Ciudad de México, a 25 de abril de 2026. – Durante el mes de marzo del presente año, dos periodistas que integran el área de investigación del medio “International Communication Network” (ICN) de Honduras, fueron víctimas de atentados armados y de amenazas de denuncias penales, como consecuencia de diversos trabajos de investigación. En hechos por separado, Carlitos Girón, periodista de investigación del ICN, habría sido víctima de seguimientos, así como de actos de intimidación y de violencia armada, ocurridos durante el mes de marzo, y Marcel Osorto señala haber recibido amenazas de denuncia penal por la publicación de una investigación. 

Según los testimonios compartidos con ARTICLE 19 México y Centroamérica, el 10 de marzo sujetos desconocidos realizaron disparos en las inmediaciones de la vivienda y el vehículo de Carlitos Girón. Un día después, su automóvil fue golpeado con una motocicleta mientras se encontraba estacionado fuera de su casa. El 25 de marzo sujetos desconocidos lo siguieron, trataron de interceptarlo y después detonaron armas de fuego en su contra. Posteriormente, el mismo vehículo se encontraba estacionado en la periferia de su domicilio. Estos cuatro incidentes reflejan el riesgo inminente que Girón enfrenta y que ponen en riesgo su integridad y su vida. Girón considera que estos actos que buscan silenciarlo son consecuencias de trabajos de investigación realizados con anterioridad e involucran a altos funcionarios de gobierno, como la investigación sobre una presunta red de nepotismo en la que estaría involucrada Xiomara Castro, expresidenta de Honduras. 

Marcel Osorto, también integrante de ICN, señala haber sido víctima de amenazas directas del alcalde Eduar Andino, alcalde de Nueva Armenia, Honduras. El funcionario le pidió que no publicara la investigación periodística relacionada con su posible enriquecimiento ilícito; después, terceras personas, incluida la esposa de Andino, se habrían acercado directamente con la intención de obtener información personal y laboral de Osorio, presuntamente para atacarlo. La investigación penal número 1760545252-2025 en contra de Andino por transferencias de dinero recibidas del periodo de 2022 al 2025, equivalentes a 2 millones de dólares, se encuentra radicada en la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Gobierno de Honduras.

Ante estos hechos, ambos periodistas han acudido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a presentar denuncias y a solicitar medidas cautelares, sin que se haya activado algún mecanismo de protección de la vida, la integridad y la seguridad de ambos periodistas. Es de suma preocupación que la Fiscalía General de la República de Honduras realice investigaciones de las agresiones a los periodistas de manera imparcial, diligente y expedita.

ARTICLE 19 ha informado en múltiples ocasiones que este país enfrenta uno de los contextos más complejos de la región centroamericana para ejercer el periodismo: la violencia, la corrupción, la impunidad y la fragilidad institucional son factores que dificultan el ejercicio libre y seguro de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales. Durante las elecciones de noviembre de 2025, periodistas enfrentaron un contexto de intimidación y amenazas, según lo documentado por la Red Rompe el Miedo Honduras. 

En este marco, ARTICLE 19 se suma al pronunciamiento emitido por ICN en el que exigen una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita identificar y sancionar a los responsables de los ataques y amenazas. Además, enfatiza que el Estado Hondureño es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13, establece la prohibición de la censura previa y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¹ ha señalado que la censura previa es incompatible con los regímenes democráticos, por ello, el debate político debe ser desinhibido, robusto y abierto, permitiendo críticas a personas que desempeñan funciones de interés público, especialmente en casos donde se presume corrupción. En el caso que nos ocupa existe censura previa del alcalde y amenazas proferidas directamente contra Osorto, así como  amenazas armadas contra Girón.

Por lo tanto, ARTICLE 19 exige: 

• Al alcalde Eduar Andino, su familia y su núcleo cercano: que se abstengan de amenazar directa o indirectamente a periodistas del ICN, especialmente a Carlitos Girón y a Marcel Osorto, como una garantía para el ejercicio libre de la libertad de prensa.
• A la Fiscalía General de la República: que investigue con imparcialidad las denuncias presentadas por los periodistas y ofrezca protección en su calidad de víctimas del delito.
• Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH): que investigue la violación a los instrumentos nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y libertad de prensa y que emita sus determinaciones de manera pública y abierta.
• Al Sistema Nacional de Protección (SNP): que otorgue medidas de protección física de manera urgente que salvaguarden la seguridad, la integridad y la vida de Carlitos Girón, Marcel Osorto y sus familias, así como de cualquier otro integrante de ICN que pudiera encontrarse en riesgo frente al trabajo de investigación periodístico.

1 Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.