Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 29 de enero de 2025.- Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas hacemos un llamado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) para que garantice el resguardo, acceso público y la transferencia de los datos y la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera clara y transparente, dado que la PNT y el acervo que resguarda son herramientas indispensables para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública.

La importancia del derecho de acceso a la información

El derecho de acceso a la información es fundamental para las democracias, ya que permite a las personas conocer y entender las acciones de las autoridades, exigir rendición de cuentas y participar de manera activa en los procesos de toma de decisiones. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) era la institución clave en la protección de este derecho. A través de herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el INAI ha permitido que la ciudadanía acceda de manera ágil y sencilla a datos esenciales generados por miles de sujetos obligados en todo el país.

Desde mayo de 2016, la PNT ha sido una herramienta para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la consulta de datos personales, la transparencia de la gestión pública y el quehacer de los sujetos obligados, así como una ventana de apertura gubernamental para la sociedad mexicana. Desde su creación, esta plataforma ha consolidado un acervo histórico de enorme valor, que hasta finales de 2024 albergaba más de 14 mil millones de archivos y solicitudes relacionadas con 75 temas prioritarios; esta información equivale a 40 veces lo contenido en el Archivo General de la Nación. La PNT es resultado del cumplimiento durante más de diez años de obligaciones por parte de más de 7 mil sujetos obligados en todo el país y está estructurada en cuatro rubros diseñados para garantizar el ejercicio del derecho a saber:

1. El Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), el cual recopila la información que las autoridades están obligadas a publicar de manera proactiva.
2. El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), que facilita la presentación de solicitudes y resguarda las respuestas emitidas por los sujetos obligados.
3. El Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), donde se ubican los recursos de revisión ante respuestas inadecuadas o negativas a  solicitudes de información.
4. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (SICOM), diseñado para organismos garantes y sujetos obligados, que permite gestionar de manera electrónica los recursos de revisión originados por las inconformidades de la ciudadanía.

La relevancia de estos sistemas radica en su capacidad para garantizar que actualmente la información pública sea accesible, lo cual promueve una cultura de transparencia y apertura gubernamental que fortalece a la democracia y permite la protección de otros derechos humanos.

Lo que se dejará de saber e informar

Si la PNT deja de estar disponible, pierde su funcionalidad y/o se vulnera la integridad de la información, millones de datos valiosos e información de interés público podrían perderse y quedar inaccesibles. Es decir, la memoria histórica de la transparencia y del quehacer del Estado mexicano se borrará.

Esto afectará directamente la posibilidad de las personas para monitorear y evaluar la asignación de recursos públicos, identificar irregularidades, exigir mejoras en políticas públicas y participar activamente en los procesos de toma de decisiones. También se obstaculiza que la población pueda consultar sus datos personales, como expedientes clínicos en posesión de sujetos obligados, así como interponer recursos de revisión o quejas contra aquellos sujetos obligados que no entreguen la información solicitada. En términos concretos, se perdería acceso a información clave como contratos gubernamentales, presupuestos, estadísticas sobre programas sociales, recursos asignados para obras públicas, entre otros.

Además, la falta de acceso a esta información comprometería la capacidad de las víctimas, comunidades y organizaciones para exigir justicia y proteger sus derechos, especialmente en temas relacionados al impacto ambiental de megaproyectos, la transparencia en procesos de consulta indígena y la vigilancia de políticas públicas relacionadas con salud, educación, justicia y seguridad.

Sin estos datos, se debilita la base para el derecho a la participación ciudadana efectiva, lo que incrementa los riesgos de corrupción, abuso de poder y desigualdad en el acceso a recursos públicos. Por otro lado, también se podría perder el instrumento para interponer recursos de revisión o quejas sin necesidad de que la población, y sobre todo, los más desprotegidos, paguen a una persona abogada para acceder a la información pública y de sus datos personales. 

La desaparición del INAI ha generado una grave incertidumbre sobre el futuro de la PNT, ya que la falta de claridad sobre su resguardo y transferencia plantea una profunda preocupación. Ante este contexto, exhortamos al comisionado presidente y comisionadas integrantes del pleno del INAI y a las autoridades involucradas para que definan con claridad y transparencia los pasos necesarios para garantizar la preservación e integridad de la PNT y su información en un repositorio accesible, público y funcional, que permita mantener su carácter histórico y su utilidad en la promoción de derechos y rendición de cuentas. De igual forma, urgimos que establezca un mecanismo de acceso y descarga de la información contenida en la PNT mientras la nueva institución encargada asuma las funciones, asegurando así la continuidad en el acceso a esta herramienta esencial.

De igual manera, hacemos un llamado a las y los legisladores para que trabajen en el diseño de leyes secundarias que regulen la certeza sobre la PNT y su correcta administración. Estas leyes también deben garantizar el derecho a la información con los más altos estándares internacionales. Proponemos la creación de mesas de diálogo con la participación de la sociedad civil, que permitan integrar las perspectivas de diversos sectores en la construcción de un marco normativo robusto.

Asimismo, extendemos nuestra disposición a dialogar con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien será la encargada de la transparencia desde el poder Ejecutivo, para colaborar en la preservación de la PNT y garantizar que siga siendo una herramienta accesible, eficiente y orientada a fortalecer la democracia en el país.

#LoQueYaNoVamosASaber