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Allanamiento irregular contra la periodista Mónica Rodríguez revela uso de agentes de seguridad para intimidar a la prensa en El Salvador

Fotograma de video

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2024.- El miércoles 4 de diciembre de 2024, cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador se presentaron en el domicilio de la periodista comunitaria, Mónica Rodríguez de Bálsamo Radio TV donde además vive con su pareja. Los elementos de la PNC allanaron el lugar justificándose con una supuesta denuncia por estafa, sin embargo no se le informó más a la periodista debido a que el caso se encuentra “en reserva”, impidiendo así que ella conociera más sobre esta vulneración a su privacidad. 

De acuerdo con el testimonio de la propia periodista en un video de la Red Informativa de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), los agentes de la PNC incautaron dispositivos como discos duros y USBs, los cuales contienen información relacionada con su trabajo periodístico, así como datos personales. 

ARTICLE 19 reprueba estas acciones que dan cuenta del uso ilegítimo del poder público que a su vez revelan un patrón de acoso y hostigamiento en contra de las personas periodistas y sus familias. No es la primera vez que agentes de la PNC acuden al domicilio de una persona periodista o su familia argumentando que responden a una presunta denuncia. 

Exigimos a las autoridades salvadoreñas cesar las agresiones contra las personas periodistas. A su vez, es urgente que se garantice un proceso regular y transparente en el que se preserve en todo momento la seguridad de la periodista y su pareja, incluyendo su información personal y profesional. Exhortamos a que se investigue este hecho a fin de evitar su repetición. 

Refrendamos nuestro llamado a poner fin al régimen de excepción en el país, debido a que las condiciones que lo originaron hace más de dos años ya no persisten. En ese mismo sentido recordamos que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que agresiones como la intimidación cortan de forma severa la libertad de expresión. De acuerdo con la propia Declaración, estas agresiones deben ser investigadas, sus autores sancionados y las víctimas reparadas adecuadamente, por lo que instamos al Estado salvadoreño a actuar de acuerdo a este estándar. 

El aumento de casos de acoso judicial contra las personas periodistas en la región es una de las preocupaciones que la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión expresó en su informe de 2023. Este tipo de prácticas, además de intimidar, generan autocensura y dejan en una situación de particular desprotección. Es imperante que estas agresiones cesen y que las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales de respeto y protección a este derecho.