Ciudad de México 29 de enero de 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica, condena el patrón de hostigamiento y abuso de poder ejercido contra Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández, periodistas del Periódico La Última Palabra, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los hechos documentados evidencian un hostigamiento por parte de corporaciones de seguridad pública. Estos actos generan un silenciamiento de notas periodísticas, particularmente de aquel periodismo que ha expuesto deficiencias en servicios públicos, abandono urbano y omisiones de autoridades municipales.

Allanamiento y búsqueda directa de una periodista

El 16 de diciembre de 2025, hombres armados, vestidos de civil a bordo de patrullas de Fuerza Civil estatal y policía municipal, irrumpieron sin orden judicial en el domicilio de la periodista Teresa de Jesús Rodríguez Palomo. Durante el operativo, sacaron por la fuerza a su pareja y a su hijo menor de edad, mientras manifestaban que ella era el objetivo principal.

De acuerdo con el relato de Teresa a esta organización, su pareja fue detenida arbitrariamente y presentada ante autoridades bajo acusaciones presuntamente fabricadas y también se llevaron a su hijo menor de edad. El niño fue separado de su madre y trasladado al DIF municipal, sin que la periodista conociera su paradero durante varias horas. Durante el allanamiento, los agentes sustrajeron teléfonos celulares y su gafete periodístico.

ARTICLE 19 subraya que estos hechos constituyen una forma de intimidación con impactos graves en la vida familiar, y reflejan una represalia directa por su labor informativa centrada en temas de corrupción y política.

Agresión previa: bloqueo informativo

Tan sólo unos días antes, el 12 de diciembre de 2025, el periodista Miguel Óscar Pérez Hernández, fue interceptado por policías municipales, también del municipio de Juárez, mientras documentaba un bache en la vía pública. Una patrulla sin placas, con un agente encapuchado y armado, lo retuvo bajo el argumento de un supuesto “reporte delictivo”.

Ante el riesgo, el periodista inició una transmisión en vivo, lo que evidenció contradicciones entre el cuerpo de seguridad. Posteriormente, su vehículo fue remolcado con argumentos administrativos como que “existían adeudos de refrendos”. Tras los hechos, promovió quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un juicio de amparo, obteniendo una suspensión de plano por parte de un juez federal.

Estos hechos, de acuerdo con los periodistas entrevistados, ocurrieron en un contexto de represalias contra periodistas que han documentado problemáticas municipales, lo que reforzaría la existencia de un patrón de acoso contra la prensa crítica.

ARTICLE 19 recuerda que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) ha señalado que las detenciones arbitrarias, amenazas y el uso de la fuerza contra periodistas constituyen graves restricciones a la libertad de expresión y generan un deber reforzado del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

El Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión (2025) establece que, ante agresiones contra periodistas, las autoridades deben investigar con debida diligencia reforzada, priorizando la línea vinculada con la labor periodística, considerando el contexto de represalia y el efecto inhibidor, ya que la impunidad propicia la repetición de los ataques y debilita el debate democrático.

Ambos periodistas interpusieron las debidas denuncias en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, y al momento no han recibido una actualización por parte de las autoridades investigadoras. Es particularmente grave que la violencia provenga de autoridades quienes deben proteger a la prensa, y a más de un mes de los hechos, preocupa la ausencia de medidas de protección eficientes para Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

1. A la Fiscalía General del Estado de Nuevo León: Dar seguimiento a las denuncias hechas por los periodistas y realizar las investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre los hechos e identificar y sancionar a los responsables considerando la relación directa con la labor periodística.

2. Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Otorgar medidas de protección eficaces a favor de Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández.

3. Al Gobierno del Estado de Nuevo León y al Municipio de Juárez: Cesar toda forma de hostigamiento y represalia contra la prensa y garantizar el libre ejercicio periodístico.