Funcionario de Secretaría de Salud Federal ejerce acoso judicial en contra de la periodista Rosario Martínez de la Vega
Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2023.- ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) condenamos el acoso judicial en contra de María del Rosario Martínez de la Vega, corresponsal de Los Ángeles Press en Guanajuato, por parte de Luis Carlos Rodríguez Robles, subdirector de Atención en Quirófanos y Medicina Crítica del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) y médico tratante de la Secretaría de Salud en dicha entidad.
El pasado 31 de octubre, dos personas vestidas de traje que se identificaron como policías ministeriales, se presentaron en el domicilio de la periodista para notificar de una supuesta denuncia[1] en su contra. Debido a que Rosario no se encontraba en el sitio, un familiar atendió a los individuos. Según los relatos compartidos con las organizaciones, ambos solicitaron información sobre la periodista, ante esto, el familiar de María del Rosario les pidió que se identificaran debidamente; sin embargo, estos se negaron y al intentar ver el nombre que tenían en sus gafetes, los sujetos los taparon intencionalmente. Enseguida, uno de ellos lo amenazó diciéndole ¿quieres que te reviente?, al mismo tiempo que impedía el cierre de la puerta con su pie y le mostraba el arma que portaba. En ese momento, el familiar le respondió que le permitiera grabarlo con su celular para tener evidencia de sus acciones y ambos sujetos decidieron retirarse.
El 1 de noviembre, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se presentó en el domicilio de un contacto cercano de la periodista, y según el testimonio otorgado a las organizaciones, indicó en la entrada que “iba a entregar una invitación personal”, pero en lugar de esto, dejó un citatorio dirigido a María del Rosario por una carpeta de investigación por el delito de acecho y/o amenazas interpuesta por Luis Carlos Rodríguez.
Los hechos aquí descritos ocurren después de que la periodista expuso en redes sociales la circulación ilegal de parches de fentanilo por parte del doctor Luis Carlos Rodríguez, de la publicación de un reportaje sobre irregularidades en materia de contratos para equipo médico en el HRAEB, y de realizar solicitudes de información sobre la presencia de fentanilo y opioides en dicha institución médica.
De acuerdo al punto 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión el Estado debe abstenerse de utilizar su poder […] con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas pues el uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público constituye un medio indirecto de censura.
Preocupa sobremanera a las organizaciones firmantes que un funcionario público utilice el aparato del estado para iniciar un proceso legal en contra de una periodista que está publicando información de relevancia pública. Asimismo, es preocupante que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato catalogue investigaciones periodísticas y opiniones en redes sociales como un delito. ARTICLE 19 ha documentado que el acoso judicial en México, tanto por vías penal como civil, es cada vez más común. Tan sólo en el primer semestre de 2023 se documentaron 12 casos de procesos judiciales iniciados contra periodistas, un promedio de 2 casos al mes.
Por lo anterior, ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) exigimos a:
– Luis Carlos Rodríguez Robles, subdirector de Atención en Quirófanos y Medicina Crítica del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío cesar cualquier proceso judicial en contra de la periodista María del Rosario Martínez de la Vega y abstenerse de cualquier práctica intimidatoria que vulnere tanto su labor periodística como su integridad personal.
– A Jorge Alcocer Varela, director de la Secretaría de Salud Federal, instar al personal y funcionariado de las instituciones a su cargo a erradicar cualquier práctica que fomente un ambiente hostil para el ejercicio periodístico en la entidad y que vulnere el derecho humano a vivir una vida libre de violencia de las mujeres periodistas.
– Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumplir con su obligación de atender y proteger a la periodista a fin de garantizar su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de forma libre y plena.
– A la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir las recomendaciones necesarias para el cese de los procesos iniciados en contra de la periodista a fin de garantizar, a su vez, la reparación de cualquier daño.
[1] En esta visita los presuntos funcionarios no entregaron ninguna notificación por escrito.
