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Represión como respuesta: agresiones contra la prensa y manifestantes durante protestas de octubre 2026 en CDMX, Jalisco y Morelos

Ciudad de México 17 de noviembre de 2026.- La Red Rompe el Miedo México (RRM) y ARTICLE 19 México y Centroamérica expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos las agresiones contra periodistas y personas manifestantes durante las movilizaciones del 2 de octubre en la Ciudad de México y Morelos; la protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales del 9 de octubre en la capital del país; y las marchas por agua limpia del 11 y el 18 de octubre en Jalisco. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos a la reunión, a la manifestación, a la libertad de expresión y al acceso a la información.

El derecho a la protesta es una de las vías más accesibles para ejercer la libertad de expresión y exigir la protección de otros derechos. Es un canal especialmente relevante para los sectores en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso regular a los medios de comunicación masiva. Además, cuando aborda asuntos de interés público, merece el más alto grado de protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “las manifestaciones pacíficas cumplen un rol dinámico en la movilización de personas para presentar sus demandas de forma que potencialmente puedan influenciar la formulación o transformación de políticas públicas”. El derecho de reunión es, por tanto, fundamental en una sociedad democrática.

Quienes hoy salen a las calles lo hacen en un contexto de crisis de derechos humanos, agravado por problemáticas sociales que afectan directamente sus condiciones de vida: la privatización del agua y las dificultades para acceder a ella, el despojo de tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el retroceso de los derechos laborales, la falta de acceso a servicios de salud y a la vivienda, así como la violencia contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBT, en particular las personas trans. Las demandas que motivan la protesta social surgen, precisamente, ante la ausencia de canales institucionales eficaces para atenderlas.

Cuando el Estado responde a estas demandas con represión, uso excesivo de la fuerza y medidas punitivas, en lugar de abrir espacios de diálogo, criminaliza la protesta y trata a quienes se manifiestan como amenazas al orden público. A la RRM y a ARTICLE 19 nos preocupa que el abuso de la fuerza pública se acompañe de narrativas que estigmatizan a las personas participantes al calificarlas de “pagadas”, “infiltradas” o integrantes de “grupos violentos”. Estos discursos deslegitiman la exigencia de derechos e inhiben la participación en el debate público y democrático.

En este contexto, las personas periodistas y los medios de comunicación cumplen una función esencial: documentan la actuación de las autoridades y el uso de la fuerza policial, visibilizan lo que ocurre en las calles y dan difusión a las demandas ciudadanas. Las agresiones y detenciones contra periodistas durante la cobertura de protestas vulneran la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a conocer lo que sucede, además de debilitar las garantías para el ejercicio de la protesta.

A continuación, presentamos un resumen de las violencias documentadas durante las protestas de octubre de 2026.