América Latina, 04 de mayo de 2021.- Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, comprometidas con la defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en América Latina, rechazamos enérgicamente las decisiones adoptadas el día 01 de mayo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de remover arbitrariamente de sus cargos a los magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y de nombrar irregularmente a sus reemplazos, en violación del marco legal constitucional e internacional, y alertamos de un grave riesgo para la preservación del sistema democrático en el país.

La remoción de los altos funcionarios del sistema de justicia, adoptada por la coalición mayoritaria vinculada al partido de gobierno del Presidente Nayib Bukele, fue producto de mociones parlamentarias a las que se dispensó de su trámite regular, que no fueron estudiadas ni debatidas en el procedimiento parlamentario legalmente previsto. Asimismo, los fundamentos de este pedido no tienen sustento en causales reguladas previamente, y se relacionan con acusaciones genéricas de “violación de la Constitución” en decisiones y actuaciones adoptadas por estos órganos en ejercicio de sus funciones de control. En ambos casos, no se comunicó a las personas implicadas ni los hechos que se les imputan, ni las infracciones que sustentan el pedido de destitución, y no se les otorgó la oportunidad de ejercer su defensa, violando las garantías más esenciales del debido proceso.

Seguidamente, la Asamblea Legislativa procedió a designar directamente nuevas personas para ocupar estos cargos, sin convocar a concurso público, violando directamente la Constitución Política del país. Estos nombramientos irregulares fueron impuestos por la fuerza por la Policía Nacional Civil, quien desplegó inmediatamente operativos para ocupar de facto las sedes institucionales de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.

Lo anterior se suma el desconocimiento, tanto por el presidente Nayib Bukele como la Asamblea Legislativa controlada por el partido de gobierno, de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la destitución de sus miembros, por atentar directamente contra el sistema de gobierno republicano y democrático y el principio de independencia judicial.

Los actos mencionados constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno. De manera particular, la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.

Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.

 

FIRMAN

Abogados Sin Fronteras Canadá – ASFC, internacional

Acceso a la Justicia, Venezuela

ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Argentina

American Jewish World Service -AJWS, internacional

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Articulación de Lesbianas Feministas de Lima

Articulación Feminista Marcosur, Uruguay

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), México

Asociación Amar C, Perú

Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía, Perú

Asociación Civil Transparencia, Perú

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, España

Be Just, USA

Campaña 28 de Septiembre, regional

Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P., México

CEA Justicia Social, México

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL, regional

Centro de Derechos de Mujeres, Honduras

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” -CSMM, El Salvador

Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS, Argentina

Centro de Estudio para la Democracia -CESPAD, Honduras

Centro de Justicia y Paz – CEPAZ, Venezuela

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CiiDH, Guatemala

Centro Loyola Ayacucho, Perú

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos- CALDH, Guatemala

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, México

Ciudadanos Dignos del Callao, Perú

CLADEM Bolivia

CLADEM Brasil

Coalición Regional contra el Trafico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe

COFAVIC, Venezuela

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Colectivo Justicia y Esperanza, México

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión de Derechos humanos Hispano Guatemalteca

Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Comité de Refugiados Peruanos en Chile

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Consejo Regional Indígena de Xpujil, México

Constitucionalismo Crítico, Perú

Coordinadora de Lucha Sur Sur, regional

CPM Micaela Bastidas, Perú

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA, Colombia

Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano -DLM

Ditsö Costa Rica

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras

Estudio Arbizu y Gamarra, Perú

Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS, Guatemala

Fundación Ciudadanía y Desarrollo -FCC, Ecuador

Fundación CONSTRUIR, Bolivia

Fundación Guatemala

Fundación Mundubat, España

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Fundación para el Debido Proceso -DPLF, regional

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -FJEDD, México

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C, México

FUUNDEC-M, México

Grupo de Trabajo contra la Corrupción -GTCC, Perú

Guatemala Human Rights Commission

IFEX-ALC, regional

Impunidad Cero, México

Impunity Watch, regional

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

Instituto Cigano do Brasil-ICB

Instituto de Defensa Legal -IDL, Perú

Instituto de Desarrollo Local -IDEL 

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Guatemala

Instituto de Justicia Procesal Penal, IJPP, México

Instituto DEMOS, Guatemala

Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES, Perú

Integrante Red Internacional de Mujeres Internacionalistas de América Latina y El Caribe

JUSTICIA GLOBAL, Brasil

Justicia Transicional en México

JusticiaYa, Guatemala

La Matatena, A.C., México

Latin America Working Group -LAWG, regional

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, Perú

Londres 38, Espacio de Memorias, Chile

México Evalúa

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Movimiento Manuela Ramos, Perú

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Colombia

Observatorio de Derechos y Justicia -ODJ, Ecuador

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA, regional

Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia

Paz y Esperanza, Perú

Perspectiva Constitucional, Perú

Plataforma Internacional contra la Impunidad, regional

Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, México

PROETICA, Capítulo peruano de Transparencia Internacional

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos -PROVEA

Red de la No Violencia contra las Mujeres – REDNOVI, Guatemala

Red de Mujer y Habitat de América Latina, Argentina

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia -REDLAD

Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas -RIMLAC

Robert F. Kennedy Human Rights, internacional

Asociación para el Estudio y Promoción de Seguridad en Democracia -SEDEM, Guatemala

Subieta Abogados Firma Legal, Bolivia

Tribunal Permanente de los Pueblos Capitulo México

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia

 

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Nota para prensa

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