Falta de respuesta de las Fiscalías tras denuncia de intervención telefónica de periodista
Ciudad de México a 13 de julio de 2021.- ARTICLE 19, SocialTIC, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato condenan las intervenciones a las comunicaciones y suplantación de identidad reportadas por Arnoldo Cuéllar, director del medio digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab). Según la información publicada por el medio de comunicación, estas intervenciones de los servicios telefónicos del periodista estarían vinculadas presuntamente al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).
Intervención a las comunicaciones del periodista
Desde su creación POPLab se ha dedicado a la investigación sobre política local y nacional. Los integrantes del medio alertaron en su comunicado:
[…] parece estar relacionada de forma directa con las investigaciones realizadas por el equipo editorial de POPLab sobre el desempeño del fiscal Carlos Zamarripa y el fracaso de sus políticas de persecución al delito, así como la alta impunidad que han conducido a Guanajuato a convertirse en el estado con el mayor número de homicidios dolosos, masacres y atrocidades criminales durante los últimos tres años […]
Arnoldo Cuéllar y su equipo reportaron a ARTICLE 19 varios incidentes y compartieron la información recopilada para verificar la intervención de sus comunicaciones:
- Una cuenta anónima en Twitter proporcionó al equipo de POPLab: copias de capturas de pantalla de diversos chats de Arnoldo Cuéllar con fuentes e integrantes de la redacción de ese medio. Evidenciando que la FGE presuntamente tuvo acceso a conversaciones de la cuenta de mensajería Telegram del periodista en el año 2019.
- En mayo de 2020, Cuéllar identificó que su servicio telefónico sufrió una desconexión de varios días. Según el propio comunicado del medio la explicación dada por el Centro de Atención Telefónica de Telcel fue que un sujeto desconocido hizo una presunta denuncia de robo realizada en una sucursal de esa empresa de telecomunicaciones en Monterrey, Nuevo León, donde el periodista no había estado en años.
- Según la información publicada por POPLab: El alcance de esa clonación pudo ser conocido gracias a otra víctima de intervención ilegal desde el mismo número IMEI, quien dispone herramientas técnicas para analizar la actividad y que se puso en contacto con el periodista Arnoldo Cuéllar en septiembre de 2020.
FGR transfiere el caso a la Fiscalía de Guanajuato
A raíz de los hechos aquí descritos, el 2 de julio, Arnoldo Cuéllar y su representante legal interpusieron una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en su oficina de Guanajuato. Al recibir la denuncia la Fiscalía notificó que se comunicarían en el transcurso de 24 horas.
A falta de comunicación por parte de la FGR, el equipo de POPLab se contactó con la instancia:
[…] el representante legal del periodista Arnoldo Cuéllar, el abogado José Roberto Saucedo Pimentel, se comunicó a la delegación con la oficial ministerial Rosa Martha Ortega, quien informó de forma verbal que la denuncia había sido turnada a la Fiscalía del Estado, en las agencias de la ciudad de Guanajuato, por “no ser competencia federal”.
Hasta la fecha, el medio reporta a ARTICLE 19 que no ha recibido ninguna notificación oficial: Ni por parte de la FGR sobre la declinación de la competencia y su transferencia a la FGE, ni por parte de la FGE que debe dar su notificación sobre la recepción de la denuncia.
El Estado mexicano: Uso de tecnología de vigilancia, espionaje e impunidad en casos de periodistas.
En México continúa la falta de controles democráticos sobre la adquisición y uso de herramientas de tecnologías de vigilancia. Es decir, mecanismos institucionales que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, y eviten el uso abusivo y descontrolado de estas tecnologías. También sigue pendiente la investigación por los abusos de estas herramientas que derivaron en el espionaje a personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas lo cual tiene graves implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
La denuncia de intervención telefónica del periodista Arnoldo Cuéllar se enmarca en un contexto de espionaje en México y otros países del mundo. En 2017 Citizen Lab, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC publicaron un informe sobre el #GobiernoEspía: demostrando el uso del malware Pegasus, comercializado exclusivamente para gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
En 2019, WhatsApp reveló que sufrió ataques por parte de NSO Group, destacando la detección de un número de objetivos en México durante los primeros meses de 2019. A pesar de las exigencias de múltiples organizaciones para que se aclarara esta información por parte del Estado mexicano, no ha habido una explicación o declaración por parte del gobierno Federal.
El contexto en Guanajuato: violencia generalizada y contra la prensa
En Guanajuato, la violencia política ha seguido un incremento continuo donde los enfrentamientos entre grupos criminales son cada vez más comunes. Tanto así, que durante los primeros 29 días del 2021 fueron asesinadas 340 personas. Esta violencia también se ve reflejada en las agresiones contra la prensa. ARTICLE 19 identificó que Guanajuato pasó de tener 1 agresión en 2014, a 17 en 2017, y ahora 25 en 2020, colocándolo en el último año como el décimo estado con más agresiones contra la prensa.
Por lo tanto, preocupa a las organizaciones firmantes que en este clima de violencia política, las y los periodistas, en vez de contar con la FGE como un garante de sus derechos y como una entidad que investigue diligentemente agresiones y delitos en su contra, sea un actor que presuntamente interviene en las comunicaciones de los periodistas, lo que implicaría violaciones no sólo su derecho a la privacidad, sino también el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información y a la justicia.
Alerta aún más a esta organización que la FGR decline una denuncia por intervención telefónica por parte de las autoridades estatales y la transfiera a la misma autoridad acusada de cometer el delito. Dicha acción no sólo se contrapone a la Ley de la Fiscalía General de la República, sino que, al poner en riesgo al periodista alertando a su supuesto agresor de la denuncia, también contradice al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión al no considerar el contexto de la denuncia, los factores de riesgo y no prioriza el ejercicio de la labor periodística de la víctima.
Las organizaciones firmantes condenan todo uso de tecnología de vigilancia o espionaje en casos de periodistas, y reiteran al Estado mexicano su obligación de investigar y esclarecer los hechos. Como lo indicaron el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la entonces Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19, SocialTIC, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato:
- Conminan a la FGR y a las fiscalías estatales a abstenerse de utilizar tecnologías de vigilancia como un mecanismo de intervención de comunicaciones en contra de periodistas como una acción intimidatoria.
- Llaman a la Fiscalía de Asuntos Internos a recibir y dar celeridad a la queja interpuesta por Arnoldo Cuéllar y su defensa.
- Exigen a la FGR y a la FGE de Guanajuato una investigación eficiente, imparcial y a fondo sobre las intervenciones telefónicas y suplantaciones de identidad al periodista.
- Urgen a las autoridades a continuar el diálogo entre sociedad civil y el estado mexicano sobre los mecanismos de control democráticos para la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia en México.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica
SocialTIC
Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Nota para prensa
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