Estado mexicano debe garantizar derecho a la verdad y a la información en casos de masacres como medida de acceso a la justicia y garantía de no repetición
- La impunidad del pasado tiene impacto en el presente: la falta de verdad y justicia es una deuda que tiene el Estado mexicano con las víctimas, sus familias y la sociedad en general.
- Estado mexicano debe garantizar el derecho de acceso a la información y a la verdad en las investigaciones alrededor de la masacre de San Mateo del Mar, Oaxaca
Ciudad de México, a 23 de junio de 2020.- ARTICLE 19 México y Centroamérica manifiesta su preocupación e indignación alrededor de la masacre ocurrida en San Mateo del Mar, Oaxaca el 22 de junio, en donde 15 personas indígenas fueron asesinadas.
En lo que va del actual gobierno han ocurrido otros hechos atroces, caracterizados por asesinatos masivos. En efecto, este caso se suma a otras masacres, como las ocurridas en Celaya, Guanajuato el pasado 18 de junio, donde 7 personas fueron asesinadas, entre ellas una mujer embarazada y una niña; así como las cometidas en Minatitlán el 19 de abril de 2019, donde fueron asesinadas 14 personas; en Coatzacoalcos ocurrida el 27 de agosto de 2019, en donde 30 personas fueron asesinadas; así como la masacre contra la familia Lebaron el 4 de noviembre de 2019, ocurrida en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Chihuahua, entre otras.
Instamos al Estado mexicano a garantizar la verdad y el acceso a la justicia alrededor de estos hechos como medida que permita asegurar a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana que estos hechos no se repitan. Se deben conducir con transparencia las investigaciones realizadas alrededor de estos hechos y garantizar el acceso a la información relativa a los casos, toda vez que por su magnitud y recurrencia es de interés público para los familiares de las víctima y la sociedad, con el fin de conocer la verdad alrededor de hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos, ya sea por acción, omisión o aquiescencia de la autoridades del Estado.
Sin embargo, históricamente, el Estado mexicano ha fallado en sus compromisos nacionales e internacionales de garantizar el derecho a la verdad en violaciones graves a derechos humanos. Masacres como las del 2 de octubre de 1968, Aguas Blancas en 1995, Acteal en 1997, por mencionar algunos casos, continúan impunes. Seguimos sin saber la verdad de los hechos y los responsables no han sido llevados ante las instituciones que imparten justicia. Así, por décadas se ha perpetrado la impunidad y se ha abierto la puerta a que otras masacres sigan sucediendo.
Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado importantes precedentes en contextos de acceso a la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos. En abril del 2019, el Máximo Tribunal resolvió los amparos 661/2014 y el 453/2015 relativos a la masacre en San Fernando, Tamaulipas, y el acceso a la información respectiva. Mediante dichas resoluciones se envió un mensaje claro para la Fiscalía General de la República, instituciones de procuración de justicia estatales y autoridades competentes que detenten información relativa a estos casos: no se aceptará la secrecía en casos de violaciones graves a los derechos humanos, pues la información es de carácter e interés público, y compete a toda la sociedad conocerla y generar un escrutinio de la misma.
Es por ello que ARTICLE 19 México y Centroamérica, urge a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la verdad y la debida diligencia en las investigaciones judiciales de estos casos bajo los principios generales de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, imparcialidad, exhaustividad, participación de las víctimas y/o sus familiares. Además, en casos como el de San Mateo del Mar, se deben respetar usos y costumbres en el caso de las comunidades indígenas, como un elemento fundamental para el esclarecimiento de lo sucedido, identificar a los perpetradores, las causas, las circunstancias y hechos de las violaciones, el castigo efectivo a los responsables de las mismas, la restitución y/o en su caso la reparación de los derechos de las víctimas y sus familias, y la identificación de aquellas medidas necesarias para evitar que hechos como los sucedidos vuelvan a ocurrir.
Asimismo, ARTICLE 19 insta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que realice las diligencias necesarias para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y emitir recomendaciones que establezcan la gravedad de las violaciones a derechos humanos ocurridas. A todas las instituciones públicas competentes y, en particular, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales exigimos que en el ejercicio del derecho de acceso a la información se garantice y reconozca el interés público en conocer la información relacionada con estos casos por su magnitud, recurrencia y la falta de verdad y justicia en casos similares ocurridos en el pasado. La transparencia alrededor de estos casos y sus investigaciones es fundamental ante la falta de diligencia del Estado para prevenir su repetición. Son hechos de suma gravedad que, si bien se presentan en contextos diversos, al no garantizar la verdad se incurre en omisión.
Para que podamos tener un futuro sin masacres ni violaciones graves a derechos humanos, es necesario que las autoridades garanticen un presente donde tengamos como sociedad acceso a la información de las violaciones que han sucedido en el pasado y las que están sucediendo ahora. Ello constituiría un primer paso para el acceso a la justicia, la memoria y a la no repetición.
Sólo con el esclarecimiento de la verdad es posible acabar con el silencio y la negación que incrementan la desconfianza y la polarización presentes en el momento actual. Una democracia basada en la transparencia y en la rendición de cuentas tiene más probabilidades de disfrutar de la seguridad y confianza de su población en las instituciones.
Nota para prensa
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