La dictaminación de prisa y sin discusión de la iniciativa que elimina los órganos constitucionales autónomos pone en riesgo los derechos humanos
Foto: Cuartoscuro
- Reformas vinculadas con la protección de derechos humanos deben ser analizadas y discutidas de manera amplia para fortalecer a las instituciones que los garantizan.
- La desaparición de órganos garantes pone en riesgo la protección de derechos humanos.
México, 30 de julio de 2024.- El pasado 25 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de manera intempestiva el calendario para dictaminar 18 de las 20 iniciativas presidenciales presentadas el 5 de febrero de este año.
Entre éstas se encuentra la iniciativa que busca eliminar varios órganos constitucionales autónomos al reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, programada para el próximo 15 de agosto. Preocupa la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información, ya que empezó a circular en redes sociales y en distintos medios de comunicación un presunto dictamen en la materia.
Lo anterior es sumamente grave, ya que la discusión anticipada del dictamen contraviene principios del parlamento abierto, los cuales buscan el fortalecimiento de las iniciativas, toda vez que no existiría ningún mecanismo de diálogo ni de participación ciudadana efectiva sobre una iniciativa que pretende eliminar al órgano garante del derecho (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, INAI) y trasladar sus funciones a distintas dependencias y órganos de gobierno. En este sentido, hay que recordar que fue la misma ciudadanía la que impulsó la existencia de una órgano de vigilancia autónomo en la materia. Además, se pone en entredicho lo anunciado tanto por el presidente de la República como por Claudia Sheinbaum, en el sentido de que el paquete de iniciativas parte del llamado “Plan C” no se aprobarían fast track.
En el caso particular de la iniciativa que desaparece al INAI, el hecho de que se proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones que actualmente realiza el INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato. Esto no significa que no sea necesaria una reforma legislativa en materia de acceso a la información: pero la que es urgente es una que fortalezca el trabajo del órgano autónomo, sobre todo, ante la práctica cada vez más recurrente que han asumido las instituciones de no entregar la información o declararla como reservada.
Es indispensable que, más allá de promover la eliminación de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para que realmente cumplan con la función por la cual fueron creados, que es la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes. Por ello, el nuevo andamiaje debe ser resultado de un proceso amplio de deliberación ciudadana, bajo la premisa de la mayor protección a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] ha referido que es recomendable que exista en el orden normativo una institución garante que cuente con independencia, tanto financiera como política, para centralizar y canalizar las solicitudes de información, a fin de que pueda proteger mejor el derecho y centralizar los esfuerzos por recabar e indexar información pública.
Por todo lo anterior, exigimos al Congreso de la Unión que implementen los mecanismos para garantizar el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado, haciendo un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas para ejercer un mejor control democrático y asegurar el derecho a saber del pueblo de México.
#LoQueDejamosDeSaber
1 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016
