Rosendo Radilla Pacheco fue líder social y presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y se le vio con vida por última vez en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Se le asociaba a Lucio Cabañas. El caso de Rosendo Radilla fue llevado a instancias internacionales por no encontrar justicia en las cortes mexicanas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia el 23 de noviembre de 2009, en la que condenó por unanimidad de votos al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.
La desaparición de Rosendo Radilla sucedió dentro del periodo de la “Guerra Sucia” en los sesentas y principios de los ochentas. El citado periodo fue cuando el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección. Las violaciones graves a derechos fundamentales eran una práctica de estado. Rosendo no es el único desaparecido. Hay una larga lista de personas que esperan conocer el paradero de algún familiar. Queda pendiente el derecho a la verdad, está pendiente el conocer qué pasó en esa época. Será imposible transitar a la democracia sin justicia por los hechos del pasado. La sociedad y las y los familiares de víctimas demandan información para conocer la historia de sus seres queridos, la historia de todos y todas.
El derecho a la verdad se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias y los hechos en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. América Latina sabe demasiado sobre delitos del pasado. Durante años, organizaciones de la sociedad civil han luchado contra gobiernos para llevar a los responsables de las atrocidades del pasado a la justicia. El marco legal del sistema interamericano ha provisto a víctimas de herramientas legales para llevar ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos casos relevantes que no deben quedar en el olvido. A través de los artículos 1.1, 13 y 25, la Convención Americana de Derechos Humanos da aliento para la incasable búsqueda de justicia. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el Artículo 13 protege el derecho de la sociedad a obtener y recibir información y que el derecho a la verdad forma parte del derecho de los familiares de las víctimas a una reparación integral. La Corte IDH lo ha señalado explícitamente: “La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos.” Además de que “…la entrega de los restos mortales en casos de detenidos desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos con el fin de éstos puedan darle una adecuada sepultura.” (Casto Trujillo Oroza; Reparaciones, 27 de febrero de 2002, párr. 114 y 115).
La desaparición forzada es reconocida como un delito continuado. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas la considera como “…la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”
En un Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 2007 y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos señala la relación que existe entre el derecho a la verdad, la libertad de expresión y la memoria colectiva y así las responsabilidades del Estado: “…adopte las medidas necesarias para preservar la memoria colectiva con respecto a las violaciones graves de los derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario, en particular por medio de la preservación y puesta a disposición del público de los archivos nacionales.” También en el mismo documento menciona que “Uno de los medios más seguros para garantizar el derecho a la verdad sigue siendo el derecho a la información.”
En México, como en muchos otros temas sensibles, tenemos nuestra propia pifia. Cuando se concreto la alternancia de partido político en el ejecutivo federal, el nuevo presidente creó –por la importancia del tema- una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Prácticamente 11 años después podemos afirmar que su trabajo limitado y sin consecuencias serias para alcanzar la justicia sobre crímenes del pasado. Al final, sin pena pero habiendo gastado varios millones del erario público, la Fiscalía cerró al final del gobierno de Vicente Fox sin entregar cuentas. Sólo con un pírrico informe no oficial del trabajo de 4 años en 2006: Informe Documenta sobre 18 años de «Guerra Sucia» en México
Conocer a profundidad los crímenes del pasado, y que el estado asuma su responsabilidad durante esos hechos, es un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, de información y de reparación. No son un lujo, sino una condición indispensable para las personas quienes están tratando de poner un historial de abuso detrás pueda transitar y formar una memoria colectiva para construir nuevas sociedades basadas en la dignidad y el respeto de los derechos humanos. La sentencia del caso Radilla alivia un poco la deuda del estado mexicano. Pero al final, el derecho a la verdad por los crímenes del pasado es una tarea pendiente.
Texto escrito por Omar Rábago Vital Oficial de Programa Protección a Periodistas y Libertad de Expresión de ARTÍCULO19 @rabanovengador
