Desde denuncia anónima, Fiscalía Anticorrupción del estado de Sonora intenta inhibir la labor informativa de Proyecto Puente
Ciudad de México a 7 de marzo de 2019.- El periodista Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente denunció públicamente el 6 de marzo de 2019 el haber recibido un citatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Sonora para que en un término de tres días presente los documentos que comprueben una serie de pagos por convenios de publicidad oficial presuntamente realizados a Proyecto Puente por parte del Congreso local .
En entrevista con ARTICLE 19, Medina expresó:
“Me preocupa porque este gobierno está muy mal. Es extraño que la Fiscalía solicite estos documentos en tanto que ningún medio celebra convenios formales en Sonora con el poder legislativo, cuando el Congreso requiere se difunda cierta información, esta se publica por mes. Supuestamente este citatorio lo motiva una denuncia anónima que me hace pensar que se trata de un intento del estado por desacreditarnos”
Esta no es la primera ocasión en que Luis Alberto Medina y Proyecto Puente se enfrentan a presiones provenientes del gobierno estatal de Sonora.
A través de un comunicado publicado en proyectopuente.com.mx, Medina y su equipo denuncian que al menos desde mayo desde 2017 han sido objeto en repetidas ocasiones de intentos por obstaculizar e inhibir la labor informativa que realizan a través de amenazas continuas por parte de funcionarios de distintas áreas de la administración estatal actual.
Según el testimonio de Luis Alberto Medina, en septiembre del 2018 se presentó el primer intento de acoso por vía legal. El entonces Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca, amenazó al director de Proyecto Puente con investigarlo si continuaban las críticas hacia su gestión. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Medina la existencia de un expediente que se encuentra bajo llave en la oficina de la actual Fiscal General, Claudia Indira Contreras.
El segundo intento de acoso judicial se registró el 17 de febrero de este año a través de una supuesta denuncia anónima de militantes de Morena ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora por supuestos “moches” recibidos por el periodista a través de, Proyecto Puente.
Posteriormente el 18 de febrero la Fiscal General Claudia Indira Contreras, confirmó en el programa Reporte 100, al periodista Juan Carlos Zúñiga y Reyna Haydé Ramírez, que investigarían dicha denuncia anónima.
El miércoles 20 de febrero, el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza, confirmó mediante un audio circulado en Whatsapp que se investigaría la denuncia anónima que supuestamente interpusieron militantes de Morena contra Luis Alberto Medina y su empresa.
El mismo día el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado y su dirigencia estatal, negaron estar involucrados en denuncia alguna contra el periodista y su empresa.
Considerando los antecedentes denunciados por el propio Medina y su equipo en Proyecto Puente, ARTICLE 19 exige a la Fiscalía General de Justicia de Sonora brindar certidumbre jurídica sobre la investigación que en este momento realiza y en la que se solicita a Medina y Proyecto Puente colaborar presentando los comprobantes de los recursos emitidos desde el Congreso del Estado de Sonora.
Si bien el mandato de la Fiscalía Anticorrupción sólo contempla investigaciones hacia funcionarios públicos, el citatorio recibido por el periodista por parte de la Fiscalía Anticorrupción podría considerarse como un acto de hostigamiento en tanto que no exista claridad por parte de dicha autoridad en qué calidad se está citando y requiriendo documentos al medio de comunicación.
Del mismo modo, ARTICLE 19 exige al gobierno estatal de Sonora que evite promover, habilitar o participar en actos que pudieran obstaculizar o generar un acto inhibitorio de la libre expresión de los periodistas de la región.
De la misma manera pedimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora para que abra un expediente de queja e investigue de manera diligente el posible uso desviado de poder para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
Así mismo, exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , para que en la medida de sus capacidades, brinde la asistencia necesaria al periodista a fin de protegerlo a él y a su equipo de trabajo.
Nota para prensa
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