Hay una tremenda confusión sobre qué es, cómo es, cuándo es necesaria, dónde se debe dar la protección a periodistas. Inclusive un poco más allá, por qué se debe dar una protección especial a periodistas. Hay voces que reclaman el trato “preferencial” hacia periodistas. Su voz denota un dejo de ignorancia sobre la violencia, la cual en muchos casos se convierte en persecución, que sufre la prensa. El análisis de la emergencia no parte del supuesto que la vida de un o una periodista vale más que la de cualquier persona común. Es un absurdo ese argumento. La ciudadanía tiene todo el derecho a gozar de un contexto seguro y el estado tiene la responsabilidad de proveer dicho contexto. Dejando atrás esos precarios argumentos, la necesidad de crear un sistema de protección para que los periodistas sigan ejerciendo libremente la libertad de expresión es indispensable, para ellos y para sociedad en su conjunto. La persona que piense lo contrario que volteé a ver las cifras de agresiones contra la prensa. La protección debe de asegurar la dimensión individual del derecho, es decir, la libertad de la persona para buscar, recibir y producir información. Pero también la dimensión social del derecho, satisfacer el derecho a la información de la sociedad. Ahí radica la importancia de lo que representa el pleno goce de una prensa libre de violencia.
De un tiempo para acá, se ha insertado en el imaginario colectivo, el concepto de protección a periodistas. Se ha adoptado una simpleza peligrosa para referirse a esta necesidad. Organizaciones civiles y periodistas se embarcan en grandes diálogos sin tener un conocimiento técnico y práctico sobre qué es la protección. Lo que ha puesto en peligro la vida de personas que, sin más, se dejan manipular por gente inexperta, quien tal vez tenga buena intención, pero que al final la realidad sobre pasa la ficción. El mismo fenómeno de novatez hemos detectado en las autoridades. Errores amateurs acicalan la vulnerabilidad de colegas periodistas que buscan salvaguardar su integridad física. El análisis y ejecución de medidas de protección no se puede hacer como si fuese un mero trámite administrativo. La necesidad de profesionalizar a servidores públicos que tratan directamente con personas afectadas resulta urgente. No hay que olvidar que la necesidad de protección, proviene en primer lugar, de la inoperancia de las instituciones encargas de garantizar la seguridad e integridad física de quienes ejercen la libertad de expresión.
Desde 2008, Artículo 19 (junto con otras organizaciones internacionales) puso sobre la mesa la necesidad de un sistema de protección para comunicadores. Ha pasado demasiado tiempo y la negligencia gubernamental parece ser acumulable. Los que propusimos un sistema no lo inventamos de la nada. Volteamos a ver los avances en Colombia. Vimos que era posible construir una respuesta efectiva que involucrara compromiso y acciones gubernamentales con la activa participación de la sociedad civil experta en el tema. Nuestro sueño se fue desvaneciendo conforme nuevos casos de asesinato y desaparición se iban presentando. Veinticuatro periodistas han perdido la vida desde nuestro primer enérgico llamada para actuar. Califique usted la reacción gubernamental.
Tierra a la vista, diría un marino. En los avatares del trabajo, parece ser que se ha dado un paso importante. Recientemente se nos informó, por parte del Lic. Felipe Zamora, sub secretario de derechos humanos y asuntos jurídicos, que la Unidad de Derechos Humanos de la Segob contaba con 25 millones de pesos destinado a ejecutar medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Corroboramos esto con un trabajo exhaustivo de monitoreo del gasto desde la aprobación del presupuesto 2011. Ahí está el dinero. El estado, por fin, dejó la retórica y destinó los fondos para garantizar la protección de estos dos grupos que sufren violencia. Un gesto reconocible de verdadera voluntad política de diversos funcionarios públicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación y Procuraduría General de la República.
Es frustrante y preocupante revisar los documentos que elabora la Secretaría de Gobernación en relación con la creación de mecanismo de protección para periodistas y defensores. El decretazo para darle vida a este último es igual de limitado –eso sí, con mayor caché- que el que se firmó en noviembre de 2010 en relación con los periodistas. ¿Por qué la diferencia en el proceso? ¿Por qué uno es un incipiente acuerdo y otro un decreto presidencial? El análisis apunta a que la visita de la Alta Comisionada provocó que el gobierno presentara algo ante la funcionaria. Más allá de las formas y documentos, lo que podemos ver es que hay dos procesos paralelos. Por un lado el diseño del texto de las líneas de operación del mentado mecanismo (cuyo análisis detallado hemos dado a conocer) y por el otro, la ejecución de medidas cautelares con los 25 millones. Uno revuelto en discusiones con toque bizantino y otro empapado de la realidad, la urgencia y emergencia. Obvio cuál es el importante. El auguro es que el mecanismo de medidas cautelares del cual México es parte, entrará en una nueva etapa. Aquellos que llevamos dos años peleando para que el estado se digne a ejecutar las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vemos con buenos ojos la noticia de Zamora.
