Nuevo informe señala tendencias regionales de afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura indirecta
Un grupo formado por 25 organizaciones de la sociedad civil de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre las tendencias de la censura indirecta a la libertad de expresión en la región. En la audiencia “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas de censura estatal en las Américas”, que tuvo lugar durante el 190º período de sesiones de la CIDH, las organizaciones presentaron su diagnóstico y sus peticiones, que ahora han sido recopiladas en un informe final.
El documento reúne datos, casos emblemáticos y análisis que apuntan a tres estrategias centrales para socavar la libertad de expresión en estos países: la estigmatización contra la labor de la prensa, el control social a través de las nuevas tecnologías de vigilancia y la judicialización de la libertad de expresión en temas de interés público.
Las organizaciones identificaron una hoja de ruta similar aplicada en diferentes países para socavar la democracia censurando la libertad de expresión. En primer lugar, destacaron el establecimiento de una narrativa oficial paralela que estigmatiza la labor de la prensa. El uso sistemático de un lenguaje estigmatizador por parte de los dirigentes políticos ataca directamente a las y los periodistas críticos con los gobiernos, pero afecta a toda la sociedad.
“Es urgente que el sistema interamericano desarrolle los estándares concretos sobre el alcance de la libertad de expresión de los funcionarios, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y cómo ello impacta las comunicaciones del Estado y en el mundo digital, para prevenir la violencia derivada de las estigmatizaciones difundidas en línea, que puede ser entendida como mensajes habilitantes”, señala el documento.
Otro eje del informe se refiere al uso de la tecnología para facilitar mecanismos de control social a través de la vigilancia. Para ello se enumeran e identifican una serie de estrategias, como la geolocalización ilegal, el ciberpatrullaje, el despliegue de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial y el acceso a los datos en poder de las empresas.
Por último, el documento aborda la judicialización de la libertad de expresión en asuntos de interés público, abusando de las herramientas legales. Basándose en casos denunciados en países de la región, destaca las estrategias de uso de acciones penales, detenciones, demandas de indemnización excesivas que a menudo van unidas a campañas de estigmatización y pueden llevar incluso al exilio.
Las organizaciones piden a la Comisión que:
- Llame la atención de los Estados de la región para que refuercen el monitoreo de la situación y se comprometan nuevamente con los parámetros de protección de la libertad de expresión.
- Cree un Protocolo Modelo con directrices para el Estado sobre las implicaciones de su comunicación digital, teniendo en cuenta los parámetros de protección de la libertad de expresión, y que funcione como medida de prevención de la violencia online y su efecto también en las agresiones offline.
- Priorice los casos pendientes ante la Comisión sobre las cuestiones descritas en el informe.
- Publique un informe sobre las formas de vigilancia y sus efectos, teniendo en cuenta los elementos presentados en el informe.
- Y reiteran la petición formulada en una audiencia de la 187ª sesión sobre la judicialización abusiva de cuestiones de interés público para que se elabore un informe temático.
La audiencia en la que se presentaron estas demandas ante la CIDH fue grabada y puede accederse en este enlace.
El informe final completo puede consultarse en este enlace.
