Poder Judicial de la Federación obligado a proteger derecho a la protesta social
Debido a la actual vulnerabilidad que enfrentan los derechos a la libertad de expresión y la protesta, más de 14 mil personas se amparan frente a la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y exigen al Poder Judicial de la Federación que garantice estos derechos y otorgue la suspensión contra dicha ley que viola derechos fundamentales.
Mediante una acción coordinada por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, se busca nuevamente combatir la inconstitucionalidad de las recientes leyes que se han emitido contra la protesta a través de firmas de colectivos de estudiantes, sindicatos, académicos, artistas, periodistas, activistas de organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.
Los amparos interpuestos por el Frente, se suman a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CDHDF y por la CNDH; misma que fue omisa frente a las leyes similares en Quintana Roo, Chiapas y Puebla que atentan contra los mismos derechos fundamentales.
La suma de firmantes es un reflejo de la preocupación de distintos actores que defienden los derechos humanos y que ven en esta legislación un menoscabo al ejercicio amplio de sus derechos y libertades y un riesgo para la participación democrática de las voces de disenso.
El Poder Judicial tiene en este momento la obligación de revisar y resolver conforme a los estándares internacionales de la materia, los amparos y las acciones de inconstitucionalidad, garantizando el pleno ejercicio de los derechos humanos amenazados por esta legislación.
El Frente por la libertad de expresión y la protesta social hace un llamado a todas las autoridades del Poder Judicial Federal para que asuman su papel de garantes de los derechos humanos y revierta la violación a estos, que la Asamblea Legislativa ha cometido con la Ley.
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
integrado por ARTICLE 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA), Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
