San Quintín: escenario de nuevos actos de represión y criminalización de la protesta
Las organizaciones que formamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de represión en contra de las y los jornaleros en San Quintín, Baja California, los cuales se enmarcan entre las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas.
Frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas en San Quintín, hemos tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de dialogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo.
Ante los sucesos del día 9 de mayo, reprobamos el uso de balas de goma y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial. Estas acciones en su conjunto dieron como resultado varias decenas de personas heridas, siete de ellas de gravedad, y al menos cinco personas detenidas.
Señalamos que dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la CIDH en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado[1]. Por ello, las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestamos enérgicamente nuestro rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de Seguridad Pública. Más aún, resulta preocupante que se privilegie el uso de la fuerza frente a demandas de grupos sociales. Ello es un signo claro de la pérdida de libertades democráticas en el país y el incremento de prácticas autoritarias por parte de autoridades locales y federales, que refuerzan la crisis de derechos humanos en el país.
El diálogo genuino es una obligación del Estado en aras de garantizar los derechos en juego y de construir una verdadera sociedad democrática. En este sentido, seguiremos atentas a los acontecimientos en San Quintín y exigimos que las autoridades cumplan los compromisos que adquirieron con las y los jornaleros, escuchen sus demandas y se tomen las medidas pertinentes para satisfacerlas. Durante el desarrollo de protestas, ante eventuales tensiones, es obligación del Estado el empleo de estrategias de disminución de la intensidad como la negociación y mediación.[2]
Así mismo, exigimos que las autoridades encargadas de proteger derechos humanos -específicamente la CNDH- brinden una protección efectiva ante estos hechos. Exigimos también el retiro inmediato de la policía de la zona, el respecto al derecho al debido proceso para las personas detenidas, el cese de la criminalización del derecho a la protesta y la investigación y sanción efectiva contra los responsables del operativo en San Quintín.
Conformado por:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
[1] OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual (2014) Relatoría especial para la libertad de expresión. http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/Anual2014-libertad-de-expresion.pdf
[2] Informe del Relator especial para los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, 21 de mayo de 2012, A/HRC/20/27, párr. 89.
