obligaciones de transparencia y los procedimientos, requisitos y términos para acceder a la información e impugnar las respuestas de los sujetos obligados, también contiene disposiciones que reducen el estándar de derecho que ya planteaba la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre los puntos más preocupantes se encuentra el incremento del número de causales para reservar la información:

• Sobre expedientes judiciales o procesos administrativos, denuncias e inconformidades. Cuando el acceso a información sobre denuncias y procedimientos contra personas servidoras públicas y particulares que manejan recursos del Estado es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción. 
• Sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado. La noción de «daño al interés del Estado» es genérica y puede ser utilizada de manera discrecional, lo que podría emplearse para limitar información ambiental, social y económica sobre proyectos con impacto directo en comunidades, como obras de infraestructura o concesiones de recursos naturales. 
• Que ponga en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas de telecomunicaciones desarrollados por el gobierno Federal, así como instalaciones, infraestructuras, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa. Es riesgoso que se considere como reservada cualquier información que ponga en riesgo la infraestructuras y proyectos prioritarios. Especialmente cuando hay un interés de la sociedad de conocer información relacionada con megaproyectos que afecten los territorios de las poblaciones o esté relacionada con la emisión de contaminantes. 

Asimismo, es fundamental que se mantenga la prohibición de reserva sobre información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción -sin que ésta última tenga que acreditarse-, toda vez que la divulgación de información sobre estos fenómenos es clave para su atención. 

Las organizaciones de la sociedad civil hemos empujado por más de veinte años la agenda de transparencia y protección a los datos personales en el país, por lo que consideramos fundamental que en la transformación del andamiaje institucional y jurídico en la materia se abra un espacio efectivo de participación ciudadana y con ello la experticia acumulada en este camino. Entre las recomendaciones que apuntamos se encuentran: 

a) mantener el principio de máxima publicidad en la legislación secundaria tal  como se encuentra contemplado actualmente; 

b) dar continuidad al conjunto de las obligaciones vigentes y su respectivo mecanismo de denuncia, así como fortalecer las obligaciones temáticas por sujeto obligado, como las que están a cargo del fuero militar y las que están vinculadas con tareas civiles; 

c) garantizar como parte de las funciones de la nueva entidad la realización de la prueba de daño, la prueba de interés público, la facultad prima facie y la definitividad de sus resoluciones; 

d) establecer mecanismos para que las instituciones a nivel federal y estatal  con la facultad competente puedan presentar controversias y acciones de control constitucional ante acciones que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, de modo que se brinden garantías de protección a la ciudadanía; 

e) ampliar la facultad de inconformidad no sólo a los asuntos relativos a recursos federales sino a la revisión de todas las resoluciones de las autoridades responsables locales que confirmen o modifiquen la clasificación o negativas de información;   

f) mantener el recurso de atracción para que las autoridades federales competentes puedan intervenir y resolver asuntos locales que sean de interés público o de gran relevancia en materia de transparencia; 

g) definir el papel de las autoridades garantes en este nuevo esquema sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y que el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública establezca lineamientos claros sobre el funcionamiento de la plataforma, así como medidas para el mantenimiento, protección y actualización continua de la misma, incluyendo los criterios y obligaciones de integralidad en la migración de la PNT; y  

h) fortalecer las capacidades de las personas titulares de datos personales en el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos por parte de sujetos obligados y particulares, asociadas también a su protección dada la incorporación de las tecnologías en distintos campos y funciones. 

Estamos convencidas de que la información y la protección de datos personales juegan un papel central para una mejor actuación de los gobiernos. También de que son vitales para habilitar otros derechos de la sociedad y ejercicios de rendición de cuentas sobre lo que hacen o no las autoridades y lo que se hace con nuestra información privada. En la medida que las discusiones sean más abiertas, plurales y de la mano del pueblo, se construye legitimidad y confianza ciudadana. 

#LoQueDejamosDeSaber

Organizaciones de la sociedad civil firmantes: 

1. Abriendo Datos Costa Rica 
2. Abrimos.info
3. Accountability Lab México 
4. Amnistía Internacional 
5. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
6. Balance Promoción para el Desarrollo y la Juventud AC
7. Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 
8. Codeando México 
9. Colectivo de Periodistas de Monclova 
10. Colectivo Desde Provincia 
11. Colectivo #NiUnoMás Michoacán
12. Consorcio Oaxaca
13. ControlaTuGobierno 
14. Comunicación y Educación Ambiental SC
15. Cultura Ecológica
16. Data Cívica 
17. Enlace Comunicación  Comunicación  y Capacitación 
18. EQUIS Justicia para las Mujeres
19. Familiares Caminando por Justicia 
20. Fundación para la Justicia
21. Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
22. Impunidad Cero 
23. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
24. Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.
25. México Evalúa
26. Mexiro 
27. Observatorio Ciudadano/Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) 
28. Observatorio de Designaciones Públicas 
29. Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato 
30. Qui Tam México Íntegro A.C.
31. Raíchali 
32. Red BCS de Periodistas 
33. Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen
34. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.  
35. Red Periodistas de a Pie 
36. Red Puebla de Periodistas 
37. Sin Fronteras IAP 
38. SocialTIC 
39. Surco Oaxaca 
40. Visión Legislativa
41. Yeeko Inteligencia colectiva

Firmas a título individual:  

1. Aleida Tovar Martínez, asesora parlamentaria Congreso de la Unión 
2. Alfonsina Ávila, periodista de Guanajuato 
3. Amanda Bautista Rodríguez, periodista de Michoacán
4. América Juárez Navarro, periodista en Michoacán  
5. Camelia Muñoz, periodista de Coahuila 
6. Claudia Ramos, reportera de Tuxtepec, Oaxaca 
7. Criselda Farías, corresponsal y reportera de Coahuila
8. Edgar Herrera Barbier, reportero independiente San Martín Texmelucan, Pue. Medio: Reporte Texmelucan
9. Ednita Montoya. Activista 
10. Eduard Martín-Borregón, Tech+Society Mozilla Fellow
11. Efraín Tzuc, periodista 
12. Ericka Guadalupe Ruiz Becerra , redactor web en Guanajuato 
13. Ernesto Aroche Aguilar, reportero Puebla 
14. Estrella Pedroza, periodista 
15. Evangelina Tapia Tovar, académica
16. Francisco Valenzuela, periodista de Michoacán
17. Gabriela Edith Morales Martínez, académica 
18. Gladys Rodríguez Navarro, corresponsal y reportera en Baja California Sur 
19. Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología, ENTS-UNAM 
20. Guillermo Monteforte, Ojo de Agua Comunicación 
21. Héctor Rubio, activista 
22. Hiram Moreno, director general de Evidencias, corresponsal La Jornada 22 
23. Ireri Piña Valdez, periodista en Michoacán
24. Jacqueline Peschard, Seminario de Transparencia de la UNAM 
25. Jaime Armendáriz, periodista de Chihuahua 
26. Marcia Itzel Checa Gutiérrez, activista
27. María del Carmen Nava Polina
28. Mario Javier Velázquez Prado, periodista de Michoacán 
29. Mely Arellano Ayal, reportera Puebla
30. Nadia Sanders, periodista 
31. Omar Ángel Chávez, periodista de Michoacán
32. Patricia Mayorga Ordóñez, reportera de Chihuahua
33. Patricia Monreal, periodista en Michoacán 
34. Rodrigo Llanes Salazar, investigador de la UNAM
35. Rosa Elena Cortés Rodríguez
36. Samantha Páez, periodista de Puebla
37. Sergio A. Rodriguez, corresponsal y reportero Coahuila
38. Sergio Torres Delgado 
39. Xóchitl Rodríguez Quintero