Foto: ARTICLE 19
- El Senado debe rechazar la posible reelección y elegir un perfil verdaderamente independiente y comprometido con los derechos humanos en México.
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2024.– Ante la reciente aprobación, por las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, de la terna para la próxima presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); las organizaciones firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo por aprobar una terna que no cumple con los estándares de transparencia, independencia e idoneidad que requiere la institución.
Resulta de especial atención que se haya incluido en la terna a la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, pese que su gestión ha tenido deficiencias y múltiples cuestionamientos sobre su falta de autonomía y desempeño y ha salido evaluada muy por debajo de las demás participantes. Esto confirma la percepción de un proceso que no se ha guiado por criterios objetivos de idoneidad y autonomía. Subrayamos que no responde a los estándares señalados en la convocatoria ni a los indicadores de evaluación que se consideran fundamentales para asegurar un perfil independiente, con trayectoria en derechos humanos y sin vínculos partidistas.
Las organizaciones firmantes señalamos que:
- Es necesario que se publiquen las evaluaciones completas de cada persona participante en el proceso , con el fin de asegurar la transparencia del procedimiento y de que las decisiones respondan a una evaluación objetiva.
- Llamado a un proceso justo y transparente. Instamos al Senado a valorar la elección con base en los principios de independencia, conocimiento en derechos humanos y compromiso con las víctimas. Los derechos humanos en México requieren una CNDH que actúe con autonomía y total responsabilidad hacia la sociedad.
- Reiteramos la necesidad de evitar que el proceso se vea influenciado por acuerdos partidistas que comprometan la autonomía y efectividad de la institución.
Las organizaciones firmantes reiteramos que el Senado tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, con rendición de cuentas y en respuesta a la grave situación de derechos humanos en el país.
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