La ética periodística en Baja California amenazada por incentivos gubernamentales
Por Francisco Sandoval Alarcón
“Un lector que conoce la amistad o relación cercana, o los favores que recibe el periodista de alguna fuente oficial, difícilmente creerá que su información sobre esa fuente es válida, o descontaminada de propaganda. Para el lector no basta que el periodista se diga independiente, además debe parecerlo”, con esas palabras Javier Darío Restrepo, periodista colombiano experto en ética periodística y responsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), se refiere a la independencia que deben tener los periodistas respecto a sus fuentes, pero además evidencia las consecuencias que acarrea que un comunicador reciba ciertos “beneficios” de la autoridad.
La postura de Restrepo, vertida en una de las respuestas a las preguntas enviadas a su Consultoriohttp://www.fnpi.org/consultorio-etico/, sale a relucir a propósito de los apoyos económicos y sociales que el Estado de Baja California y el Congreso de esa entidad otorgarán a los representantes de la prensa como parte de una Ley impulsada por el diputado local y ex Líder del SNTE en Mexicali, Gregorio Carranza Hernández.
Fue el pasado 4 de septiembre de 2012, que la “Ley para el Desarrollo y Protección Social a los Periodistas del Estado de Baja California” resultó aprobada por unanimidad del Congreso local, de mayoría priista. Lo anterior como parte de una serie de medidas encaminadas a “mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo de los periodistas a través del otorgamiento de becas de capacitación, estudios en el extranjero, formación profesional, acceso a vivienda, así como apoyos sociales, culturales y recreativos, para lo que se estableció un fideicomiso que en estos momentos es de 6.1 millones de pesos, pero que podría crecer a 9.1 millones en el transcurso de este año. Además, los diputados aprobaron la creación de un consejo encargado de administrar los recursos, que sigue sin definirse pero deberá estar integrado por cinco periodistas representantes de asociaciones y agrupaciones participantes en la iniciativa.
Desde su creación, la mencionada ley ha divido a los periodistas de Baja California. Por un lado se encuentran aquellos que se inscribieron al padrón para recibir los apoyos y por otro, los que desaprueban la medida al considerar que los periodistas no deben estar sujetos a ese tipo de “beneficios” ya que pueden condicionar su labor frente a la autoridad que los premia. «Con el fondo lo único que se va a conseguir es aplaudir al gobierno o callar lo que sucede», asegura Luis Arellano, periodista bajacaliforniano y una de las voces que desaprueba la medida. Arellano es de los que piensa que si bien hay una pauperización en los sueldos de los comunicadores por parte de los medios donde laboran, la solución no es aceptar un trato especial de la autoridad, sino negociar mejores condiciones laborales con el patrón tal como lo haría cualquier trabajador común y corriente.
Lo grave del asunto no sólo radica en la credibilidad que pierde el periodista al aceptar estos apoyos institucionales -que lo ubica en una posición “privilegiada” con el poder-, la redacción de la ley también le abre la puerta a ciertos actores, ligados directamente con las autoridades y ajenos al trabajo periodístico, para que puedan acceder a los beneficios. En la edición del Semanario Zeta del 1 de febrero de 2013, el reportero Cristián Torres denunció que de los poco más de 350 “periodistas” anotados en el padrón de beneficiarios, existían “desde actores de teatro, docentes, reporteros que ya no están en activo, empresarios, políticos o parientes de periodistas, y medio centenar de funcionarios”. Hay por ejemplo un Diputado priista, quien publica regularmente una columna en un periódico local, inscrito en la lista.
Existen otros casos de periodistas de la región que aparecen en el padrón, pero nunca pidieron ser incluidos en la lista. ARTICLE 19 tiene contacto con dos de ellos –por razones de seguridad pidieron no ser mencionados-, quienes sostienen que se trató de una estrategia de las asociaciones participantes para “inflar” el padrón y obtener mayores beneficios.
El pasado 21 de abril la corresponsal del periódico Reforma en Baja California, Aline Corpus, publicó una nota en la que informaba que “en pleno año electoral, el Gobierno de Baja California aprobó fondos millonarios para premiar a los periodistas que considere apropiados. Son 6 millones 152 mil pesos los que la Administración del Gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán destinó a este fin en el Presupuesto 2013 a través de la Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas”. La nota de Aline no sólo generó reacciones entre cierto sector de la sociedad que criticó el premio desde las redes sociales, también provocó que el Secretario General de Gobierno en Baja California, Antonio García Burgos, fijara su postura del tema argumentando que la ley era una iniciativa de un diputado en particular y que fue aprobada por unanimidad del Congreso del Estado. “En ningún momento el Gobierno del Estado sugirió o aprobó o tal iniciativa de Ley como lo menciona la nota periodística”, dijo el Funcionario, quien se olvidó de mencionar que tal y como lo han hecho en otras ocasiones el Gobernador tiene la facultad de “vetar” cualquier iniciativa aprobada por el Congreso. Hace poco más de dos años por ejemplo, Osuna Millán vetó una serie de reformas aprobadas por los legisladores locales para crear nuevas áreas internas al interior del Congreso, lo que evidentemente generaría mayores gastos y por consecuencia arrojaría una afectación al erario.
En estos momentos las asociaciones participantes en la ley -muchas de ellas ligadas al PRI-, viven una especie de lucha intestina para dirigir el Consejo que tendrá carta abierta en la asignación de los 6.1 millones de pesos. Se trata sin duda de un hecho que inflige directamente en la ética del oficio periodístico, ya que aún cuando los “periodistas” que recibirán los apoyos no están cometiendo un acto ilegal, la recepción de estos beneficios económicos afecta su credibilidad y atenta contra el derecho a la información de sus audiencias y lectores.
En su Consultorio Ético, Restrepo sostiene que la mejor forma de ejercer el periodismo es con independencia de las fuentes. “Cuando esto sucede resulta indiscutible que cualquier beneficio, regalo o privilegio ofrecido por la fuente es un irrespeto para el periodista. Y en todo caso es preferible pasar por descortés ante un funcionario fuente, que desleal ante los lectores”.
Buen articulo amigo, pero el veto solo se aplica cuando se aprueban dictamenes sin ser mayoría unánime. No procede el veto.
Yepiz (quiero pensar que eres José Manuel Yepiz, subcoordinador de Comunicación Social del Gobierno de Baja California), tienes razón en el punto que planteas. En este caso en particular con el voto que se dio en el Congreso del Estado durante la aprobación de la ley, que fue por mayoría de 20 sufragios de 25 posibles, el Gobernador no hubiera podido ejercer su facultad de veto, porque el artículo 112 de la Ley local prohíbe que el Jefe del Ejecutivo ejerza esa facultad en leyes aprobadas con más de dos terceras partes del Congreso. En el caso de la ley que nos ocupa, además de los votos emitidos por los diputados del PRI (son 13 los legisladores priistas), hubo 3 legisladores del PAN que votaron a favor de la iniciativa. Además otros 3 diputados del PAN que estuvieron en el arranque de la sesión de ese día, se ausentaron al momento de la votación. Es decir que el PAN, el partido en el que milita el Gobernador Osuna, no puso ningún tipo de resistencia para institucionalizar el “chayote” para la prensa Bajacaliforniana. Pero creo que eso no exime que la ética de los periodistas de Baja California se vea amenazada por esos premios, donde funcionarios de gobierno muy allegados al propio Gobernador están inscritos en la lista de espera para recibirlos. Gracias por tu comentario Yepiz el cual sin duda enriquece el debate sobre el tema.