Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Culiacán, Sinaloa, 15 de mayo de 2026.- A nueve años del asesinato del periodista y cofundador del semanario Ríodoce, Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, la impunidad persiste.

Pese a que existen dos personas sentenciadas por su participación en el homicidio de Javier, el presunto autor intelectual, Damaso López Serrano, el “Mini Lic” sigue sin enfrentar a la justicia mexicana. Desde 2017, López Serrano se encuentra bajo la custodia de los Estados Unidos (EEUU), donde en un primer momento obtuvo beneficios procesales y libertad condicional a cambio de colaborar en los juicios en contra de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo Guzmán”.

Recientemente, el presunto autor intelectual fue sentenciado en EEUU por nuevos delitos de narcotráfico, lo que lo mantiene bajo custodia de sus autoridades. Aunque el gobierno mexicano ha manifestado su intención de solicitar la extradición por su responsabilidad en el homicidio de Javier Valdez, recalcando que en el año 2020 realizaron una primera solicitud al gobierno de EEUU, a la fecha las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento formal sobre el inicio del procedimiento de extradición.

El contraste entre la agilidad institucional para intervenir en casos de funcionarios públicos acusados por los Estados Unidos y la falta de voluntad para extraditar al autor intelectual del crimen de Javier es evidente y conlleva un mensaje de validación hacia la violencia e impunidad que viven y padecen los periodistas en México.

Si el tratado de extradición entre México los Estados Unidos representa un acuerdo entre iguales, el gobierno mexicano debe hacer valer su condición de país soberano en todos los órdenes, y la exigencia de extradición de Dámaso López Serrano debe hacerse con energía y sin mayor dilación.

Sinaloa vive desde hace 20 meses un clima de violencia que ha vuelto más riesgoso el ejercicio periodístico, por lo que el gobierno mexicano debe tomar medidas para garantizar la seguridad de los periodistas generando un entorno seguro y fortaleciendo los mecanismos de protección, así como cesando los ataques contra la prensa crítica.

La familia de Javier Valdez, Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y el semanario Ríodoce exigimos al Gobierno de México, a la FGR y a la SRE:

• Actuar con la diligencia que el caso exige, garantizando un seguimiento puntual y efectivo al proceso de extradición;
  
• Garantizar el acceso a la verdad y la justicia de la familia de Javier Valdez

• Realizar todas las gestiones legales necesarias para poner fin a la impunidad en este crimen.

• Informar a la familia de Javier Valdez y al periódico Ríodoce las gestiones que se realicen en este propósito y las respuestas de los Estados Unidos.