Ante el asesinato de Armando Linares el Estado revictimiza y omite sus responsabilidades
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2022.- ARTICLE 19 condena el asesinato de Armando Linares López, director del medio digital Monitor Michoacán, ocurrido hace tres días en Zitácuaro, Michoacán. Armando denunció amenazas previas contra el medio de comunicación y su colega, Roberto Toledo fue asesinado el 31 de enero pasado. Este caso resalta la urgente necesidad de atender la crisis de violencia contra la prensa mediante una efectiva coordinación interinstitucional no sólo en cuanto a la reacción ante agresiones y asesinatos, sino también en cuanto a la formulación de una política pública integral de prevención y protección.
El martes 15 de marzo sujetos desconocidos ingresaron al domicilio de Armando, ubicado en la la colonia Carabanchel, y lo asesinaron. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que el periodista fue víctima de un ataque con arma de fuego. Según información de Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ese mismo día, alrededor de las 13:30 horas, dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta estuvieron recorriendo la calle en la que vivía el periodista, haciendo preguntas a los vecinos de la colonia para dar con su domicilio. Los mismos sujetos regresaron alrededor de las 18:22 horas, por lo que se les considera los presuntos autores materiales.
Un periodista decidido a informar
Armando es reconocido por sus cercanos por ser apasionado del periodismo y su rol como contrapeso a la corrupción de las autoridades. Tras el asesinato de Roberto Toledo, en una transmisión en vivo Armando reiteró: no vamos a quitar el dedo del renglón en seguir apoyando las causas justas y en seguir exhibiendo corruptos. Precisamente, en Monitor Michoacán Armando y su equipo cubrían temas sobre política local, corrupción y denuncia ciudadana, así como la situación de inseguridad en Zitácuaro y municipios aledaños.
Una de las múltiples razones por las cuales periodistas como Armando deciden no tomar la medida del refugio, ofrecida por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas radica en la intención de no abandonar la labor periodística. Testimonios locales relataron que luego del homicidio de Roberto Toledo, Armando reiteraba la importancia del periodismo crítico y continuar su labor de informar [1]: Se que en cualquier momento me rompen la madre, [sic] lo sé, pero no puedo vivir con miedo, no lo voy a hacer, y no me voy a ir, no me voy a esconder. [2]
Las condiciones de refugio generalmente no incluyen mecanismos que garanticen que, en este caso, una persona periodista pueda continuar su vida, encontrar empleo, escuela para las y los hijos, seguir realizando la labor periodística etc. Si bien los refugios son necesarios, aún falta mucho por hacer para que estos atiendan todas las necesidades de una persona y su familia.
Al respecto, ARTICLE 19 recuerda que, en acorde al Artículo 30 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, las medidas preventivas o de protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo […] En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales. Dicho de otra forma, las medidas que ofrezca el estado mexicano a las personas beneficiarias deben adecuarse a las necesidades de estos, lo que implica generar medidas de protección locales cuando la persona periodista no desee salir de su municipio para no entorpecer su vida personal o ejercicio periodístico.
La decisión de Armando además estuvo influenciada por la desconfianza que tenía en las autoridades para protegerle, derivado de sus propias investigaciones sobre corrupción de gobiernos municipales y estatales. Por ejemplo, Monitor Michoacán investigó y publicó en su portal presuntos desvíos de diversa índole del gobierno estatal de Silvano Aureoles[3], mismo que terminó a fines del año pasado, así como la corrupción de la Fiscalía del Estado. Asimismo, ante las amenazas sufridas a fines de enero, este medio responsabilizó al Presidente Municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac [4], de cuyo gobierno también señalaron actos de corrupción.
La reacción de las autoridades: revictimizar y exculpar
Las autoridades han utilizado la decisión de Armando para revictimizarlo, infiriendo en sus discursos que su muerte es también consecuencia de su negativa de incorporarse al Mecanismo de Protección. Funcionarios de la administración federal repitieron en sus discursos que no aceptó la protección. ARTICLE 19 reitera a las autoridades que 7 periodistas[5] han sido asesinados bajo protección del mecanismo federal y 5 [6] bajo protecciones estatales, entre ellas Lourdes Maldonado. Decir que la muerte de un periodista es consecuencia de no haberse incorporado al Mecanismo es culparle y revictimizarle, además que omite las obligaciones del Estado de proteger y prevenir la violencia contra prensa.
Preocupa a ARTICLE 19 que la respuesta a los asesinatos de Armando y Roberto, por parte de las autoridades ha pasado de la minimización a la exculpación de las obligaciones del Estado: por ejemplo, el mismo día que asesinaron a Roberto, el vocero de la Presidencia afirmó, en su cuenta en Twitter, que Roberto no era en realidad un periodista. Ante este hecho, parte de la energía de colegas se destina a defender la calidad de periodista de la víctima. En un país donde la labor de la prensa se ejerce en graves condiciones de precariedad, muchas personas periodistas están orilladas a buscar otras fuentes de ingreso. Así, la desacreditación de una persona periodista con base en sus actividades económicas, configura una forma más del Estado de evadir la responsabilidad de garantizar la seguridad de la prensa y la libertad de expresión.
Por su parte, López Obrador, en sus conferencias mañaneras del 16 de marzo y del 17 de marzo dijo que los asesinatos a periodistas son crímenes cometidos por la delincuencia organizada, incluso vinculando dichos grupos a fuerzas conservadoras o del periodo neoliberal. Estas declaraciones preocupan pues nuevamente se omite la responsabilidad primordial que tiene el Estado por proteger y prevenir la violencias; es decir, por un lado asegura que tiene que ver con el crimen organizado sin conducir una investigación la cual analice la autoría intelectual de los hechos, y por el otro, al culpabilizar al crimen organizado, buscan exentarse de la responsabilidad que tienen como autoridades.
Juan Antonio Ixtláhuac, Alcalde de Zitácuaro, municipio en donde se encontraba Monitor Michoacán, en un pronunciamiento resaltó el caso de Armando Linares, y emitió un discurso intimidante hacia los medios al decir que debe de haber mucho cuidado en las expresiones de comentaristas dado que no pueden permitir que haya expresiones ligeras, pues podrían corresponder con ánimos de desestabilización de su gobierno. Lo anterior, refiriéndose a los videos que compartieron los señalamientos de Armando Linares a las autoridades. Este discurso sólo abona al clima de miedo y de censura de la prensa, pues estigmatiza a los medios de querer afectar a su gobierno, cuando éstos reportan sobre las investigaciones críticas de Monitor Michoacán que podrían haber afectado intereses y llevado a los ataques que sufrieron el medio y sus integrantes.
El asesinato de Armando Linares y las respuestas de las autoridades se dan en un contexto en el que 44.25% de las personas periodistas agredidas cubren temas de corrupción y política [7]. Desde el 2018 a la fecha ARTICLE 19 documentó al menos 41 agresiones contra periodistas en Michoacán, de las cuales 6 ocurrieron en Zitácuaro.[8]
Como consecuencia de los ataques sufridos, Monitor Michoacán anunció su cierre, resaltando así el doble asesinato, por un lado el de las personas, y por el otro, con el cierre del medio, el silencio de las historias e información que generaba Monitor Michoacán, por lo que la violencia contra la prensa tiene un impacto no sólo a la libertad de expresión de periodistas como Armando y Roberto, sino al derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía, en particular la de Zitácuaro y Michoacán.
Ante la ausencia de medidas efectivas de prevención y protección por parte del Estado en un contexto de crisis de violencia a la prensa en el que al menos 7 personas periodistas han sido asesinadas en 2022.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
- A las autoridades de Zitácuaro, de Michoacán y autoridades Federales, omitir cualquier declaración que culpe o revictimice a Roberto Toledo y Armando Linares.
- A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer los casos de Roberto Toledo y Armando Linares para garantizar una investigación diligente, objetiva y expedita que no sólo lleve a justicia a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales.
- Al Estado de los tres niveles coordinarse para generar las condiciones que aseguren el acceso a la justicia y la reparación del daño a las familias y colegas de Armando y Roberto, así como garantías de no repetición.
- Al Mecanismo de Protección reforzar los planes de protección puestos en beneficio de las y los integrantes del medio Monitor Michoacán y contactarse con los familiares de Armando Linares para prevenir nuevas agresiones en su contra.
[1]ARTICLE 19 documentó con testimonios familiares y colegas de Armando que efectivamente le fue ofrecida la medida del refugio por parte del Mecanismo.
[2]Mensaje de Armando Linares a uno de sus colegas por mensajería instantánea. Compartido por su compañero, cuyo nombre se reserva por seguridad, con ARTICLE 19.
[3] Originario de Zitácuaro, Presidente Municipal 2002-2004, Gobernador de Michoacán 2015-2021.
[4] PRI, 2021-2024.
[5] Cecilio Pineda, Cándido Ríos, Rubén Pat Cahuich, Rafael Murúa Manriquez, Francisco Romero, Jorge Miguel Armenta Ramos, Gustavo Sánchez Cabrera
[6]Pedro Tamayo, Gumaro Pérez, Jorge Celestino Ruíz Váquez, María Elena Ferral, Lourdes Maldonado López
[7] Datos de 2021.
[8]Incluyendo los recientes asesinatos y amenazas de los integrantes de Monitor Michoacán.
Nota para prensa
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